El tortuguismo de la justicia


 
Lunes, 27 Abril, 2015 07:00 PM

La gran deuda que tiene el Estado con el gobernado es la justicia pronta y expedita a la que se refiere el artículo 17 Constitucional ya que la lentitud en la administración de justicia resulta frustrante, llega cuando ya no hay remedio, cuando ya se consumó el daño. La responsabilidad de tal agravio al gobernado mexicano corresponde a los órganos jurisdiccionales locales y federales, y a los poderes Ejecutivo y Legislativo. El texto del artículo 17 de la Constitución Federal de la República, tal parece que ha perdido vigencia pero hasta este momento no ha sido reformado, modificado o derogado en cuanto a sus características esenciales, por lo que actualmente “Toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. La responsabilidad fundamental de lo anterior recae en el Poder Legislativo, al tener facultades de aprobar los presupuestos correspondientes para que las autoridades judiciales cuenten con las oficinas, el personal y la preparación para poder cumplir con una administración de justicia pronta y expedita. El artículo 74 de la Constitución Federal señala en su fracción IV que dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentra la de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación, presupuesto dentro del cual se incluye el formulado por el Poder Judicial Federal de conformidad con el tercer párrafo del artículo 75 de dicha Constitución. A nivel local el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Baja California, en su fracción XI establece que dentro de las facultades del Congreso se encuentran las de examinar, discutir, modificar, aumentar, reducir y aprobar los presupuestos de egresos del Poder Judicial. Hoy que estamos en época de elecciones para diputados federales me pregunto si dentro de los aspirantes a dichos puestos hay alguno que conozca las leyes fundamentales de nuestro país, que las haya aplicado y que conozca sus efectos negativos o positivos que le permitieran valorar materialmente y no en teoría, la conveniencia de que algunas de ellas siguieran vigentes, que otras fueran reformadas y otras derogadas. Los órganos jurisdiccionales incluyendo las Juntas de Trabajo que dependen del Ejecutivo y que también llevan procedimientos que culminan en resoluciones condenatorias o absolutorias no pueden deslindarse de responsabilidad en virtud de que, la falta de recursos y la imposibilidad de cumplir cabalmente con el mandato constitucional, no es justificante para extremar la lentitud en los procedimientos y del dictado de las sentencias, ya que dicha lentitud ha sobrepasado lo razonable y demuestra la  insensibilización del funcionario jurisdiccional ante la problemática del justiciable y lo enfermo de su vocación de servicio. Los jueces civiles evadiendo las resoluciones de fondo están casados con la caducidad de la instancia, y los jueces de distrito se casaron con las causales de improcedencia del amparo. En la Junta de Trabajo Local, ni siquiera existe una oficialía de partes en la que faciliten a los contendientes los expedientes para revisar el estado procesal, y lo mismo ocurre en la Junta Federal, con la salvedad que, en esta última, la problemática se da en espacios extremadamente reducidos, la Junta parece una casita de juguete. José Ovalle Favela en su obra “Garantías Constitucionales del Proceso” al hablar del referido artículo 17, señala: “El derecho de acceso a la justicia también implica el deber del Estado de remover todos aquellos obstáculos materiales que impidan o dificulten el acceso efectivo de las personas a los Tribunales”. En cuanto a la prontitud de la administración de justicia, Ovalle Favela señala que “ha sido uno de los objetivos primordiales de numerosas reformas procesales, que lamentablemente no se ha podido alcanzar en forma satisfactoria. Esta condición impone al legislador el deber de regular procedimientos agiles y sencillos, pero que en todo caso respeten las formalidades esenciales; y también impone a los juzgadores el deber de dictar sus resoluciones dentro de los plazos que les señale la Ley. El cumplimiento de esta condición debería motivar reformas que impongan a los juzgadores el deber de impulsar de oficio el desarrollo de los procesos”. El principio de Instancia de parte debería constreñirse a la presentación de la demanda por parte del interesado.   “La crisis de vocación de servicio está presente”. El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana,  B.C.Correo: lic_g_davila@hotmail.com

Comentarios

comentarios

Notas relacionadas

Tipo de Cambio