4 meses para establecer límites territoriales


 
Ezenario Martes, 21 Abril, 2015 08:20 PM

“Desde 2001 para acá, el pecado es no conocer la situación jurídica real, parten de bases falsas y la conclusión tiene que ser falsa. El asunto se tiene que revisar desde el punto de vista jurídico”, afirma el abogado Guillermo Hurtado Aviña; se refiere a la pugna por los límites territoriales entre Ensenada y Rosarito. Insiste en entrevista que la realidad es que al Congreso del Estado no le ha importado emitir un estatuto territorial y por lo tanto, ningún municipio tiene límites oficiales, así que si se aprobó una subdelegación en territorio de debate que ronda en los 166 kilómetros cuadrados, no se trata más que de un “monumento a la ignorancia”. Desde hace 14 años (2001), cuando se aprobó la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California –formada por 50 artículos–, se abrogó la Ley Orgánica del Estado (en tiempos de Héctor Terán Terán, cuando Rosarito era parte de Tijuana), pero de acuerdo a la Ley del régimen, conservando extensión y límites territoriales de la abrogada, según se lee en el artículo sexto transitorio. No obstante, la Ley vigente estableció desde la fecha de su publicación, un plazo de un año para que el Congreso del Estado emitiera el estatuto territorial para dar certeza de los kilómetros cuadrados que comprenden a cada municipio, pero la emisión no ha llegado. Además, en el artículo 26 de la Ley del Régimen Municipal, se lee que “las controversias que se susciten respecto de los límites territoriales, entre dos o más municipios, serán resueltas por el Congreso del Estado”, modificando en su caso, dicho estatuto. Pero a la fecha, a falta de ese documento, los Ayuntamientos de Playas de Rosarito y Ensenada, utilizan sus argumentos y material documental para defender lo que consideran como su territorio, hasta que los diputados cumplan con su responsabilidad. Posibilidad para una “amistosa composición” ya no existe. Quedó eliminada desde el 7 de enero de este año, cuando el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, decidió –mediante votación en cabildo– no aceptar la propuesta de Ensenada que pretendía dejar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la responsabilidad de un dictamen técnico. Sobre el tema, el miércoles 15 de abril, se acordó en la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, una “ruta crítica” con un lapso de 4 meses para que se lleve un dictamen al pleno y sea votado, explicaron los diputados Roberto Dávalos, presidente de la comisión y Laura Torres.   El plazo arranca a partir de que cualquiera de los dos ayuntamientos presente una controversia territorial y presentando sus argumentos ante la comisión. Rosarito ya tiene fecha para presentar el documento, sería a más tardar el lunes 20 de abril.     No hay nada en que ponernos de acuerdo: Rosarito Para el municipio más joven de la entidad no hay duda que los 166 kilómetros en disputa le pertenecen porque desde antes de su existencia (1995) estaban dentro del territorio del municipio de Tijuana. Se respaldan también en el decreto 146 emitido por el ex gobernador Héctor Terán Terán en mayo de 1998, donde se establecen límites territoriales, pero con coordenadas en puntos “aproximados”, según se constató. Al respecto, tanto Fernando Serrano como Jonathan Abarca, secretario particular del alcalde, Silvano Abarca, comentan que solicitaron un estudio con una empresa privada –que mostraron en entrevista–, donde se buscan dichas coordenadas; el resultado fue que el final del municipio es el puente La Misión, es decir, los límites de Santa Anita en el kilómetro 64 de la carretera libre hacia Ensenada, aseguran.   Vamos a esperar la decisión del Congreso: Ensenada Por su parte, Gilberto Hirata Chico, presidente municipal de Ensenada, comenta que si en Rosarito se aprobó crear la subdelegación Santa Anita, su administración continuará siguiendo las rutas del Congreso del Estado. “Los acuerdos fueron no tocar, ni alterar el tema para que no se distorsionara y no se tuviera un sesgo político. Solicitamos a la cámara de diputados que atienda el tema y demos continuidad al respeto mutuo”, dice. Refiere que con elementos históricos y técnicos ya se ha presentado una propuesta con el Grupo Interdisciplinario de Ensenada, al Congreso del Estado, misma que tendrá que ratificarse con el acuerdo de la “ruta crítica”. “Lo que estamos planteando es que hay un error, en el dictamen hay un error desde el principio, un dictamen matemático, mal restado y sumado, al que hace al municipio de Rosarito” Hirata Chico se refiere a que en el decreto 166, con el que se crea –en la administración de Ernesto Ruffo Appel– el municipio de Playas de Rosarito, el 22 de mayo de 1998, existe un mal cálculo. Se explica de esta forma: cuando se crea la Ley Orgánica del Estado (1989), el área de Tijuana –pues no existía el municipio de Rosarito– era de mil 584.471 kilómetros cuadrados, y con la creación del quinto municipio (1995, mediante reforma a la Ley orgánica) se le otorgan 513 kilómetros cuadrados del municipio de Tijuana. No obstante, en la operación matemática, si se le resta el área de Rosarito a la de Tijuana, el resultado es de 168 kilómetros menos que los que oficialmente tiene la ciudad fronteriza, que son mil 239. Dice el alcalde que esa área es de Ensenada, y que Rosarito termina en el kilómetro 53 de la carretera libre.   Subdelegación Santa Anita En el poblado Santa Anita, la población no rebasa los mil habitantes. Por el puro impuesto predial se calcula que ambos municipios recauden alrededor de 7 millones de pesos. Además existe el problema de permisos municipales cobrados en ocasiones por ambas administraciones en el mismo establecimiento, como se verificó en un recorrido. Mientras los 166 kilómetros cuadrados se asignan a un municipio, de acuerdo al regidor de Rosarito, Jorge Arévalo, quien presentó la propuesta ya aprobada de la subdelegación Santa Anita, comenta que ésta tiene que empezar a operar en 30 días, una vez ordenando planes presupuestales y la  asignación de personal que se pretende hacer sin nuevas contrataciones. Se plantea personal del Registro Civil, de seguridad pública, de control de urbano, entre otras dependencias. 

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