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miércoles, febrero 21, 2024
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33 policías reprobados en funciones

Ensenada cuenta actualmente con 903 elementos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), que al igual que el resto de las corporaciones, cada dos años se les somete a prueba de polígrafo, examen psicológico, investigación socioeconómica, médica y toxicológica; 51 elementos resultaron no confiables, pero esos exámenes datan de dos años atrás. Los elementos en evaluación -según establece la Ley de Seguridad Pública del Estado- deberán aprobar todos los exámenes; es su pase de permanencia en la corporación a la que están adscritos, explicó el jefe del Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Sindicatura, Hiram Olivares Meléndrez. Por su parte, Iván Alonso Barbosa Ochoa, titular de la Sindicatura en Ensenada, informó que de los 51 expedientes que recibió, 12 están en procedimiento de separación definitiva y están por ser notificados personalmente respecto a que serán dados de baja. A dos más se les sigue proceso por responsabilidad administrativa, lo que significa incumplir con lo establecido en el reglamento interior de la Policía Municipal, que puede ser desde cargarse hacia alguna de las partes en un conflicto, exceder su autoridad, o simplemente no portar bien el uniforme. Otros 19 están siendo investigados, su procedimiento avanza conforme lo prevé la misma Ley de Seguridad Pública del Estado. Tienen derecho a defenderse, aportar pruebas y presentar alegatos. Tres más son expedientes en archivo; renunciaron voluntariamente, fallecieron o fueron separados mediante otro procedimiento. Existen otros diez que fueron archivados por la Comisión de Honor y Justicia, en el periodo de 2010 a 2013, durante la gestión del General Florencio Raúl Cuevas Salgado, como titular de la antes Secretaría de Seguridad Pública. Tres elementos fueron cesados y dos expedientes están en un procedimiento denominado gestoría, ésta representa al personal administrativo, obligado a presentar los exámenes, pero que no pueden ser sometidos a baja por esta causa, por no ser elementos en activo. A éstos se les pone a disposición de Oficialía Mayor del gobierno municipal. No podrán formar parte de la corporación, por no ser elementos cien por ciento confiables.   Suspendidos por presunto abuso sexual   Mario Alberto Soto Villegas y Oswaldo Portillo, policías de la delegación municipal Camalú, fueron suspendidos el 12 de agosto de 2014, luego de que se les sometió a proceso penal por presunto abuso de autoridad, abuso sexual y lesiones cometido en contra de una residente del poblado, de 24 años de edad. Según los hechos relatados en la demanda, los agentes municipales la detuvieron, bajaron de su vehículo, la esposaron y subieron a la unidad; le agredieron verbalmente, la tocaron de manera indebida, además de retenerla por dos horas sin cargo aparente en los separos de la delegación y posteriormente la pusieron en libertad sin mayor excusa. La causa penal 183/2014 sigue su curso ante el Juzgado Primero de lo Penal de San Quintín, del Partido Judicial de Ensenada. Sindicatura está a la espera de la sentencia del juez para fincar responsabilidad administrativa o aplicarles el Artículo 117, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, donde se establece que es un requisito de ingreso y permanencia “ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable o estar sujeto a proceso penal”. Olivares Meléndrez señaló que en caso de resultar culpables, inmediatamente se les dará de baja; en caso de que la sentencia les sea favorable, Sindicatura Municipal buscará fincarles responsabilidad administrativa. “Independientemente de que el juez considere que no hay delito, los elementos no mostraron la postura que un elemento que representa la autoridad debe proyectar”, manifestó el jefe de Responsabilidades, para luego aclarar que los dos elementos suspendidos no forman parte de los 51 que reprobaron los exámenes de control y confianza.   Otras causas de suspensión   Cristina Verónica Zamora Beyer, presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, expresó que otros 50 elementos fueron sujetos a investigación por parte de Sindicatura. No por delitos o reprobar los exámenes de control y confianza, sino por cometer alguna falta al reglamento municipal o a la Ley de Seguridad Pública. De esa cifra, 17 ya están por someterse al dictamen de la Comisión Disciplinaria, que a fin de cuentas, decide si se van o se quedan, señaló la comisionada que tomó protesta en el cargo el  3 de marzo de 2015. Esta representación evalúa conveniente si, pese a que los agentes hayan reprobado lo exámenes o hubiesen cometido faltas administrativas, se quedan o se van de la corporación. Valora, pues, sus antecedentes y carrera. Zamora agregó que la Comisión Disciplinaria es presidida por Enrique Villarreal Montemayor, en su calidad de director de Seguridad Pública; a sus sesiones acude el síndico, el jefe del Departamento de Responsabilidades de Sindicatura y participa el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. De igual manera, la regidora Columba Domínguez asiste en calidad de coordinadora de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transportes de Cabildo, así como dos representantes de las asociaciones de policías que existen en Ensenada, los cuales tienen voz, pero no voto, aclaró la titular del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del puerto.   Requisito de permanencia   Hiram Olivares, abogado de Sindicatura Municipal, detalló que cuando un elemento reprueba los exámenes de control y confianza, siempre se aplica el mismo criterio: baja definitiva. Así lo señala la Ley de Seguridad Pública del Estado (Artículo 116), que a la letra dice: “La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales”. Tras aplicar los exámenes, el Centro de Evaluación y Control de Confianza remite un expediente de cada uno de los elementos reprobados a Sindicatura Municipal, entidad que deberá enterar a la Dirección de Seguridad Pública que iniciará un procedimiento en contra de determinado  agente u oficial, y a su vez, ésta autoriza. Cuando la Unidad Investigadora Municipal concluye su labor, debe hacer saber el resultado a la corporación, pero otro organismo decidirá si el policía se va o se queda, advirtió Olivares.   La contratación   A partir de 1998, a los aspirantes a policía municipal se les envía a la Academia de Seguridad Pública del Estado (ASPE). Previamente, en Ensenada se ofrecía la capacitación para formar parte de la corporación. Aproximadamente desde 1988, en el segundo piso de las oficinas de Seguridad Pública, ubicadas en Novena y Espinoza, en Ensenada, los municipales eran entrevistados e instruidos a nivel local, comentó el capitán en retiro Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías de Ensenada. Ahora, quienes están interesados en incorporarse a las instituciones de Seguridad Pública, son examinados minuciosamente y después asignados a las diversas corporaciones, ya sea como municipales o estatales, expuso Hernández Vélez. “Antiguamente  se les contrataba y a la postre, se les aplicaban los exámenes de control y confianza, pero en la actualidad es a la inversa. Eso sí, primero se garantiza que las personas cuenten con capacidades físicas, como estatura y peso. Se trata de encontrar también si tienen algún antecedente de uso de drogas, penales, corrupción, o que no estén o hayan sido vinculados con crimen organizado; se trata de buscar a gente honesta, obediente, agentes que dignifiquen a la corporación”, resaltó. De aprobar los estudios físicos y de control y confianza, los aspirantes irán a la Academia de Policía. Durante el desempeño de sus funciones, son sometidos cada dos años a exámenes de control y confianza, los cuales deberán aprobar o, en su defecto, enfrentarse a la baja de la corporación, bajo la premisa de que no podrán volver a integrarse a una institución policial. Los expedientes a los que Sindicatura aún da trámite, fechados en 2013, indican que el presente año es de evaluación para los elementos policiacos.   Menos corrupción, dicen autoridades   La administración que encabeza el alcalde Gilberto Hirata Chico, ha retrasado el pago de la nómina en diversas ocasiones. De ahí que elementos de la Dirección de Seguridad Pública protagonizaran una manifestación para exigir su aguinaldo, que al 23 de diciembre de 2014 no había sido liquidado. Para la segunda parte del pago, tuvieron un atraso de 10 días. No obstante, esto no afecta el ánimo de los uniformados, asegura su director, porque los salarios no son lo que eran antes para un policía, además, ellos comprenden las situaciones por las que atraviesan las finanzas municipales. Los atrasos en el pago de nómina o prestaciones no fomentan la “solicitud”, de los elementos de remuneraciones económicas a los ciudadanos para no ejercer la Ley, aseguró el funcionario. “Ya no son los policías mal pagados, ganan de entre 10 y 11 mil pesos y de ahí para arriba, según el mando”, afirmó Villarreal Montemayor. De igual forma, estimó que el número de agentes policíacos en la nómina del XXI Ayuntamiento de Ensenada resulta insuficiente, pero según el funcionario, cada vez es más difícil aplicar y permanecer en la corporación por los lineamientos de C3; aunque la cifra no es importante, ya que la seguridad pública “no es un problema en este municipio”, sostuvo.   Desaprueba CCSP el polígrafo en las evaluaciones policiales   Para Jonathan Díaz Castro, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, la investigación directa o de campo que realizan a los elementos de las corporaciones de seguridad pública es más adecuada que someter al polígrafo a los agentes policiacos. Ante la posibilidad de que la prueba de polígrafo sea sustituida dentro de los exámenes de control y confianza, Díaz Castro externó que en su opinión, no es de las más adecuadas; puede que se trate de una persona muy nerviosa, y por ello, falle en esa parte de la evaluación. El representante ciudadano dijo desconocer por cuál herramienta será sustituido, pero seguramente será algo más efectivo. “Incluso investigan con los vecinos respecto a cada una de las personas, es una manera de saber con qué clase de agente estamos tratando”, citó el empresario sobre la investigación de directa que le realiza el C3. Por su parte, la presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada, Cristina Zamora Beyer, ponderó la investigación financiera a un elemento de seguridad, puesto que el enriquecimiento inexplicable es una señal de alerta y, al igual que Díaz Castro, consideró que el polígrafo es una prueba subjetiva; nada más objetivo que sobre hechos, se juzgue si un oficial o agente tiene la honorabilidad que se requiere para permanecer en las corporaciones. “Si en sus declaraciones patrimoniales (el agente) no puede justificar de dónde proceden sus bienes, entonces habrá que investigar de dónde o cómo adquirió esos recursos, y si fue de manera legal”, puntualizó Zamora Beyer. 


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