Mediante la sentencia publicada el lunes 9 de febrero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se invalidó la creación de órganos internos –que aumentaron gasto– dentro del Congreso de Baja California. La controversia Constitucional fue promovida por el ex gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán en 2010, contra el congreso –de mayoría priista– bajo el argumento de que se trató de una decisión unilateral y sin ser publicada en el Periódico Oficial del Estado. Con la decisión, el Congreso tendría que votar la creación de estos institutos nuevamente como marca la Ley y los trabajos realizados ahí no se perderían. En aquel año, cuando se instaló la XX Legislatura, el PRI logró 14 escaños de 25, y casi inmediatamente los diputados aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso, creando tres institutos nuevos. Además se modificaron dos áreas internas. Se incluyó que estas modificaciones –por tratarse del régimen interno del legislativo– entrarían en vigor al momento de su aprobación por el pleno y se publicarían en la Gaceta del Congreso. La respuesta desde el Ejecutivo fue no solo el veto sino que además interpuso un recurso de Inconstitucionalidad –70/2010–, el cual coincidió con otro recurso interpuesto a su vez por el Poder Legislativo, el 84/2010. Cuatro años y medio después, la corte declaró inválido el segundo transitorio con el cual se reforma y adicionan diversas reformas a la Ley Orgánica. De acuerdo a declaraciones del Presidente de la actual legislatura, Alcibíades García Lizardi, se acatará la sentencia, pero no explicó cómo le harán para acatar ese mandamiento judicial”. De acuerdo a al abogado Luis Irineo –quien fungió como titular en la Subsecretaría Jurídica del gobierno estatal de Osuna Millán– en la sentencia se establecen los efectos, los alcances de ésta, como el que la declaratoria de invalidez por parte de la Corte no tiene efectos retroactivos, es decir, no invalida los actos realizados por los organismo creados hasta la emisión de la sentencia.
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