En el país de la impunidad


 
Lunes, 16 Febrero, 2015 04:00 PM

Los mexicanos estamos acostumbrados a que nuestros derechos no sean respetados. Si compramos un producto o pagamos un servicio no es sorpresa que algo no funcione, desde la televisión que se descompuso tras utilizarla dos meses, hasta el seguro del auto que no quiere pagar ante un siniestro; desde el vestido que se descosió al primer uso, hasta los litros de gasolina de 750 ml. que nos despachan las gasolineras. Para la población fronteriza la respuesta es obvia y sencilla: “¡lo hubieras comprado al otro lado!”. Porque la segunda parte del que algo no funcione es la auténtica monserga que representa hacer efectivos nuestros derechos: ir a reclamar, enojarse y pelearse para que, tal vez, nada pase. En efecto, somos el país de los “no pasa nada”, de la impunidad crónica. Nada pasa cuando exigimos nuestros derechos. Las personas en México estamos indefensas en muchas cosas, lo sabemos y por eso como consumidores, quienes podemos, optamos por tomar el dinero que ganamos en México para ir a comprar más, mejor y más seguros en nuestro vecino del norte, apoyando su economía y no la de nuestro país. El problema es que ese mismo principio de consumo no aplica para la violación de nuestros derechos civiles, sociales y jurídicos. Cuando nuestros impuestos son malgastados, dilapidados en obras públicas de mala calidad; calles que deben ser bacheadas cada semana; carreteras, viaductos, puentes o aeropuertos que se hunden; ante la mala sanidad, la mala educación, la mala seguridad, el deficiente acceso a la justicia o las políticas públicas ineficaces, nada pasa, y la gran mayoría de los ciudadanos del país nada podemos hacer, más que aguantarnos. ¿Quién ha pagado por los desastres de la economía que desde los setenta condenaron a que nuestro país, lejos de ser el país desarrollado que debía ser, se hundiera en una crisis económica tras otra? ¿Echeverría? ¿López Portillo? ¿Quién ha resarcido a esas familias que perdieron todo en las tantas crisis económicas que nos han acompañado? ¿Algún político, banquero o empresario? ¡Nadie! ¿Y en materia de seguridad? ¿Quién paga por las víctimas? ¿Quién paga por los inocentes que ocupan nuestros CERESOS y los culpables que caminan libres por nuestras calles? ¡Nadie! Comentamos que el problema de inseguridad es responsabilidad de tal o cual actor. Desde quienes condenan la guerra contra el narco hasta quienes culpan los pactos gobierno-delincuencia y la falta histórica de acciones para combatir la criminalidad en México y generar políticas de desarrollo y respeto de la ley, todos queremos saber por qué tenemos los niveles de violencia que tenemos y quién es el responsable. La respuesta es que nadie enfrenta ningún tipo de responsabilidad o está en un proceso de resarcimiento a la sociedad. No hay ningún costo pagado, ni económico, ni político, ni con la libertad; ni siquiera un costo social o moral. Veamos algunos ejemplos específicos de nuestro doloroso presente: Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Estos estados llevan décadas conviviendo con la violencia, que en los últimos años los lleva a ser ejemplo de Estados fallidos: quien gobierna en esas entidades es la criminalidad. En términos absolutos, Guerrero es la entidad número 2 en homicidios dolosos del país con 1,514 víctimas, tan solo en 2014. Sede de una de las más grandes tragedias del México contemporáneo, Guerrero estaba encabezado por un gobernador que pidió licencia y se fue sin rendir cuentas, cuyo hijo es hoy candidato a la alcaldía de Acapulco (y a mí no me sorprendería que gane); misma que ocupa el tercer lugar con más homicidios en el mundo. Por si esto fuera poco, su presidente municipal da el chapulinazo para buscar la gubernatura sin que alguien lo llame a cuentas. Otro botón de muestra. En los días pasados el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán fue relevado –en medio del agradecimiento del Presidente de la República y el Secretario de Gobernación– tras un año de haber tomado el cargo, desde el cual vulneró el estado de derecho, incorporando a los cuerpos de seguridad a personas que no cumplen con los requisitos que la ley exige. En medio de un evidente descontrol de esos mismos cuerpos, se va. Se van sin rendir cuentas de qué pasó este año, cuál es el destino de las policías rurales, cómo se gastaron los enormes recursos federales prometidos y no pasa nada; es más, se va con la posibilidad de ser premiado como próximo Fiscal General de la República. Tamaulipas, por su parte, fue en 2014 la entidad número uno a nivel nacional en secuestro, con una tasa de víctimas de 16.07 por cada 100 mil habitantes. Esta cifra es un 946.89%  mayor que la nacional. También es la cuarta entidad con más víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, al registrar una tasa de 27.04. Al parecer, sus habitantes se han resignado a renunciar a una serie de libertades básicas que son equiparables a vivir en un país en guerra, y ¿quién paga por esto? Nos dicen que con el nuevo sistema de justicia penal, la tan esperada reforma anticorrupción, muchos de estos males de nuestra sociedad se atacarán y resolverán, y yo quiero tener esperanza que así sea. Sin embargo, el punto de quiebre está en la relación que cada uno de nosotros decidamos tener en materia de derechos y responsabilidades; hasta que cada uno de nosotros no viva como urgencia respetar normas y derechos de los demás, reformas y reestructuraciones institucionales serán inoperantes. Es hora que los mexicanos entendamos que tener una cultura de la legalidad no es opción, es urgencia y debemos empezar desde ahora mismo porque corrupción e impunidad están vulnerando en lo básico y cotidiano nuestra calidad de vida y la de nuestros seres queridos. Corrupción e impunidad son dos caras de la misma moneda, y no estamos para echar volados.   Francisco Rivas es Director General del Observatorio Nacional Ciudadano.

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