En días recientes las autoridades procuradoras de justicia de los Estados Unidos dieron dos golpes mediáticos. El primero en voz de agentes de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en San Diego, California, cuando desclasificaron la investigación que siguen a Ismael “El Mayo” Zambada y otros miembros del Cártel de Sinaloa a quienes quieren aprehender para enjuiciarlo. El segundo, en dicho del procurador general de la República Mexicana, Jesús Murillo Karam, cuando no queriendo la cosa, declaró estar seguro que pronto los Estados Unidos solicitarán la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera”. En el primer acto, tras una investigación de tres años dirigida a las agrupaciones delictivas que distribuían droga en Chula Vista y National City, así como hacia el Norte del Condado de San Diego, misma que arrojaría que el Cártel de Sinaloa abastecía a las mismas, la Fiscalía del Sur de California encabezada por Laura Duffy presentó cargos el 15 de enero de 2015 contra los principales líderes de esa organización. En total, la investigación de tres años iniciada en 2011 ha resultado en 30 acusaciones contra 117 individuos, múltiples detenciones, la desarticulación de células delictivas del Sur de California y el aseguramiento de 12 toneladas de marihuana, mil 343 kilos de cocaína, 652 kilos de metanfetamina, 53 kilos de heroína, 5 mil 500 píldoras de oxicodona y 14.1 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Este proceso involucró a varias dependencias de seguridad como la DEA, el Buró Federal de Investigación (FBI), distintas policías de California, autoridades mexicanas e incluso la INTERPOL, y brindó “un mejor comprensión del funcionamiento del cártel” a las autoridades estadounidenses, señaló Duffy. Por el ingreso de narcóticos y su distribución a más de 11 entidades dentro de Estados Unidos, se presentaron el 16 de enero de 2015, 14 acusaciones contra 60 individuos, entre los que destacan Rodrigo Aréchiga Gamboa “Chino Ántrax” (actualmente enfrenta juicio en EU) y los hermanos Arzate, Alfonso “El Aquiles” y René “La Rana”. Acusados bajo un mismo caso estarían Ismael “Mayo” Zambada, así como sus hijos homónimos Zambada Imperial y Zambada Sicairos, también conocidos como “Mayito Gordo” y “Mayito Flaco”, respectivamente; así como a Iván Archivaldo Guzmán Salazar “El Chapito”, por el tráfico de droga hacia el interior de Estados Unidos en el periodo comprendido de 2005 a 2014. Sobre la célula de distribución operante en National City y Chula Vista, la fiscal Laura Duffy señaló que se presentaron cargos contra los integrantes en 2012, de los cuales gran parte han sido sentenciados, así como su líder, José Luis Iglesias, también conocido como José Bautista Sámano Molina. Otra de las acusaciones presentadas durante la conferencia de prensa llevada a cabo en conjunto con el agente especial de la DEA, William Sherman, y el jefe de Policía de Oceanside, Frank McCoy, es la hecha contra de Miguel Quiroz Pérez y sus asociados, responsables de un tercio de la distribución de metanfetaminas en el Condado Norte de San Diego. Sherman refirió que las detenciones producto de esta investigación generaron un vacío difícil de llenar al interior del Cártel de Sinaloa, al tratarse de quienes a futuro tomarían el liderazgo del mismo, como lo serían los hijos de “El Mayo” Zambada y de “El Chapo” Guzmán, agregando que el trabajo de las agencias federales estadounidenses continuará hasta el desmantelamiento y desaparición total de dicha organización. McCoy declaró que existe una relación directa entre el tráfico de drogas, pandillaje y la actividad criminal de cualquier tipo, por lo que los arrestos en el Norte de San Diego en relación con este caso han logrado un impacto duradero en los índices de criminalidad. Hacia el término del anuncio, Sherman reconoció la labor de las autoridades mexicanas y aseguró, se cuenta con indicios de la ubicación “El Mayo” Zambada, que se encuentra en constante movimiento, asediado por las mismas, lo que dificulta administrar las operaciones del Cártel de Sinaloa. Por su parte, la fiscal Duffy concluyó que el objetivo seguirá siendo la detención de Zambada y posteriormente buscar su extradición para que se le siga juicio en la Unión Americana. A los miembros del Cártel de Sinaloa se les señala de transportar suministros de drogas de Asia, América Central y América del Sur, hacia México; transportar drogas desde México hacia los Estados Unidos; distribuir drogas para comercializaras en el vecino país; además de acumular, lavar y transferir dinero producto de las ganancias del tráfico de drogas. “El Chapo”, amparándose espera Tan luego declaró el procurador Jesús Murillo Karam que Estados Unidos no ha pedido oficialmente la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero que está seguro que pronto la solicitarán, el narcotraficante promovió un nuevo amparo contra su posible entrega al gobierno norteamericano. El juicio de garantías 54/2015, se admitió en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, sin embargo, por tratarse de materia eminentemente penal, el juez declinó la competencia para que sea un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal quien conozca del asunto. La declaración de Murillo Karam ocurrió el martes 20 de enero, cuando se le cuestionó sobre los cargos anunciados por los Estados Unidos el fin de semana anterior contra Guzmán Loera y sus hijos; y contra Ismael “El Mayo” Zambada, los hijos de éste y otros miembros del Cártel de Sinaloa. Le preguntaron entonces por la extradición de “El Chapo”. Tras la difusión de la noticia, en la que Murillo declara sobre el tema: “Tengo conocimiento de que lo van a pedir, y no será ningún problema hacer todo el trámite y determinar el procedimiento”, esa misma tarde, abogados de Joaquín Archivaldo Guzmán presentaron la demanda de amparo en contra de una extradición, deportación o expulsión del país. El capo dijo temer un cambio de centro penitenciario. El juez Ricardo Gallardo Vara resolvió admitir ese escrito y ordenar la suspensión de plano para que Guzmán Loera no sea trasladado a un penal diferente al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, donde se encuentra internado. Enseguida se declaró incompetente a favor del juez de amparo penal de turno en el DF. Este es el juicio de garantías número nueve que “El Chapo” promueve en contra de su extradición, desde su encarcelamiento el 22 de febrero de 2014. En todos los casos, sus demandas han causado sobreseimiento, por no existir el acto reclamado. Actualmente está pendiente de resolver el amparo 1085/2014 en el Juzgado Decimoprimero de la citada materia en la Ciudad de México. El 17 de diciembre de 2014, llamó la atención la promoción de otro amparo del sinaloense, en el que reclamaba categóricamente -hasta con tono alarmista- “una futura e inminente orden de extradición”. En el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal desecharon el asunto, enumerado 1233/2014. Los defensores de Guzmán se inconformaron e interpusieron un recurso de queja que actualmente conoce el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Los últimos sucesos, con las declaraciones de un agente especial de la DEA en San Diego, la respuesta del procurador haciéndole al pitoniso y la reacción poco antes de Navidad y la actual de Joaquín Guzmán, permiten establecer que en las próximas horas o días habrá noticias de la solicitud de orden de detención con fines de extradición internacional del afamado traficante de drogas.
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