Hacinados en una modesta vivienda, habita la familia de Mileydi Angulo Corrales, integrada por sus padres y sus tres hijos. Es un dormitorio y una habitación que lo mismo es sala, comedor y cocina; a un lado, un baño de acaso uno por dos metros, esto en la colonia 2 de Octubre, en Tijuana. En octubre de 2013, Mileydi recibió emocionada aquella notificación en la que se le informaba haber sido incluida en el programa de mejoramiento de vivienda, promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Pero han pasado 15 meses y el prometido apoyo no le ha sido entregado. Ni a ella, ni a otros cientos de ciudadanos bajacalifornianos que habían sido incluidos en el programa federal de vivienda promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, al ser considerados “los pobres entre los pobres”. Conforme a la versión del Gobierno de la República, el incumplimiento es atribuible a empresas favorecidas con los contratos para entregar la asistencia, la cual sería en especie. No cumplieron el convenio firmado ante SEDATU a finales de 2013. Eso sí, recibieron de manos de Enrique Acosta Fregoso, entonces delegado de la dependencia federal en Baja California, el cien por ciento de los recursos destinados para tal fin, un promedio de 70 millones de pesos. Algo inusual, porque generalmente los gobiernos, de cualquier nivel, dan a los contratistas un porcentaje, y el total se liquida al cumplir la acción para la que fueron contratados. 
Sin verificar el cabal cumplimiento en la entrega de material para vivienda -que debió darse entre octubre y diciembre de 2013-, el entonces funcionario federal pagó a los tres proveedores registrados en enero y febrero de 2014, una de ellas hasta el momento ilocalizable, advirtió la actual titular de SEDATU en la entidad, Fernanda Villafranca Aguirre. Una de las compañías involucradas en este fraude es Solma de México, S.A. de C.V., la misma empresa con la que se vinculó a Acosta Fregoso en un pleito legal por la posesión de un predio ubicado en San Antonio de Las Minas, en Ensenada. Solma intentó invadir 8.8 hectáreas de Juan Julián de Gracia, razón por la que el afectado denunció a principios de 2014 y acusó el apoyo y presunta colusión del entonces delegado de SEDATU, Enrique Acosta. Ese asunto de tierras no ha sido resuelto judicialmente ni aclarado públicamente, como tampoco ha sido esclarecido el manejo de 70 millones de pesos en material de construcción que debió ser entregado a los bajacalifornianos dentro del programa federal Vivienda Digna. El asunto es más grave y absurdo para los ciudadanos que debieron ser favorecidos, ya que en los expedientes federales se encuentran etiquetados como ciudadanos incumplidos por no demostrar la aplicación de un recurso que no les fue entregado. Y en estas condiciones, a pesar de sus grandes necesidades, no son aptos para recibir ningún tipo de asistencia social de los gobiernos. Sin vivienda digna Una vez aprobados los requisitos y firmados un sinfín de acuerdos, los beneficiados de Tijuana con el programa Vivienda Digna promovido por el Gobierno de la República, a través de SEDATU, en noviembre de 2013 fueron convocados a un evento masivo en el Parque Morelos. Ahí, autoridades de los tres niveles de gobierno, entre los que se encontraba Enrique Acosta Fregoso, anunciaron el cumplimiento de la política nacional de vivienda del Presidente Enrique Peña Nieto, “con la que se buscaba abatir la pobreza en Baja California”. Para ello entregaron a los favorecidos en el programa “un certificado de subsidio federal”. El de Tijuana fue solo uno de los eventos masivos en los que se hizo pública la concreción de la ayuda social, que en total, para los cinco municipios de Baja California sumó alrededor de 70 millones de pesos para apoyo a vivienda en ejidos, comunidades rurales y colonias populares. De ese rubro, tres mil 92 familias en total serían favorecidas con dos tipos de programa: ampliación y mejoramiento de vivienda. En el caso de Tijuana, 250 familias fueron enlistadas en el paquete de ampliación de vivienda, el cual consistía en la edificación de una recámara de 4 x 3 metros -con techo de madera-, para lo cual los beneficiados recibirían un paquete de material, consistente en bloque, varilla, grava, una puerta, ventana, clavos, barrotes y triplay, por un monto total de 20 mil pesos, a cambio de canjear su certificado. Los beneficiados se encontraban entre quienes habitan en colonias ubicadas en la periferia de la ciudad, como Tijuana Progresa, 2 de Octubre, entre otras. Pero se quedaron esperando la ayuda. Numerosas han sido las vueltas que han dado a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, dependencia que sirvió de enlace entre SEDATU y los colonos, o a las subdelegaciones municipales que también apoyaron como receptoras de los documentos. Los han hecho firmar documentos y más documentos, la última vez, según explican, un contrato en marzo de 2014, pero la ayuda sigue sin ser entregada a ninguno de los supuestos favorecidos por el programa en Tijuana. Jocabeth Verónica García González dice haber enviado a principios de 2014 un correo al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), instancia que designa los recursos para que SEDATU los aplique en vivienda, pero a la fecha no recibe respuesta. Como Verónica, Clara Luz Coutiño Aguilar y Merced González López esperan poder ampliar su casa con una habitación más. En su vivienda, de solo una recámara, la familia de Merced González, compuesta por su esposa y sus dos hijos, ya casi no caben y su salario de menos de mil pesos semanales apenas le alcanza para comer, “ni pensar en juntar para construir”. En las mismas condiciones se encuentran Verónica Núñez y Alberto Heredia, habitantes de la colonia 2 de Octubre, quienes también se quedaron esperando la ayuda que le sería llevada hasta sus domicilios, al igual que otros cientos de ciudadanos de Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali. En una inspección aleatoria efectuada a mil 741 expedientes del programa de vivienda 2013, la actual delegada de SEDATU, Fernanda Villafranca Aguirre, se encontró con una serie de irregularidades en la que los expedientes incompletos era la menor de las anomalías. En campo se corroboró que la ayuda prometida fue nula, o se entregó incompleta. “En cualquier caso existe una irregularidad”, aseveró la titular de la dependencia. Las omisiones de Acosta Fregoso De los 70 millones de pesos que el ex delegado de SEDATU, Enrique Acosta Fregoso, entregó a los proveedores que contrató para que en especie se diera la ayuda de vivienda digna a más tres mil familias bajacalifornianas, al menos 12 millones correspondían al municipio de Tijuana. Y aunque algunos de los apoyos sí se entregaron completos, en los otros municipios de Baja California, para la actual administración de la dependencia resulta difícil cuantificar el monto de los daños. Resulta que ninguno de los proveedores contratados cumplió al cien por ciento, uno de ellos ni siquiera pudo ser localizado en el domicilio que había dejado registrado al momento de ser contratado. Los datos de las empresas no los proporcionó la delegada Fernanda Villafranca, en apego a un contrato de confidencialidad que se le hizo firmar y porque, aseguró, este caso se encuentra bajo investigación. Aunque las irregularidades fueron detectadas en el proceso de entrega recepción y se dio vista de ello a FONHAPO, hasta el momento no se ha determinado la acción que habrá de emprenderse para subsanar tal irregularidad. “Estamos esperando instrucciones de FONHAPO, por ser la dependencia que aporta los recursos”, anotó Villafranca Aguirre. La funcionaria expuso que “es poco” lo que, por el momento, la dependencia puede hacer para obligar a los proveedores al cumplimiento del programa. El problema principal es que ya se les entregó el cien por ciento del pago. Segundo, porque entre las irregularidades detectadas en este proceso, aún no se determina si existe o no una fianza, pues no se cumplieron todos los requisitos que debían seguirse en la contratación de los proveedores. Lo que sí puede asegurar la funcionaria es que “de las personas que estaban –frente a SEDATU- alguien falló, y esto es algo de lo que al llegar descubrimos”. Por ser recurso federal, la Secretaría de la Función Pública ya revisó el caso, pero oficialmente no existe procedimiento jurídico para sancionar a los responsables de tales omisiones. Marginados de cualquier apoyo 
A diferencia de otros programas sociales que por cualquier razón no fueron cumplidos, en el caso de los ciudadanos que no recibieron este apoyo por el incumplimiento de los proveedores, éstos han quedado excluidos de cualquier ayuda de tipo social. Como el recurso sí fue entregado, al menos a los incumplidos proveedores, la Federación lo tiene registrado en su base de datos como ayuda aportada, inscripción que además, señala infracción. Ilógicamente, el castigo no es ni para el ex delegado de SEDATU que permitió la irregular contratación de las empresas y la anormal entrega de recursos a las mismas, tampoco para las empresas que se quedaron con el dinero destinado a los pobres de Tijuana. 
La sanción es para esas familias de escasos recursos, por no haber construido la recámara, aunque la SEDATU sepa que en ningún momento recibieron los materiales. La justificación oficial es que en la base de datos no hay espacio para señalar que si el colono no cumplió, no fue por su culpa, simplemente en él recae la responsabilidad del incumplimiento, dejándolo fuera de cualquier programa de asistencia social. Y como ahora la base de datos de la Federación se vincula con la de los estados y municipios, estos pobladores necesitados de ayuda simplemente no la pueden recibir, de ninguna instancia social, de ninguno de los tres niveles de gobierno. No hasta que alguna autoridad se decida a hacer cumplir la ayuda que les fue prometida y que no les ha sido entregada. 
Al respecto, la delegada de SEDATU expone: “Es una pena, pero así son las reglas, ellos debieron quejarse ante las contralorías sociales que debieron conformar entre ellos, para que quede constancia”. Finalmente dijo: “Es una pena que estas cosas pasen, porque son programas que están dirigido a los pobres, y ya no pueden tener ningún otro apoyo social”. Ciudadanos indefensos Al no haber participado directamente en la transacción comercial efectuada entre SEDATU y los proveedores de material del programa Vivienda Digna, los ciudadanos no pueden presentar queja alguna ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que los proteja. Pero SEDATU, “como dependencia federal sí puede presentar su inconformidad ante PROFECO, como cualquier otro consumidor”, informó Óscar Zárate, jefe de Verificación y Vigilancia de la delegación de la Procuraduría en la entidad. De presentarse la inconformidad por la Secretaría, PROFECO, como en cualquier otro caso, procedería a exigir al proveedor el cumplimiento del contrato. Salvo si en el contrato signado con el particular se especificó la no intervención de la procuraduría, “entonces no podríamos ejercer acción alguna”, advirtió. Por cuenta propia, los ciudadanos no pueden requerir la intervención de esta instancia, por carecer de personalidad en la transacción. La opción que sí tienen los afectados, puntualizó el funcionario, es acudir ante la Secretaría de la Función Pública, “porque ése es un asunto de falta de transparencia administrativa pública”. Isabel Mercado
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