Sin control sin confianza


 
Para Empezar Lunes, 26 Enero, 2015 04:00 PM

En mayo de 2014, después que se presumió la participación de un policía de Tijuana en varios robos en Rosarito, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, aseguró que su gobierno no solaparía ninguna actividad irregular por parte de agentes municipales, ni de ningún servidor público.  El 29 de septiembre 2014, en una entrega de patrullas, el alcalde de Tijuana reiteró que su Ayuntamiento sería de “… cero tolerancia y cero corrupción, y quienes sean detectados en actos de corrupción, los vamos a mandar a donde deben estar, tras las rejas”. Para el 22 de noviembre del mismo año, en medio de los reclamos de comerciantes de la Zona Centro que se declaraban extorsionados por policías, el doctor cambió de opinión, o por lo menos la matizó. Molesto, reviró a sus votantes: “Quien tenga pruebas, que denuncie ante el Ministerio Público”, y a los reporteros que le preguntaron del tema, también les tocó en aquel reparto de culpas en medio de la cólera del alcalde:  “Así como hay periodistas intachables, hay periodistas corruptos, también hay policías intachables y policías corruptos; aquí es muy importante que los medios de comunicación se acerquen y den los nombres de los policías, o que los ciudadanos denuncien y vayan a las agencias del Ministerio Público o a Sindicatura Procuradora, lo cual no han estado haciendo”, aseguró. Al respecto, ZETA se permite hacer dos anotaciones consideradas pertinentes. Observación uno, con referencia a la prensa, efectivamente hay periodistas corruptos, y en el Ayuntamiento los conocen pero no los denuncian. Y con relación al ejemplo de Astiazarán, la gran diferencia es que los periodistas corruptos no traen arma, ni placa, ni uniforme que les haga posible delinquir impunemente. Observación dos, esta semana que concluye, como el alcalde invitó aquel noviembre, este Semanario dio a conocer los nombres de policías corruptos, echados de cabeza por sus confesiones que fueron variadas: vínculos con el crimen organizado, corrupción, participación en delitos, torturas. Otros tantos resultaron con antecedentes por tráfico de droga o robo en Estados Unidos, y unos más, con problemas de adicción. Todo como resultado de los exámenes de Control y Confianza, creados precisamente para depurar las corporaciones. Pero la información publicada en estas páginas no les pareció. Ni al alcalde, ni a su secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares Valladares, presidente de la Comisión Policial. Ambos pretendieron responsabilizar al medio de comunicación de algo que según el propio Lares ocurre regularmente: El 15 de enero de 2015, un día antes de la publicación de ZETA, el titular de Seguridad Pública Municipal declaró a un diario local que en la mayoría de los casos, los policías tramitan un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Luego, la mañana del martes 20 de enero, cuando les preguntaron si no les preocupaba tener a policías ligados al crimen trabajando, el secretario de Seguridad se aventó la puntada de decir que estaba más preocupado por la “filtración” al medio de comunicación. Imagínese Usted, Lector, el hombre encargado de la seguridad en el municipio más poblado en Baja California, está más preocupado por saber quién hizo llegar la información a ZETA, que por resolver el tema de que los tijuanenses estén siendo atendidos y deban convivir con policías que reciben dinero por dejar ir criminales, vender droga,  mover cadáveres del crimen organizado, hacer arrestos falsos, torturar detenidos, o usar droga. Pero justo ese problema de prioridades, fue precisamente el origen de la nota que tanto molestó a Astiazarán y a Lares. La primera semana de diciembre de 2014, en reunión del Grupo Coordinación se habló del tema de la depuración y se urgió a los secretarios y directores de Seguridad, avanzar en la misma, porque habían estado siendo omisos. Las cifras eran alarmantes. En cinco años de exámenes, 572 policías habían reprobado los controles de confianza y la mayoría permanecían en las nóminas. Del total de no aprobados, 473 corresponden a las policías municipales: 174 resultaron no aprobados en Tijuana y solo habían corrido a tres; 90 en Mexicali y solo inhabilitaron a tres; otros 51 en Ensenada y cuatro inhabilitados únicamente; 52 en Tecate con nueve dados de baja; y 56 reprobados en Rosarito, con tres inhabilitaciones. Cierto, más de mil 800 policías han sido dados de baja en el Estado en los últimos cinco años, pero por reprobar los exámenes solo 22, y de esto se dio cuenta en la edición 2127  de este Semanario, publicada el 31 de diciembre de 2014, fecha en que ZETA empezó a hacer eco de la preocupación manifiesta por funcionarios y representantes ciudadanos metidos en el tema, quienes veían que los directores y secretarios de Seguridad, no estaban cumpliendo con sus obligaciones como titulares de las comisiones de Desarrollo Policial, convirtiéndose en cómplices y poniendo en riesgo a la ciudadanía. “Por lo menos que les quiten la pistola, que los pongan donde no estén en contacto con la gente… que inicien el proceso”, porque no se trata de expedientes nuevos, a estas alturas si las sindicatura y comisiones de Desarrollo Policial cumplieran con su trabajo, muchos de ellos deberían estar fuera y la mayoría o todos notificados. El 3 de enero de 2015, en la celebración del Día del Policía, el alcalde Jorge Astiazarán llamó a defender el prestigio de la mejor corporación del mundo, pero advirtió: “No se escatimará en aplicar la Ley contra los policías corruptos”, así que esperamos que cumpla. Y no se trata de un juicio sumario a la corporación, en ZETA sabemos y reconocemos la labor de los buenos agentes, quienes por cierto, son obligados a trabajar turnos inhumanos, sometidos a presiones, enfrentando a diarios el crimen y la corrupción sin la atención psicológica necesaria ni la capacitación debida, y en algunos casos, terminan perdiendo la vida. Pero en este caso los “negros del arrocito” que empañan al resto de la corporación,  ya están identificados y hace buen rato, así que resulta cuando menos irresponsable mantenerlos en la Policía sin avanzar con los procesos. Están obligados a notificarlos, escucharlos y definir de una vez por todas. O dejar claro, de plano, para que los uniformados honestos también lo sepan, si en la mejor Policía del mundo, aliarse con criminales o cometer delitos no será motivo de castigo.

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