“Ahora tenemos policías evaluadas, pero eso no garantiza, porque no se han dado de baja los no aprobados”, dijo ante las deficiencias de depuración, Jonathan Díaz Castro, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California, donde recién se enteraron que solo el 16 por ciento de los elementos que reprobaron los exámenes de confianza, han sido dados de baja. “Está bien, acepto que todo policía tiene derecho a defenderse y tal vez demostrar que lo que se estableció no es correcto, pero ni siquiera se ha llegado a ese proceso”, cuestionó el representante ciudadano, al considerar no aceptable que después de cinco años de evaluaciones, no haya avances. En noviembre de 2014, el Centro de Evaluación Control y Confianza (C3) de Baja California cumplió con el proceso de someter al 100 por ciento de los policías del Estado a los exámenes de confianza, sin embargo, de poco o nada ha servido, ya que de los 572 uniformados “no aprobados”, solo 94 han sido dados de baja. Según el reporte del C3 de Baja California, de los 6 mil 600 policías municipales, 500 estatales y mil 500 custodios, un total de 572 elementos no aprobaron alguno o varios de los exámenes de confianza. Ya en el desglose de cifras del C3, la falta de depuración es más grave en las policías de los ayuntamientos. De los 572 no aprobados, 423 corresponden a las corporaciones municipales, de esos, solo el 5 por ciento, 22 fueron dados de baja. Lo que significa que 385 agentes locales que reprobaron los exámenes de permanencia, siguen uniformados y en las calles de los cinco municipios, sumados a los 6 mil 600 policías municipales que laboran en los cinco municipios de Baja California. En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), las condiciones tampoco son deseables. De los 31 elementos que resultaron no confiables, solo tres han salido de la nómina. El argumento es que la mayoría no resultaron aptos, pero por cuestiones de salud, siguen negociando el plan de jubilación. Mientras en la Secretaría de Seguridad Pública – responsable de las depuraciones-, de entre los 500 estatales y mil 300 custodios del Sistema Penitenciario bajo su cargo, los no confiables sumaron 118 y los despedidos 69, los otros 49 ya fueron procesados, pero apelaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus expedientes no están concluidos, pero ya no laboran uniformados en las calles. Cierto, dentro los diversos sistemas de Integridad Policial aplicados en los cinco municipios, los contratos de mil 864 uniformados han sido rescindidos entre diciembre de 2007 y noviembre de 2014, pero de esa cifra,, solo 22 han sido por haber reprobado los exámenes de confianza. Conforme a las estadísticas del C3, los agentes no confiables se distribuyen de la siguiente manera: * En Mexicali reprobaron 90 agentes, se inició procedimiento en contra de 68, a 22 no les instauraron procedimiento; solo han dado de baja a tres. * En Tijuana hay 174 reprobados, 171 con procedimiento, tres sin procedimiento y tres dados de baja. * Ensenada, 51 reprobados, 47 con procedimiento, cuatro sin procedimiento y cuatro dados de baja. * Tecate, 52 reprobados, 47 con procedimiento, cinco sin procedimiento y nueve dados de baja. * Rosarito, 56 reprobados, 52 con procedimiento, cuatro sin procedimiento en contra y solo tres dados de baja. Que los saquen de las calles 
Respecto al rezago, Jonathan Díaz, del CCSP, lo calificó como “peligroso”, ya que los miembros del consejo ciudadano han sido informados que es un tema que no se ha concluido, debido a las sindicaturas municipales: “A veces el nuevo personal de Sindicatura parece que no conoce los procedimientos y no han hecho lo que tienen que hacer para enviarlos a la Comisión de Honor y Justicia”. Además de tener activos a policías “no confiables”, otro de los riesgos administrativos, es que muchas de esas evaluaciones reprobatorias ya no tengan validez para dar de baja a los agentes deficientes, según explicó el representante los ciudadanos: “Sindicatura tiene dos años para usar esos resultados y promover la baja de los agentes, si no lo hace, prescribe, eso sucederá con todos los resultados que sean anteriores a 2012, incluso algunos de 2012”. El mismo reporte del C3 de Baja California refiere que de los 572 agentes no aptos, se inició proceso a 533, aunque solo hayan concluido 94. Ante la lentitud, los miembros del Consejo Ciudadano, recién enterados del problema, “estamos pidiendo a las Sindicaturas que nos informen para poder saber qué avances tienen en los expedientes del C3, pero consideramos que una medida precautoria sería al menos retirar el arma a estas personas, sobre todo en los casos de no aprobar (el examen) toxicológico, incluso removerlos de los puestos donde están en contacto con la ciudadanía”, consideró Díaz. Los evaluadores Pese a que la depuración es un asunto en el que las autoridades locales han trabajado los últimos cinco años, fue hasta la más reciente reunión del Grupo Coordinación, realizada la primera semana de diciembre de 2014, cuando el Estado trató el tema de manera puntual con los municipios. “Se vio ese aspecto porque esto lo tenemos que subir al Sistema Nacional, informarlo a México, el primer compromiso era evaluar a la totalidad, la fecha límite era el 29 de octubre y se cumplió, en el Estado procuramos examinarlos y depurarlos al mismo tiempo, pero en los ayuntamientos la situación fue: ‘mientras no nos pidan que depuremos, no depuramos’, no tenían esa motivación o presión; ahorita ya la hay”, explicó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya. El Estado está pidiendo a los ayuntamientos información. “Por corporación, ¿qué estamos haciendo con esos 572 – no aprobados-, dónde están? ¿Qué tratamiento le diste? ¿Qué remoción? Y eso apenas se acaba de acordar también, que ya lo deberían de haber hecho, pero el esfuerzo ha sido mínimo”, reconoció el funcionario estatal. De la posibilidad que algunos de esos resultados negativos ya se les hayan venido el término para hacerlos efectivos, expuso que se pueden volver aplicar, aunque tendrán un costo. Solo el polígrafo cuesta 5 mil 500 pesos por agente. De la Rosa agregó que para las secretarías de Seguridad o direcciones municipales es más difícil este proceso, al no tener sus propias contralorías o Departamento de Asuntos Internos, como la PGJE y la SSPE. Los interesados son los directos y secretarios de Seguridad de los ayuntamientos, pero según la Ley Orgánica, los encargados de la depuración son las Sindicaturas, que entregan los expedientes a las comisiones de Desarrollo Policial. “Por eso reunimos a los cinco síndicos y mandos, para que se pongan de acuerdo en los procesos de depuración y los criterios de los jueces y todo eso”, dijo el titular de la SSPE, para concluir que también se requiere disposición, mientras recordaba las frases de la directora de Policía de Tijuana, Patricia Sida, tras la publicación de un video donde policías golpeaban a un indigente a principios de diciembre, asegurando que no era prueba suficiente. “Debería ser al contrario, es un indicio, a lo mejor puede no ser cierto, pero hay que investigarlo y dejarle claro a la gente si andaba mal el policía, o si fue una mentira”. Tecate: “Estamos batallando” En cuanto a la depuración pendiente en los ayuntamientos, ZETA habló con funcionarios municipales, todos coincidieron en que están revisando la forma de ser más eficientes, sin embargo, sus reacciones fueron diferentes ante el rezago evidenciado en las estadísticas oficiales del C3. Juan Bartolomé Lam Canto, directo de Policía en Tecate, declaró de sus 47 elementos sin depurar (de 52 no aprobados), que él no tenía esa cifra tan alta, y que el proceso se da en la Sindicatura, a través de la Comisión Disciplinaria: “Yo no tengo esos números, pero sería alarmante que tuviera que dar de baja a 40. Yo tengo en proceso de baja cuatro no aprobados, nada más, y tengo dos administraciones. Además, una cosa es que estén evaluados, pero yo no tengo todos los resultados”. En Tecate hay alrededor de 343 policías, entre operativos y comerciales, según cifras dadas al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Daniel de León, sindico de Tecate, detalló: “Hay un manejo indiscriminado de la información, yo creo que el director no está tomando en cuenta que están evaluando a los policías comerciales, y esos diez procesos de remoción que estamos encauzando recientemente, son activos. En Tecate hasta hace poco nos empezaron a evaluar a la (Policía) Comercial, y a ellos les damos otro trato porque apenas los estamos incorporando a la Ley de seguridad Pública. “Esa cifra no debe distinguir esa parte, y como no nos han entregado el total de resultados, para mí sería muy aventurado decir si tenemos pendientes 47 o 52, pero si me da que la cifra podría estar muy cercana a eso, a lo mejor cuando terminen de llegar los resultados, es porque incluyen a la Comercial”. Y reconoció: “Estamos batallando cuando se les aplica la remoción, porque por algún detalle, algún tecnicismo, terminan en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y no la ganan, porque hicimos mal el procedimiento según el Tribunal, de los removidos de 2009 para acá se me han regresado varios, entonces hemos sido más lentos en remover a los que tenemos ahorita para poder completar un expediente que se sostenga en el Tribunal. “Además, hay gente en esos casos que ya está fuera de la corporación, pero sus asuntos todavía están el litigio, no hay sentencias firmes”, concluyó De León. Rosarito: reprobados por cuestiones administrativas Sobre los 56 reprobados de Rosarito, el síndico Tomás de la Rosa aceptó 46 casos, seis que ya fueron dados de baja, 25 elementos cuyos expedientes ya fueron investigados por Sindicatura y enviados a la Comisión de Honor y Justicia, donde no se ha determinado; y 16 oficiales a los cuales se investiga para integrar expediente, todos por no reunir los requisitos de permanencia o no aprobar exámenes de confianza. Al inicio de la actual administración, el alcalde Silvano Abarca le solicitó que apresurara porque había ocho policías no aptos a quienes estaba a punto de vencer el plazo de sus exámenes no aprobados, sin que se les iniciara procedimiento, se le recordó. “Cuatro renunciaron voluntariamente al saber que estaban perdidos, y los cuatro restantes ya están sujetos a procedimientos”, informó. Respecto a los agentes no aprobados, el síndico rosaritense afirmó que no se trata de gente con relaciones criminales: “Son por no tener escolaridad, antes era secundaria y ahora es preparatoria, por haber entregado certificados falsos y por no tener la Academia policiaca. Es un caso muy reincidente, porque la Policía Comercial les servía de escuelita y cruzaban a seguridad pública. Estamos viendo algún programa especial porque estamos viendo elementos que sí tienen la Academia, mas no la escolaridad. Vamos a ver si se les puede dar alguna oportunidad condicionada”. Tomás de la Rosa puntualizó que en 2014 se dio entrada a 164 quejas ciudadanas contra oficiales. Mexicali: problemas con el Tribunal de lo Contencioso Del caso Mexicali, el síndico Humberto Zúñiga dijo estar revisando el tema: “Es muy complicado y luego nos resulta contraproducente, porque si los damos de baja y no cuidamos los procesos en lo Contencioso, que está muy grave ahí la situación, nos dan para atrás, y luego tenemos que pagar cantidades exorbitantes y reinstalar a los oficiales. “Precisamente estamos revisando ese asunto, yo creo que para la tercera semana de enero nosotros ya vamos a andar buscando cómo resolvemos de fondo, porque en el Juzgado de lo Contencioso, en la mayoría de los casos nos están dando palo por deficiencias que tienen en el propio C3. No quiero continuar lo que han hecho los anteriores, queremos hacer algo de fondo, que nos permita ir sacando de circulación a muchos oficiales que de verdad no tienen por qué andar en la calle” abundó el síndico cachanilla. Los agentes no aprobados en Mexicali fueron 90, solo iniciaron procedimiento a 68 y únicamente han dado de baja a tres. Tijuana: solo ocho sancionados en cinco años En Tijuana, Salvador Gómez, director de Normatividad Municipal, aseguró que Sindicatura ha iniciado procedimientos en contra de 174 oficiales no aprobados. “Solo en septiembre se concretaron 78 expedientes, nosotros iniciamos los procedimientos porque estamos obligados por Ley, y los remitimos a la Comisión Policial, el órgano que determina la sanción correspondiente. Nosotros sugerimos, damos nuestro punto de vista y el cuerpo colegiado toma la determinación correspondiente. Seguimos empujando porque cómo vamos a tener policías reprobados trabajando actualmente”, cuestionó. A favor de la Comisión Policial, Gómez refirió que están trabajando mucho en sacar el enorme rezago que dejó la anterior administración, pero que dentro de ese cúmulo de trabajo deberán atender lo presente, pues de no hacerlo, podría ser materia de sanción. En entrevista otorgada a ZETA (edición 2116, del 17 al 23 de octubre de 2014) por la secretaria técnica de la comisión disciplinaria, Martha Bermúdez, dio a conocer que de 850 asuntos contra policías denunciados entre 2010 y 2014, 597 han llegado a la Comisión -solo 120 son de 2014-, del total, 180 expedientes se tienen por concluidos por incompetencia o muerte de los señalados y en 120 casos se ha declarado inicio, pero el 90% están atorados en tribunales. 
En todo este tiempo, solo ocho policías han sido sancionados, y forman parte del grupo de 15 elementos que fueron suspendidos porque el 15 de abril de 2011 hicieron que una mujer les bailara mientras se desnudaba para dejarla salir en libertad, en la delegación Presa Rural. Así de efectivos. En cuanto a los 51 policías no aprobados de Ensenada, por las estadísticas del C3 se sabe que Sindicatura inició procedimientos en contra de 47 que siguen en proceso y solo cuatro fueron dados de baja. En la más reciente entrevista con ZETA, concedida en la primera semana de diciembre de 2014, Bermúdez expresó que durante su gestión, solo un uniformado había sido dado de baja por no aprobar el Examen de Control y Confianza, “pero además, había sido denunciado por ‘quedarse con pertenencias de un infractor y tener dos sanciones administrativas en menos de un año’”. Para concluir, aclaró que la destitución definitiva de un agente es un proceso largo, con la posibilidad de recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para ampararse. “El Javi” asesina por droga Fue en el interior de un barranco, en las inmediaciones del Bulevar San Pedro del fraccionamiento Valle San Pedro, Delegación Presa Rural en Tijuana -cerca del basurero-, donde alrededor de las 3:00 pm del 26 de diciembre de 2014, se localizaron restos humanos. En el interior de una maleta negra, a tres metros de la vialidad, yacía flexionado el cuerpo de una mujer, amarrado con un cordón azul y cubierto por una sábana. A unos metros, dentro de un tambo metálico negro, se localizó el cuerpo de un hombre, también flexionado, pero sin amarres ni coberturas. Ambos en avanzado estado de putrefacción, con evidencias de haber sido golpeados previo al homicidio. Contrario a lo expuesto en las primeras noticias, los cuerpos estaban completos, no descuartizados. La Procuraduría del Estado abrió la averiguación previa 406/14/201 contra quien resulte responsable. La mujer fue identificada como Nancy Jiménez y murió por traumatismo craneoencefálico y contusión profunda de abdomen. El hombre, hasta ahora solo identificado como “El Joy”, murió por bronco aspiración secundaria por violencia ejercida sobre el cuello, con maniobras de sofocación. Las señas particulares del cuerpo masculino son un tatuaje con la leyenda “MARGARITA en cara externa de muslo derecho, tatuaje con la leyenda ROXANA en cara interna de antebrazo izquierdo, tatuaje con la leyenda JALISCO en cara externa de brazo derecho, tatuaje con la figura de una hoja de marihuana en pectoral derecho, tatuaje el cual solo se le aprecia la leyenda MART en pectoral izquierdo”. Conforme a las primeras indagatorias, el concubino de Nancy, quien admitió ser narcomenudista, dijo que su ex mujer se dedicaba a vender droga y que originalmente ambos distribuían la droga de “El Javi” y/o “El Gordo” en zonas del Valle de Las Palmas, pero que en fechas recientes, ella había empezado a vender droga de otros distribuidores, en tanto, él prefirió separarse para no meterse en problemas. En el caso de “El Joy”, otro narcomenudista de la zona refirió que el occiso comercializaba droga para “El Javi” y/o “El Gordo”, y que los matones de esta célula delictiva lo andaban buscando a él y a otros “tiradores” para castigarlos por estar vendiendo enervantes de otro grupo criminal sin permiso, y para que les dijeran de quién era la droga que les estaba haciendo competencia. Ahora las fuerzas operativas buscan a “El Javi”, de quien tienen la descripción física, la ubicación de algunas direcciones de puntos de distribución de droga y casas de seguridad, y la presunta identidad de su jefe “El Chapito”. Por la zona, presumen podría ser Francisco Javier Mendoza Uriarte, sobrino de Raydel López Uriarte “El Muletas”, pero no descartan que se trate de “El Chapito Trejo”, brazo homicida del recientemente detenido José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, criminal que controla Villas de Baja California. Debido al incremento de homicidios en la zona, las corporaciones activas del Grupo Coordinación están contemplando operativos adicionales en esa delegación. Seguridad privada, pocos procesos de revisión Según un boletín emitido esta semana por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el director de Servicios de Seguridad Privada, César Román Díaz López, informó que las 205 empresas de ese giro registradas en la entidad, tienen a 7 mil 200 empleados activos, lo que significa que el número de vigilantes privados superan en 100 elementos más que el total de policías operativos registrados en el Estado, que es de 7 mil 100. En el texto también se detalla que en 2014, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada realizó 287 visitas de inspección en las empresas, sancionando a 118 por incumplir con el reglamento, a otra se le retiró el permiso y se clausuraron cinco que operaban de forma irregular. Además, se reforzó “… el registro y revisión de las armas de fuego utilizadas por empresas de seguridad privada, en este año, en la entidad fueron 410 armas de fuego, a las cuales se les realizaron pruebas de balística, así como la verificación de usuarios que las portan”. ZETA entrevistó al licenciado César Román Díaz sobre los controles que se tienen establecidos, primero explicó que cada mes, las empresas reportan su nómina, la cual varía. De la regulación de más de 7 mil elementos expuso: “La persona física o moral que solicita permiso para ejercer el servicio, debe cumplir con obligaciones que marca el reglamento, una de ellas, que sus elementos pasen por los filtros de la Secretaría”. El problema es que en confiabilidad existe un solo filtro. A pregunta expresa, respondió: “No pasan por los exámenes de confianza, sino la revisión en las bases de datos nacionales para corroborar que no tengan antecedentes penales al momento de ser contratados”. Entre otros datos dados a conocer en el comunicado, se establece que en 2014 se revisaron los antecedentes de 14 mil 500 aspirantes a guardias, a 2 mil 887 personas les resultaron antecedentes delictivos. En entrevista, Román Díaz comentó que los rechazados son alrededor del 20 por ciento. En relación a las empresas sancionadas, el funcionario comentó que en la mayoría de los casos, fue por tener trabajando a gente que no ha sido autorizada ni ha pasado por la revisión de antecedentes; la no actualización de exámenes médicos y cuestiones administrativas. — ¿Hay alguna otra revisión de la confiablidad de estas personas? “Hasta ahorita esto es lo que estamos haciendo”, y abundó que tienen planeado establecer una credencialización que se pueda controlar con sistemas de la Secretaría, y programar más vistas de campo. En cuanto a la “permanente capacitación” que se ha anunciado, tienen estos guardias privados, ésta corre a cargo de las empresas que solo envían informes acreditando el cumplimiento de materias humanísticas y del marco legal. Respecto a los casos de las empresas de seguridad privada que custodian fraccionamientos o empresas que sin importar la presencia de los guardias, han sido víctimas de robo, Román Díaz señaló que además de denunciar ante la PGJE, la ciudadanía debe acudir a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que ésta investigue y, de encontrar coparticipación en el delito, la empresa de seguridad sea sancionada. De las 205 empresas de seguridad privada registradas en Baja California, 99 se encuentran en Tijuana, 75 en Mexicali, 18 en Ensenada, siete en Playas de Rosarito y seis en Tecate.
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