Policías extorsionadores acusan a beisbolistas


 
Reportajez BCS Lunes, 5 Enero, 2015 08:00 PM

El caso de los policías municipales que presuntamente extorsionaron a dos peloteros del Club Águilas de Mexicali por posesión de marihuana, dio un giro de 180 grados y los jugadores de acusadores se tornaron en acusados. En la Audiencia para Desahogo de Prueba Anticipada, dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el juez accedió a la petición de los abogados de los dos policías indiciados para que a los dos beisbolistas se les practique un examen antidopaje de uso de marihuana, examen al que ambos se habían rehusado durante la sesión efectuada el lunes 29 de diciembre de 2014, la cual se extendió por cerca de nueve horas. Al final, los dos jugadores -resguardados por agentes de la Policía Ministerial- salieron del edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cruzaron la calle acompañados de abogados, agentes del Ministerio Publico y un médico legista, para presentarse en las oficinas de Servicios Periciales y tomarles una muestra de cabello. De acuerdo al doctor Héctor  Velázquez -médico propuesto por la defensa de los policías-, los resultados de este examen se podrían tener en un plazo de 72 horas, y se caracteriza por revisar el uso de marihuana durante los últimos siete años. El fondo son el tipo de acusaciones, ya que los dos agentes de la Policía Municipal de Mexicali podrían ser acusados por secuestro, lo que implica una pena de entre 50 a 100 años de prisión, mientras que la extorsión es de 2 a 8 años, alcanza fianza y es posible seguir el proceso en libertad. Pero el tema tiene que ver con la práctica de la extorsión policiaca -lo que los agentes no han negado- y el posible uso de drogas entre los jugadores profesionales de beisbol, hecho que ellos han negado enfáticamente ante el juez. Por lo pronto, los Águilas pasaron a semifinales, aunque dos de los cuatro jugadores involucrados en el incidente -tres son norteamericanos- ya dejaron las filas del club “debido al rendimiento”, argumentó José Luis Rodríguez, apoderado de la empresa deportiva. Audiencia anticipada La llamada Audiencia para Desahogo de Prueba Anticipada estaba programada para las once de la mañana del lunes 29 de diciembre, aunque empezó una hora más tarde por el cambio de sala. La encabezó el juez Héctor Antonio Cortez Peña. De un lado, los agentes del Ministerio Público, Rigoberto Zatarain y Sergio Tadeo Sosa. En ese mismo lado se ubicó a las víctimas, los beisbolistas José S. y Daniel R., además de una intérprete, mientras que del lado contrario estaban los imputados: Carlos P y Samuel R, agentes apoyados por el equipo de abogados de Pedro Mendívil y Herman López Frank, las abogadas Diana Moreno y Miriam López. Los otros dos beisbolistas, Mathew G. y Mason R., no estuvieron presentes al haber dejado la ciudad, debido a que fueron dados de baja del equipo. El punto fue lo sucedido la noche del lunes 10 de noviembre de 2014, después del juego en el que Águilas perdió 6 carreras a 3 ante los Yaquis de Ciudad Obregón. De entrada, los agentes del Ministerio Publico propusieron que la audiencia fuese a puerta cerrada, debido al temor de los beisbolistas -había media docena de reporteros y otro tanto de familiares de los policías- y la gravedad del delito (secuestro), a lo que la defensa y el juez se negaron. En su declaración, el pelotero José S. dijo tener 25 años, vivir en Phoenix, Arizona, y ser de Nueva Rosita, Coahuila, de ocupación beisbolista. La audiencia trató del interrogatorio de los abogados de la defensa, así que en su declaración, el joven pelotero expuso que la noche de ese lunes 10 de noviembre salieron del estadio después del juego y en un auto rentado –un Malibu azul, sin placas- buscaban una taquería para cenar, así que enfilaron a las calles que más conocían, Justo Sierra, para seguir por Benito Juárez. Al llegar a un semáforo se les emparejó una patrulla, que al arrancar la marcha les prendió los códigos para que se pararan, lo cual hicieron hasta la Plaza Fimbres, ya por el Bulevar Benito Juárez. Según el beisbolista, los agentes los bajaron y, al revisar a otro de los jugadores, le sembraron un pequeño envoltorio de marihuana en la bolsa chica del pantalón. Luego, los agentes les pusieron una bolsa más grande con la droga, después los esposaron. “Nos dijeron que nos iban a llevar a la cárcel, que nos iban a echar de tres a seis años por la droga que traían”, posteriormente les sacaron las carteras, se les pusieron enfrente y les extrajeron el dinero. Juntaron cerca de 600 dólares. “No es suficiente”, comentaron entre los dos agentes -según la misma versión- para después soltarles: “Queremos más dinero”. “A mí se me salió el corazón, yo andaba muy asustado”, refiere el beisbolista, añadiendo que los agentes les pedían entre 2 mil 500 y 3 mil dólares.  Fue entonces cuando los policías les preguntaron por las tarjetas de debido o de crédito. Así les instruyeron para que cada uno sacara 5 mil pesos de un cajero automático, inclusive los acompañaron al más cercano, el ScotiaBank de Plaza Juárez. A la declaración siguió el interrogatorio realizado por el abogado López Frank, quien durante más de una hora interrogó exhaustivamente al joven beisbolista, le pidió detalles, le encaró las contradicciones, le preguntó sobre sus tatuajes, su aspecto latino, el olor de la marihuana, si él la fumaba, si conocía a gente que lo hace, si estaba dispuesto a que se le practicara un examen antidopaje, a lo que el interrogado se rehusó. Después le tocó el turno al otro pelotero, Daniel R., quien fue interrogado por el abogado Pedro Ariel Mendívil, y, en el mismo sentido, insistente, minucioso, acorralándolo por casi dos horas. Al final del largo interrogatorio, Mendívil lanzó la propuesta de que a ambos jugadores les fuera aplicado un examen de cabello para detectar la posible presencia de tetranol-cannabis. Lo fundamentó en el Artículo 20 constitucional, el numeral VI, VII, y el 258 del Código de Procedimientos Penales. “Para la teoría del caso, la defensa (busca) determinar si las víctimas consumen o son adictos a la marihuana, es una circunstancia decisiva para la investigación, pues el objeto de la detención de las supuestas víctimas tiene su origen en la existencia de la droga, y de que el día 10 de noviembre de 2014, dichas personas consumían dicha droga dentro del vehículo, aunado a que manejaban un vehículo sin placas de circulación, fueron detenidos en base a los protocolos de seguridad”, expuso. La propuesta incluía que la toma de la muestra se hiciera inmediatamente, dado que la audiencia era para “prueba anticipada”, bajo la presunción de que ambos jugadores pudieran abandonar la ciudad. La propuesta fue rechazada por los dos jóvenes beisbolistas y argumentada por el ministerio público Rigoberto Zatarain, bajo la presunción de que el MP dirige la investigación y es el facultado para ejercer la acción penal. Dijo que los investigados deben ser los imputados y no las víctimas que acudieron a declarar. Citó el Articulo 258, referente a las dirigencias que el Ministerio Público tiene las facultades de realizar, refiriéndose además al Artículo 231, relacionado con que los imputados podrán solicitar al MP las diligencias que consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, quien ordena que se lleven a cabo aquellas, si las considera pertinentes. Una vez expuestas las dos posiciones, el juez Héctor Cortez pidió un receso de 15 minutos -que se alargó por más de una hora- para tomar la decisión, en la que finalmente ordenó que sí se tomaran inmediatamente las muestras de cabello de los dos beisbolistas por personal de Servicios Periciales y el médico propuesto por los abogados defensores, adscrito al Servicio Médico Forense y experto en toxicología. En suma, el juez dio la razón a los abogados defensores en cuanto a la necesaria aplicación de la prueba pericial -la extracción de cabellos- para determinar si en su organismo había residuos de marihuana, dado que han referido que hubo simulación de extracción de una bolsa con esa droga la noche del incidente. Lo curioso es que los resultados de los exámenes sean positivos o negativos; lo que nunca queda en tela de duda, es que los jugadores fueron extorsionados por los policías,  ya que la parte medular del caso es precisamente esa, que fueron extorsionados, pero no secuestrados.

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