San José del Cabo, Baja California Sur.- A casi seis meses de terminar la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y en pleno arranque del proceso electoral de 2015, comenzaron a brotar más irregularidades en el manejo de recursos públicos en la Tesorería Municipal y en la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) del XI Ayuntamiento de Los Cabos. El 29 de diciembre de 2014, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo entregó el dictamen de las cuentas públicas de diciembre de 2013 y enero, febrero, marzo y abril de 2014, determinando la no aprobación por una serie de irregularidades detectadas en el manejo del dinero público. Según el dictamen en manos de ZETA, los principales responsables de estos malos manejos fueron el tesorero Gerardo Manríquez Amador, y el director municipal de la ZOFEMAT, Salvador Solorio Ceseña. Tan solo en abril de 2014, y según el dictamen, se detectó una serie de irregularidades en el pago de honorarios y gastos administrativos, asignación de contratos a proveedores, manejo de fondos, pago de anticipos a proveedores, comprobación de gastos, retenciones de impuestos de trabajadores, préstamos personales o anticipos de nómina, procedimientos administrativos, cheques botados y endeudamiento excesivo. A continuación, las principales irregularidades: * El manejo indebido de 655 mil pesos en el pago de aportaciones a vigilancia realizado por contribuyentes registrados en el Padrón de Licencias para Venta de Bebidas Alcohólicas. * La asignación discrecional de contratos por 10 millones 843 mil 319 pesos con 08 centavos a proveedores de la dirección municipal de la ZOFEMAT, sin que hubiera algún procedimiento de adjudicación o adquisición de por medio, pese a que el monto rebasó los lineamientos de asignación directa, e incluso, de invitación a cuando menos tres proveedores. * La negativa de remitir el informe de gastos sobre el manejo del Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la ZOFEMAT, estimado en 18 millones 929 mil 795 pesos con 16 centavos, dinero que salió de la recaudación por concepto del pago de derechos de explotación. * La negativa de entregar el informe de gastos del presupuesto de la ZOFEMAT, calculado en 30 millones de pesos, según el presupuesto anual de 2013, donde en la cuenta pública de diciembre de ese año, contradictoriamente se presentaron facturas por gastos de 32 millones 170 mil 921 pesos. * La negativa de entregar el informe por parte de la Tesorería Municipal de por qué el 61 por ciento de los recursos propios del Ayuntamiento de Los Cabos fueron destinados en 2013 a la dirección municipal de la ZOFEMAT, cuando tan solo por el concepto del pago de derechos de explotación, recaudó 51 millones 947 mil 323 pesos, dejando a la deriva áreas prioritarias como Servicios Públicos, Agua Potable y Seguridad Pública. * El pago de anticipos a proveedores por 44 millones 898 mil 597 pesos. * La falta de comprobación de gastos por más de 3 millones de pesos de algunos funcionarios municipales, donde destacan Guillermina Botello con un millón 338 mil 200 pesos; Adolfo Palacios, con un millón 840 mil 776 pesos; y José Alfredo Álvarez Vizcarra, con 152 mil 418 pesos. * El nulo pago de retenciones de trabajadores municipales por 6 millones 393 mil 487 pesos hasta el 30 de abril de 2014, dinero descontado de sus sueldos para liquidar impuestos; cabe mencionar que a la fecha no se han pagado las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR). * La autorización discrecional e indebida de préstamos personales o anticipos de nómina por 2 millones 233 mil 859 pesos en el ejercicio fiscal 2013, a 187 servidores públicos, de los cuales solo se ha logrado recuperar un millón 433 mil 562 pesos. Desde el inicio de la administración hasta ahora, la política prestamista de la Tesorería Municipal presenta un adeudo de 8 millones 605 mil 778 pesos, cifra que por su naturaleza jurídica, debió salir de un fondo o caja de ahorro de trabajadores, y no de los impuestos de los contribuyentes. * El resultado de la investigación, bajo el expediente XPDR/040/2011, instaurado en contra del ex recaudador de Rentas de la población La Rivera, Martín Javier Gastélum Agúndez, familiar del alcalde de Los Cabos, por el manejo irregular de 76 mil 595 pesos. * El pago de adeudos con cheques sin fondos por 863 mil 444 pesos. * El endeudamiento excesivo en el pasivo total del municipio, estimado -según comprobantes- en 105 millones 719 mil 282 pesos. La protección 
A pesar de la serie de irregularidades y tratando de proteger los malos manejos del tesorero Gerardo Manríquez Amador, así como del director municipal de la ZOFEMAT, Salvador Solorio Ceseña, la mayoría de los regidores votaron en contra del dictamen de no aprobación, lo que significa que el caso irá directamente al Órgano de Fiscalización Superior de la XIII Legislatura, entidad que habrá de revisar y analizar la información, y en su momento, emitir las observaciones para después deslindar responsabilidades, en virtud de que -en base al dictamen edilicio—“la información financiera, presupuestal y pragmática, contraviene la Normatividad del Control y Contenido de la Cuenta Pública del Estado y la Ley de Contabilidad Gubernamental, sobre todo cuando desde la cuenta pública de mayo de 2011 a septiembre de 2012, ya se habían hecho observaciones en los protocolos administrativos y se solicitaron acciones de medidas correctivas, y no se hizo absolutamente nada”. Los regidores que votaron en contra del dictamen, y a favor de las irregularidades administrativas, son: El alcalde José Antonio Agúndez Montaño, Emilia Vega Uribe, Anel Marrón Amador, Juan Mauricio Albañez Albañez, Víctor Ortegón Góngora, Reynaldo Zatarain Varela y la estrenada regidora Cristina Medina Carrillo, quien sucedió a la regidora Eda Palacio y prácticamente entró con el pie izquierdo. A pesar de la no aprobación, y de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, integrada por el síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez y Reynaldo Zatarain Varela, ordenaron a Contraloría General Municipal de Los Cabos, realizar “una auditoría financiera y de gestión sobre los recursos ejercidos por la Tesorería en 2013 para cubrir pagos por 10 millones 843 mil pesos 319 mil 08 centavos a proveedores de la dirección municipal de la ZOFEMAT, y dependiendo de los resultados obtenidos, en su caso, deslindar responsabilidades correspondientes a los funcionarios públicos responsables; toda vez que no se tuvo conocimiento alguno de las adquisidores y compras de la dirección municipal de la ZOFEMAT y, por lo tanto, no se llevó a cabo ningún procedimiento de adquisición y adjudicación”, refiere el oficio OFM/2704/2014 de la Oficialía Mayor, firmado por el titular, Edilberto Graciano Chávez. Según el dictamen, la dirección municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre ordenó y asignó de manera discrecional los contratos a proveedores, sin invitar a cuando menos tres proveedores y, obviamente, sin lanzar una licitación, a pesar de que la suma rebasó por mucho el monto establecido por la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 
De esta manera, la Tesorería Municipal liquidó el pago de productos y servicios, a pesar de las irregularidades en la entrega de los contratos de trabajo de los proveedores. Finalmente, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo, ordenó a la Contraloría a cargo de Alejandro Sánchez Acosta, iniciar “una investigación en contra de los funcionarios públicos que hacen caso omiso a los acuerdos de Cabildo relacionados a las cuentas públicas, y sean aplicados procesos administrativos, y en su caso sanciones, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur”. ZETA buscó la versión del tesorero Gerardo Manríquez Amador y de Salvador Solorio Ceseña, sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
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