Luminarias: daño patrimonial por 160 millones de pesos


 
Reportajez BCS Lunes, 26 Enero, 2015 08:00 PM

Concesionar a Industrias Sola Basic S.A, de C.V. el servicio alumbrado público, significó para el municipio de Tijuana un daño patrimonial por 160 millones de pesos. Este monto se desprende del pago convencional del convenio, y el costo que para el Ayuntamiento significó el mantenimiento del sistema y el extravío de 17 mil luminarias. La investigación documentada sobre el tema de las luminarias da cuenta de un sinfín de omisiones e irregularidades que inician desde el momento mismo que el XX Ayuntamiento, presidido por Carlos Bustamante, decide concesionar a una empresa privada el reemplazo de 63 mil 400 lámparas. Desde un proceso de licitación sesgado, hasta el planteamiento de una demanda a todas luces improcedente, el actuar del gobierno bustamantista se encaminó a favorecer a la compañía concesionada. A Sola Basic se le entregó un pago anticipado superior a 141 millones de pesos, cantidad a la que se añaden más de 9 millones de pesos en la rehabilitación del servicio, realizada por la anterior administración. A esas cifras se suma el desmantelamiento de luminarias para ser vendidas al reciclaje, pérdida que se estima en 10 millones de pesos. A tres años de que se concesionara el proyecto de modernización de alumbrado, los ciudadanos de Tijuana siguen esperando su mejoramiento, por lo que la actual administración prevé licitarlo otra vez, sin descartar la posibilidad de que Sola Basic participe de nuevo. Antecedentes En las actas de las sesiones del comité conformado en mayo de 2011, se observó que al ceder el servicio de alumbrado mediante un arrendamiento puro, se corría el riesgo que la concesionaria se llevara las lámparas, y aunque se propuso el esquema de arrendamiento financiero -brindaría al municipio el derecho a poseer el producto-, finalmente se signó con Sola Basic un contrato de arrendamiento puro. En esas reuniones también se observó que el 80 por ciento de las licitaciones realizadas a nivel nacional para concesionar ese servicio incumplieron las expectativas, por lo que se hizo el compromiso en investigar y seleccionar a una compañía que avalara contar con material suficiente, tecnología, instalación, integración de proyectos y servicios adicionales, certificación de los productos, garantía y calidad. No fue el caso. Licitación simulada Para el proceso de licitación se hizo una convocatoria nacional, a la cual concurrieron solo seis empresas de las 38 que el gobierno de Bustamante dijo, se encontraban interesadas en participar. Estas fueron: Sola Basic, S.A. de C.V.; Celsol, S.A. de C.V.; G Tel Comunicación, S.A. de C.V.; Osram, S.A. de C.V.; Giro Construcciones, S.A. de C.V.;  así como GM Electromecánica, S.A. de C.V. y/o Servicios y Proyectos Eléctricos Baja, S. de R.L. de C.V. El gobierno de Bustamante descartó dos de las seis propuestas, aduciendo que incumplían con los requisitos de la convocatoria. La designación estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, David Navarro Herrera (fallecido), conformada por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra Batista; síndico procuradora Yolanda Enríquez de la Fuente; y el oficial mayor, Óscar Sanabia Peinado, como integrantes del Comité Técnico dispuesto para el procedimiento de licitación. Finalmente se eliminaron tres de las cuatro ofertas restantes, por no entregar propuestas completas y optaron por asignar la concesión del servicio a Sola Basic, “única empresa que cumplió con todo”, expuso el comité al momento de dar el fallo. Sin embargo, en los documentos consta que G Tel Comunicación, S.A. de C.V., Celsol, S.A. de C.V. y Sola Basic llenaron todos los requisitos demandados en la convocatoria. ZETA intentó contactar a las empresas participantes en el proceso, pero solo tres pudieron ser localizables: Celsol, Sola Basic y GM Electromecánica; el resto presentó domicilios inexistentes, o dejaron de operar desde hace años. De las que sí se encuentran en operación se contactó a Celsol S.A. de C.V., con sede en Monterrey, Nuevo León. Gabriela Sandoval, representante de Celsol, compartió que al saberse el fallo, el corporativo buscó saber las causas por las que su propuesta fue rechazada por el gobierno de Tijuana y cuáles fueron las razones por las que se optó por la compañía ganadora, pero no se les dio respuesta, “encontramos mucho hermetismo”, expresó. De esta manera, el 30 de noviembre de 2011, el gobierno de Carlos Bustamante convino con Industrias Sola Basic un contrato que quedó circunscrito vía arrendamiento puro, por la cantidad de 144 millones 430 mil 517 pesos. Apuro por evadir al Congreso Que el municipio careciera de recursos propios para modernizar el servicio de alumbrado público fue la razón por la que el XX Ayuntamiento aprobó el concesionarlo a una empresa privada. El ahorro en costo de la energía eléctrica fue la base y fundamento para implementar tal proyecto. Por ello, Carlos Bustamante urgió al Cabildo reunido el 2 de junio de 2011 a aprobar ese punto: “Si no lo hacemos, ya no lo vamos a hacer, porque no alcanzaría el tiempo para amortizar sin tener que pedir permiso al Congreso, y de esta manera no tenemos que pedir permiso”. El Cabildo no volvió a ser tomado en cuenta durante el proceso de licitación, selección y firma del contrato. El 9 de diciembre de 2011 se le da a conocer el contrato de la asignación a un costo de 144 millones 430 mil 517 pesos con 13 centavos. El convenio se firmó el 30 de noviembre de 2011 y su duración se determinó por un año. El Cabildo autorizó el pago anticipado del contrato de arrendamiento puro de los bienes para el proyecto, celebrado el 20 de septiembre de 2011 hasta por 141 millones 187 mil 578.92 pesos. También aprobó una ampliación al presupuesto de egresos de ese ejercicio fiscal por 9 millones 728 mil 814 pesos con 63 centavos, para cubrir las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2011. El pago anticipado a la empresa Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V. por 141 millones 187 mil 578 pesos, se entregó el 19 de diciembre de 2011. Al 8 de abril de 2013 se habían instalado 55 mil 566 luminarias, 7 mil 834 sin instalar de las 63 mil 400 que se contrataron; 4 mil 110 de las luminarias nuevas no funcionaban, desde entonces y hasta que no fue llamada a cuentas por el XXI Ayuntamiento, Sola Basic ya no instaló ni dio mantenimiento al servicio de alumbrado. Improcedente demanda En el tema de las luminarias, la dejadez oficial de Bustamante la coronó con una demanda planteada por la vía civil, tratándose de una empresa mercantil sin contemplar el hacer exigible la garantía del convenio, la cual cubre el cien por ciento del monto de lo contratado: Siendo la arrendadora una empresa mercantil, la demanda debió ser la vía mercantil, pero la administración bustamantista optó por reclamar el cumplimiento del contrato por la vía civil. En la querella asentó haber dado cabal cumplimiento al contrato de  arrendamiento puro, celebrado el 20 de septiembre de 2011, así como las dos adendas al contrato original celebradas el 29 de noviembre de 2011 y el 2 de julio de 2012, cuando quedó pendiente uno de los 26 pagos mensuales pactados con la demandada. Sin estar físicamente todas instaladas, y la mayoría sin funcionar, reclamó la propiedad de las 63 mil 400 luminarias contratadas, cuando la adquisición en propiedad de éstas se estableció solo como una opción. De acuerdo a la cláusula trigésima, la opción de compra se dispuso como una posibilidad de realización futura y no como efecto del mero cumplimiento de lo establecido en el contrato, en el cual se lee: “Los contratantes convienen que las luminarias instaladas por el arrendador podrán ser adquiridas en propiedad por el Ayuntamiento, durante la vigencia de este contrato, o bien al final del mismo, ya que con ello se logran los objetivos de ahorro de energía eléctrica”. En su demanda, Bustamante no contempló lo establecido en la cláusula de la adenda del 29 de noviembre de 2011, en la que pactó una condición resolutoria: “Las luminarias materia del mismo (contrato), pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, una vez cumplidas las obligaciones de pago referidas en el contrato”. Además, el contrato no especifica que el arrendamiento se podrá convertir en compraventa. Antes de demandar, y a sabiendas que jurídicamente podría ser perjudicial para el municipio, el XX Ayuntamiento rehabilitó18 mil 632 luminarias que se encontraban sin funcionar, acción que emprendió en el periodo comprendido de mayo de 2012 a septiembre de 2013. Por ello reclamó el pago de lo erogado, lo cual se estimó en más de 9 millones de pesos. Curiosamente, lo que sí podía reclamar no lo hizo, como las penas establecidas en el contrato de arrendamiento. En ellas se indica que si el arrendador incurre en incumplimiento probado y vencido en juicio, el Ayuntamiento estará facultado para optar por cualquiera de las siguientes posibilidades: * Exigir al arrendador el cumplimiento del contrato con todas sus consecuencias legales, incluyendo el pago de la pena convencional por un importe menor del 10 por ciento del valor total del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público. * Reclamar el contrato haciendo exigible la garantía, pena convencional y demás prestaciones. * En caso de incumplir, el arrendador será sancionado con multa de hasta cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California, cancelación del arrendamiento o cancelación de su registro del padrón de proveedores. Independientemente de lo anterior, el Ayuntamiento podría ejercer las acciones correspondientes por daños y perjuicios ocasionados por el arrendador, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el municipio de Tijuana, en sus artículos 47 y 48. Nada de eso se exigió en la demanda de Bustamante. Lo deficiente de esta demanda hizo que el XXI Ayuntamiento desistiera de ella, ya que de resultar adversa, implicaría para el erario una erogación superior a 20 millones de pesos en gastos y costas del juicio, estimó el consejero jurídico Gerardo Herrera Zavala. Encauzó la demanda a principios de 2014 por la vía mercantil. El negocio del material desechado Dos facturas emitidas por Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V., mejor conocida como GEN, emitidas el 19 y 23 de abril de abril de 2013 por las cantidades de 41 mil 847 pesos y 100 mil 340 pesos con 38 centavos, dan cuenta que la administración de Carlos Bustamante dispuso -sin la aprobación del Cabildo-, del destino final de los residuos sólidos derivados del sistema de alumbrado público que fue retirado. Dan constancia de ello los manifiestos, con fecha 12 de abril de 2012, de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos por mil 600 toneladas, y dos más por la suma de .460 toneladas, entregados a MAYPA. Para ocultar la transacción comercial de este material, el 19 de julio de 2013 se presentó un reporte de robo ante la agencia receptora del Ministerio Público en Otay; el hecho lo denunció Alejandro Sánchez Gámez, jefe del Departamento de Alumbrado Público, quien informó la sustracción en los talleres municipales de la delegación Mesa de Otay de un número indeterminado de balastras. Además de Otay, el equipo retirado durante el proceso de modernización de alumbrado, fue confinado en las instalaciones de la delegación Centenario. Ahí, el 13 de agosto de 2013 se almacenaron 17 mil 615 luminarias inventariadas, las cuales tampoco fueron localizadas. Por ello, el 27 de marzo de 2014, durante el gobierno de Jorge Astiazarán, Ángel Velasco Villarreal, supervisor del Departamento de Alumbrado Público y Semáforos, denunció la sustracción de 500 balastras de los talleres municipales de la delegación Centenario. Los responsables La responsabilidad de que no se haya logrado el objeto del contrato para el proyecto de modernización de alumbrado de la ciudad de Tijuana, y el daño patrimonial que esto causó al municipio, la tienen los funcionarios que en su momento estuvieron a cargo de su cumplimiento y fueron omisos, tal y como se advierte en los oficios. Por ello, a excepción del extinto David Navarro Herrera, los involucrados deberán ser llamados a comparecer y, de fincárseles alguna responsabilidad, podrían ser inhabilitados. Del pago anticipado por 141 millones 187 mil 578 pesos con 92 centavos, se citará a comparecer a quienes fueron secretarios de Finanzas, Rufo Ibarra Batista y Sergio Antonio Rosete Weben; sobre este tema también deberá responder Yolanda Enríquez de la Fuente, ex síndico procuradora y el tesorero municipal, Sergio Antonio Rosete Weben. La responsabilidad del costo financiero de la demanda civil, a cargo de un despacho jurídico externo y que se tasó en 300 mil pesos, recae en Roberto Ordorica y Marco Antonio Dueñas (oficial mayor en la actual administración municipal), porque en ese momento ellos fungían como director jurídico y tesorero, respectivamente. De la existencia de irregularidades, fallas en las luminarias e inconsistencias en la información proporcionada, contemplada dentro de servicios adicionales, tendrán que rendir cuentas: Esteban Yee Barba, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; los directores de Servicios Públicos Municipales, José Francisco Barrón Macías y Enrique Bautista Corona; y el director jurídico, Roberto Ordorica. Apoyar a Industrias Sola Basic en el mantenimiento de 17 mil luminarias, a través de la Dirección de Servicios Públicos o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, causó al erario una erogación de 9 millones de pesos. Sobre este tema serán llamados a comparecer: Esteban Yee, José Francisco Barrón Macías, Enrique Bautista y Yolanda Enríquez de la Fuente; Marcia Salcido Moreno, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal -DOIUM-; Roberto Ordorica, director jurídico; mientras que de Oficialía Mayor se citará a Óscar Sanabia Peinado y Armando Eduardo Franco Bustos. La omisión en la aplicación en tiempo y forma de las penas convencionales a la incumplida empresa, es una falta por la que tendrán que responder: Édgar Fernández Bustamante (actual director de Promotora Municipal de Tijuana -PROMUN-) y/o Roberto Ordorica Ruiz, como titulares en su momento de la Dirección Jurídica. En esta falla también se involucra a Esteban Yee Barba, José Francisco Barrón Macías, Enrique Bautista, Francisco Fernando Esparza Rosete (subdirector de Construcción de la DOIUM) y Marcia Eugenia Salcido Moreno.

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