La batalla por La Bufadora


 
Reportajez BCS Lunes, 12 Enero, 2015 08:00 PM

Locatarios del centro comercial La Bufadora se impusieron a cerca de 150 agentes de las Fuerzas Federales que, con equipo antimotines, arribaron el martes 6 de enero al segundo destino turístico más importante de Ensenada para ejecutar una orden de desalojo dictada por el Juez Décimo de Distrito con sede en Ensenada, Víctor Miguel Bravo Melgoza, desde 2013, a fin de restituir esas tierras al Ejido Coronel Esteban Cantú. Cada año, más de 600 mil personas de diversos países visitan el fenómeno natural La Bufadora, un géiser marino, de los más grandes a nivel mundial, provocado por el rompimiento de las olas contra una gruta en la parte baja del acantilado, donde al salir, el agua lleva una presión que alcanza una altura de hasta 20 metros. Con el paso de los años, el acotamiento de la carretera estatal que desemboca en dicha zona se comenzó a poblar de negocios informales. Hasta 2013 sumaban más de 300. Algunos comerciantes compraron, pero otros le apostaron a la buena fe de los gobiernos que los dejaron trabajar varios años en la venta de souvenirs, alimentos y medicamentos. Los efectivos asignados a Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana salieron de este último municipio a las 7:00 am en tres camiones de pasajeros directo a La Bufadora, donde se enfrentaron a golpes con los furiosos vendedores que, sin pensarlo, tomaron la delantera con mujeres embarazadas y niños, para evitar el “despojo”. En el altercado, seis personas, entre ellos un menor de 3 años de edad, resultaron con heridas leves provocadas por gas lacrimógeno, caídas y golpes en diferentes partes del cuerpo, derivados del jaloneo. Horas antes del desalojo, integrantes del Comisariado Ejidal confiaron en las acciones de la Policía Federal de sacar con éxito a los comerciantes, por tal motivo, entraron al centro comercial, violaron los candados de cinco negocios, de donde sacaron la mercancía en bolsas negras para después apilarlas sobre la carretera estatal, usada desde hace años como andador turístico.   Una vez que los vendedores combatieron a los efectivos dispuestos en la entrada, Lety, una locataria, vio sus artículos en el piso, y de inmediato confrontó con empujones al secretario de Acuerdos, Rubén Reynoso Barbosa, quien tenía la orden de desalojar. Acto seguido y, por casi una hora, el secretario estuvo rodeado de violentos comerciantes que lo amenazaron con golpearlo si no daba instrucciones a los ejidatarios de regresar la mercancía a los locales. “A mí que me regresen mis cosas a donde estaban y después negociamos, así, ¡órale!, y dónde está el pinche inventario si me quitaron el candado, quiero saber si no me falta algo. ¡Órale, cabrón! ¡No respondo y la neta me estás cansando la paciencia! ‘Yo soy buena onda’ -secretario-, pero la neta se pasó de verga con mis cosas”, insistió Lety con lágrimas en los ojos. Pero Reynoso Barbosa  no pudo hacer nada; solo recibió los insultos, alaridos, también empujones de los coléricos comerciantes. “La orden está autorizada, pero no me han dejado platicar con ellos, es lo que yo les quiero decir. Todo está apegado conforme a la ley”, respondió mientras se encontraba acorralado por los manifestantes.   El Ministerio Público llegó a la zona para realizar un levantamiento de inventario a los locatarios que, consideran, los despojaron de algunos productos. Ayuntamiento dejó caer fideicomiso Durante el periodo de gobierno estatal de Ernesto Ruffo Appel, se constituyó el fideicomiso que obtuvo en concesión el derecho de vía por medio de acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el Periódico Oficial del Estado, donde entre los objetivos, figuraba la construcción y administración de un centro comercial donde se vendieran productos artesanales. Pero no se cumplió. El ahora senador panista culpó a los distintos ayuntamientos de no manejar de manera adecuada el fideicomiso, cuando su intención era que el recurso se destinara al mantenimiento de las instalaciones. “La intención es que hubiera un orden, y buena administración, pero se salió de control”, reconoció el legislador. Y no dudó en acercarse a los vendedores, pero, dadas las condiciones legales donde un juez ordenó un desalojo, es complicado intervenir. “Sé que hay un receso por el momento, pero no sabía que esperaban que yo interviniera, si me piden, me acerco”, aseguró Ruffo. El 17 de agosto de 2010, por conducto de sus representantes legales, como presidente, secretario y tesorero, el Ejido Coronel Esteban Cantú presentó demanda de amparo, radicándose ante el Juzgado Décimo de Distrito, bajo expediente número 666/2010, en el que pidieron la retribución de las tierras, ubicadas a metros del géiser marino. Como resultado de lo anterior, el 16 de agosto de 2011, se dictó sentencia definitiva y se concedió el amparo y protección de la justicia federal a favor del ejido, dejando insubsistente el acuerdo del 11 de julio de 1995, publicado en el POE el 15 de septiembre del mismo año, donde se otorga la concesión de los derechos de vía de la carretera que conecta a la población de Maneadero con La Bufadora, a favor del fideicomiso. Además de restituir al ejido los derechos de posesión y disfrute de una amplia superficie, dentro de la que se encuentra el mencionado centro comercial de La Bufadora. Fue el 22 de agosto de 2014 cuando el Ayuntamiento simuló un operativo de desahucio en el que participó el mismo número de policías municipales que en esta ocasión, quienes al llegar al sitio en disputa fueron recibidos con piedras, machetes y otras armas blancas que tomaron los comerciantes afectados y jornaleros agrícolas del Valle de Maneadero, contratados para repeler las agresiones de los afectivos. En ese entonces, nadie resultó lesionado. En la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre de 2014, a propuesta del diputado Jaime Bonilla Valdez, se dictaminó para el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, intervenir en el ámbito de sus competencias. El fideicomiso La Bufadora El presidente del Fideicomiso de La Bufadora, Luis Alonso Tirado, dejó claro que como representante no tiene autoridad para intervenir en las negociaciones entre los afectados con las autoridades correspondientes. “Hace dos años el fideicomiso perdió el derecho de vía y no tengo nada que ver, solo vine a ver qué”, afirmó. El también empresario restaurantero agregó que el alcalde Gilberto Hirata Chico no le dio instrucciones sobre cómo proceder en el lugar del desalojo. Sobre el posible proyecto de inversión planeado en el Ejido Coronel Esteban Cantú, recordó que el fideicomiso tiene una concesión por 30 años más en la Zona Marítimo Federal (ZOFEMAT). Vendedores desesperados Con un semblante desencajado, Marco Rodríguez, con  44 años vendiendo souvenirs en La Bufadora, recuerda que por la  mañana del lunes 5 de enero lo sorprendieron con una llamada telefónica en la que le informaban que un grupo de personas sacó toda la mercancía de su local. Al pie de su negocio, un bulto de bolsas negras que guardan alrededor de 100 mil pesos en mercancía se encontraban aseguradas por autoridades federales, luego de que los demandantes sacaran sus propiedades. Con nostalgia, Miguel evoca cuando llegó a la zona turística junto con seis locatarios más: “El Ejido ni existía”. Aunque reconoce que no pagó por el terreno donde realiza sus ofertas, considera que los años debieron engendrar algunos derechos para él y los cuatro integrantes de la familia que se sostienen económicamente de las ventas. “Nosotros pagamos Zona Federal porque fue el acuerdo que tuvimos con el arquitecto Alfredo Ávila Escoto, y él nos cobraba una cuota porque era el encargado de zona federal”, sostiene el afectado. La salida de Jaime Palafox Durante los disturbios de esta semana, el abogado Jaime Palafox Granados, quien defiende a los ejidatarios de apellido Díaz, Contreras y Álvarez,  fue tomado del brazo con violencia para sacarlo de la zona comercial. “Esto no se gana con agresiones, sino con la Ley, con la Ley en la mano sabemos que tenemos un título de propiedad de 38 hectáreas que expidió la nación en 1963”, indicó. Para el representante legal, se trató de un acto de distracción para disolver la presencia tanto del secretario de Acuerdos y actuario, como de las fuerzas federales. Ejidatarios se sienten “abandonados” Integrantes del Ejido Coronel Esteban Cantú se mantuvieron al margen en una zona cercana al mar. El grupo, junto con el comisariado ejidal Rafael Ponce, se dijeron abandonados por las autoridades federales, al no llevar a cabo la acción legal que tiene años en el Juzgado. En su opinión, a todo comerciante que compró y tiene documentos para garantizar la propiedad, se le debe respetar su espacio, pero el resto tiene que dejar los locales.   “La situación ha llegado a tal grado y ha sido un gran problema. Todo se hizo conforme a la orden de un juez y un actuario, por lo que consideramos que las cosas se hicieron de manera correcta. Está muy complicado y lo dudo mucho que se pueda lograr algo”, lamentó el comisariado. El plan es que una vez devueltos los predios, el comisariado los entregará al Gobierno del Estado para iniciar un proyecto de inversión que dignifique la zona comercial, en decadencia desde hace varios años. Una Bufadora de primer mundo: SECTURE A través del Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), la Secretaría de Turismo del Estado busca dignificar la zona de La Bufadora para convertirla en un destino competitivo a nivel mundial. Óscar Escobedo Carignan, titular de la SECTURE, considera que después de la Ruta del Vino, La Bufadora es el destino favorito de quienes visitan Baja California. “Hoy las cosas han cambiado, una parte es porque hemos dejado caer La Bufadora y es importante que compita con destinos internacionales con áreas cercanas y otros atractivos naturales, sin duda es lamentable. Nos hemos juntado con los ejidatarios y tenemos interés de que se convierta en un punto de primer mundo”, señaló el funcionario. Aunque habló poco de la inversión, mencionó que los comerciantes “honorables” podrían seguir trabajando en el nuevo proyecto, siempre y cuando se sujeten a las disposiciones de la nueva administración. Escobedo agregó que sin duda, la presencia policiaca afecta la imagen de la zona, a pesar de haberse realizado el desalojo en un día sin cruceros turísticos. “Es como en Francia, lo que sucedió con el atentado en la revista (Charlie Hebdo, el miércoles 7 de enero), en 15 minutos el mundo está enterado. Lo mismo pasa con La Bufadora, en minutos estamos en todo el mundo con esas noticias”, comparó. La sentencia está dictada Los abogados de los ejidatarios coincidieron en que la orden está dada y, en cualquier momento, la autoridad federal regresará para cumplir con el mandato judicial que se ha prolongado por más de dos años.  

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