A inicios de este 2014, el Gobierno del Estado de Baja California, como en su momento Francisco Vega de Lamadrid lo hizo cuando fue alcalde de Tijuana, anunció la aplicación de exámenes antidoping a sus funcionarios, todo con el objetivo de demostrar que quienes llevan las riendas de la administración pública, están centrados en ello, en pleno uso de sus facultades mentales, o por lo menos alejados de los influjos de droga alguna. Con los reactivos y la infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública de Daniel de la Rosa, los exámenes para la detección de drogas en el organismo fueron aplicados por la Contraloría, en manos de Bladimiro Hernández. Así, uno a uno, se supone que todos los funcionarios, incluido el gobernador, fueron sometidos al examen. Pero, como ocurre con la mayoría de las investigaciones y declaraciones de funcionarios públicos, los resultados se quedaron en lo oscuro de algún cajón en la oficina de Bladimiro Hernández. Se dijo que se practicarían, se tomaron algunas fotos para dar prueba de ello, pero jamás se informó de los resultados. Resulta que debemos confiar en el Gobierno del Estado, debemos confiar en que, efectivamente, ninguno de los servidores públicos dio positivo en el consumo de las drogas, dado que no se ha despedido a alguien argumentando su salida por haber fallado la prueba de las drogas. Cuando se trata de las declaraciones patrimoniales, la situación es similar. Por Ley, los funcionarios, otra vez incluido el gobernador, están obligados a presentar su declaración patrimonial a los organismos supervisores de la administración pública estatal, municipal y por supuesto, federal. La idea es demostrar que quienes trabajan para el pueblo, demuestren que han sostenido un modo legal, decente y correcto de vida, que su fortuna no proviene del enriquecimiento ilícito, de la transa, la corrupción o la criminalidad. Además, que las declaraciones patrimoniales sirvan de parámetro para medir el crecimiento económico de los servidores al día de su entrada al gobierno y al día de su salida del mismo, pues la diferencia permite analizar e investigar si hubo peculado o enriquecimiento ilícito mientras se prestó el servicio público. Pero como los resultados de los antidoping, los bajacalifornianos no conocemos las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. No sabemos si son ricos ni cómo han hecho su dinero, si es que lo tienen. Vaya, con todo y que el gobernador se construye una mansión más grande que la “Casa Blanca” de la familia Peña Rivera que, según la ex actriz, tuvo un costo de 59 millones de pesos. Mientras Vega dice que es un empresario exitoso y ello le permite la majestuosa y costosa construcción, los bajacalifornianos desconocemos su fortuna, porque él -a diferencia de su mentor, Don Héctor Terán Terán- no ha querido hacer pública su lista de bienes y cuenta de dineros. La de Baja California, como la de la mayor parte de México, sin menospreciar al Gobierno de la República, es una transparencia a medias. Es una apertura muy cerrada. Los gobiernos que carecen de credibilidad, debido a los muchos casos de corrupción y los pocos que sí han llegado a cortes y Juzgados sobre enriquecimiento ilícito, peculado o cohecho, pretenden que los ciudadanos creamos en su buena fe. Y que si ellos nos aseguran que pasaron el antidoping, y tienen una fortuna legal, les creamos sin ver las pruebas ni hacer las cuentas. En estos días, a ZETA llegó la información extraoficial que al señor Modesto Ortega, titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, lo habían corrido del cargo bajo el argumento que salió positivo en el examen antidoping. Que incluso el funcionario, en su derecho, no aceptaba el resultado que no le favorecía y se negaba a dejar la posición. En la confirmación de la información, hablamos tanto con el secretario de Seguridad como con el contralor. El primero declaró que él no es responsable de los exámenes y que los resultados los tenía el segundo, mientras éste dijo que no tenía la información por el momento. Total, ni uno ni otro sabían cuáles eran los resultados, no solo del señor Ortega, sino de la totalidad de los funcionarios -incluido el gobernador- en relación al antidoping. De hecho, Bladimiro Hernández informó que la aplicación de exámenes y los resultados es un largo proceso. En caso de positivo se envía a un segundo examen que se realiza en la Procuraduría, y que conlleva un largo proceso interno donde el funcionario tiene la posibilidad de defenderse bajo el principio de presunción de inocencia. Es hasta el final, ya con una última decisión tomada cuando el caso “Causa Estado”, cuando se hace público y se sube al registro de sancionados, el cual es público. Hernández insistió: “No tenemos a nadie sancionado”. Y de hecho la información no se ha hecho pública. Así que si el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quiere empezar bien el año 2015, sería bueno que fuera transparente con los bajacalifornianos que le confiaron la administración estatal, que haga públicas las declaraciones patrimoniales para poder medir la honestidad de quienes con él trabajan -además de la propia-, y que haga públicos los resultados del antidoping a sus colaboradores. Sería, pues, un acto de confianza para los bajacalifornianos y un acto de transparencia de un gobierno que necesita de acciones para tener credibilidad y respeto. ¿No?
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