¿Cuál es el límite de la tolerancia?


 
Lunes, 5 Enero, 2015 04:00 PM

“El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (Artículo 39 Constitucional). Una de las grandes obligaciones del Estado de Derecho es preservar la seguridad pública, y desde luego la seguridad nacional, y así el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Federal establece que la Seguridad Pública es una función que compete a la Federación, a los Estados y a los Municipios, función que comprende preponderantemente la “Prevención de los Delitos”, y que respecto de esta función, las Instituciones deben regirse bajo los principios de Legalidad, Objetividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución. Desde luego, los últimos acontecimientos en el Estado de Guerrero y anteriormente en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y otras entidades de la Republica Mexicana hicieron evidente que esa función propia del Estado es peor que deficiente y que su crisis pone en entredicho la vigencia del estado de derecho que se supone nos rige, y que provocó que el enojo y frustración de la ciudadanía ofendida se canalizara en contra del Presidente de la República como responsable de la Seguridad Nacional y de la Seguridad  Pública en virtud de que dicha función le viene del artículo 89 fracción VI y del artículo 21 noveno párrafo, ambos de la Constitución Federal. La tierra de nadie en que viven los habitantes de diferentes partes del país, especialmente en Guerrero y Michoacán, estados en los que los últimos hechos criminales ocurridos en dichas entidades sobrepasaron cualquier límite razonable, conmocionando a todos los sectores de la población y creando un vacío conceptual en cuanto al Estado de Derecho. ¿Para qué sirve? La población, formada en el respeto al orden jurídico ha encontrado hasta estos días, como forma de reclamo y protesta las marchas y los plantones con manifestaciones escritas y verbales enfocadas a presionar y a hacer conciencia en las autoridades de los diferentes niveles de que, simplemente hagan respetar el estado de derecho. Ante la deficiente y casi nula respuesta de las autoridades y además, ante las cadenas que maniatan al gobernado de hacerse justicia por su propia mano establecidas en el artículo 17 Constitucional, se presentan múltiples preguntas como las siguientes: ¿Son suficientes las marchas, plantones y manifestaciones para que las autoridades actúen en consecuencia? ¿Las autoridades realmente escucharán los reclamos de la ciudadanía? ¿Las autoridades y los funcionarios tendrán conciencia de la gravedad de la situación? ¿Las autoridades le estarán apostando al cansancio y sometimiento del gobernado? ¿Cuál es el límite del aguante del gobernado? ¿El gobernado se someterá o se rebelará? ¿Qué hacer ante un sistema de gobierno que no escucha los legítimos reclamos del gobernado? Nuestro sistema de derecho es de incongruencias, pues el artículo 39 Constitucional establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, sin embargo la realidad nos dice que el poder público, aunque sí dimana del pueblo (vota), los beneficiados son los propios funcionarios, los partidos políticos, algunos empresarios cercanos, los delincuentes organizados y hasta ahí llega; el ciudadano común no entra en los beneficios sino solo en las cargas. Es claro que nuestro sistema de derecho está haciendo agua, se está hundiendo, y lo más grave es que la clase política no se ha dado cuenta porque viven en otro mundo, viven en el mundo de la impunidad, viven en la protección política, gubernamental o partidista, viven en un parasitismo insensible, los recurso públicos incrementados con los préstamos son un botín sin fondo para la clase política, la política es el mejor negocio, todos se hacen ricos confiados en la impunidad y en que existe la figura de la prescripción de los delitos (debería desaparecer, al menos para los delitos de funcionarios). El divorcio entre los intereses de los políticos y los intereses de la ciudadanía en general ya es cosa juzgada, es irreversible, si antes se ponía mordaza a la libertad de expresión, hoy, ante la decadencia de los valores humanos ya no hace falta, el cinismo y la impunidad son la fortaleza de los políticos, por ello la confianza de llenarse las bolsas de dinero público sin recato. Les es aplicable: “La verdadera Constitución de un país reside en los factores reales y efectivos de poder imperantes en la nación”.- Ferdinand Lassalle – “Qué es una Constitución”.   El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana,  B.C. Correo: [email protected]

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