Continúa oposición a Zócalo 11 de julio, instalan campamento


 
Ezenario Lunes, 12 Enero, 2015 08:00 PM

El 3 de enero de 2015, trabajadores de las obras del Zócalo 11 de julio comenzaron a cercar con triplay una pequeña zona del Parque Benito Juárez. En respuesta, el 5 de enero integrantes del Movimiento en Defensa del Parque –liderados por Sabino Arellano– instalaron un campamento que obstruyera la terminación de este cercado y de las obras sobre el terreno del parque, desde temprana hora. Arellano señaló que los trabajadores de la obra se mostraron accesibles a no continuar con el avance de la misma mientras el campamento no sea retirado, pese a que algunos de los manifestantes sacudieron el cercado para así derribarlo. “Los funcionarios públicos apoyan en su momento, no soslayamos la situación de la oportunidad política”, comentó el líder del Movimiento. Como ejemplo, detalló que el diputado federal por el Partido del Trabajo, Jaime Bonilla ha apoyado al movimiento “de palabra y con asesorías”, pero no de lleno. Por su parte, el legislador señaló a ZETA haber apoyado a este movimiento incluso antes de pensar en ser legislador, mismo apoyo que es “incondicional y sin protagonismos”. “El ciudadano tiene el derecho de reclamar sus espacios de manera pacífica y legal”, fue la postura de Bonilla frente al campamento. Agregó que en conjunto con el Movimiento de Defensa, prepara un amparo contra la apropiación de este espacio público. Gran parte de la oposición a la construcción de la plaza, es la defensa de más de mil 200 árboles que serían retirados, así como la ocupación de espacios públicos como la calle Juan Ruiz de Alarcón. Arellano entregó a ZETA un documento, emitido por la Dirección de Protección al Ambiente con fecha del  22 de julio de 2014, en el cual se señala no existe registro de anuencia de impacto ambiental para la construcción del estacionamiento del Ayuntamiento de Tijuana, el cual es concesionado. También mencionó que la mañana del 6 de enero, un hombre fotografió a los integrantes del Movimiento de Defensa y sus automóviles, por lo que intervino la Policía Municipal para que estas imágenes fuesen borradas. El sujeto se identificó como “un enviado de MAKRO”, empresa que construyó y concesiona este estacionamiento. Un segundo documento, fechado el 15 de diciembre de 2014, es una respuesta de la Secretaría de Gobierno Municipal. La misiva señala que no existe un acta de sesión de cabildo en que se dé la desincorporación del dominio público de las avenidas Independencia y Juan Ruiz de Alarcón. Estas vialidades son invadidas por las obras del Zócalo 11 de julio y el estacionamiento de Palacio Municipal, para beneficio de particulares. Ese mismo día, los integrantes del Movimiento, entregaron al alcalde Jorge Astiazarán, un documento para que el Ayuntamiento “intervenga para solucionar dicha problemática en lo que respecta a la construcción de la plaza 11 de Julio y a la vez libere las calles Juan Ruiz Alarcón y Av. Independencia”. “Nosotros abrimos el espacio de atención hace meses”, declaró a ZETA el Subsecretario de Gobierno del Estado en Tijuana, Teodoro Barraza. El funcionario aseguró que durante las reuniones que sostuvo la Secretaría General de Gobierno con integrantes del Movimiento de Defensa, se les mostraron los documentos que dotan de legalidad al proyecto, tales como uso de suelo, anuencia de impacto ambiental y la licencia de construcción. Cuestionado acerca de la razón detrás del “rompimiento del diálogo” que señala Sabino Arellano, Barraza declaró que “resultaba difícil” llegar a un acuerdo dado lo contrarias que resultan las pretensiones de gobierno del Estado y del Movimiento de Defensa. El funcionario aseguró a ZETA que los árboles que se han removido del Parque Benito Juárez han sido trasplantados en las cercanías de Centro de Gobierno u otras zonas de la ciudad, existiendo un protocolo para conservarlos. Explicó que para la continuación de los trabajos de la segunda fase del Zócalo 11 de julio, el cual comprende una Torre Emblema de 16 pisos (la cual albergaría a la biblioteca municipal Benito Juárez y las oficinas de algunas dependencias del ejecutivo estatal), será necesaria la remoción de 74 árboles. La obra tiene un costo de 98 millones de pesos con una superficie de 11 mil 250 metros cuadrados. Sobre el obstáculo que representa para la continuación de las obras la instalación de este campamento, Barraza señaló “no entraremos en controversias”. 

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