Comentarios al Código Nacional de Procedimientos Penales (Segunda Parte)


 
Lunes, 12 Enero, 2015 08:00 PM

Una cuestión muy importante surgida a raíz de la publicación del código Nacional de Procedimientos Penales es la relativa a quienes son los sujetos intervinientes en el proceso penal y en este sentido figuran la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, ya sea particular o el de oficio; el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional y la autoridad encargada de la supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Sin embargo es pertinente comentar que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico; también es necesario resaltar que únicamente se considerará víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva y que a su vez se considerará como ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia sea la muerte de la víctima o en su caso, en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que el Código le otorga, se considerarán como ofendidos el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona con la que tenga relación afectiva con la víctima. Con respecto de los derechos de la víctima u ofendido en el proceso penal destacan fundamentalmente, los siguientes: I.- A ser informado de los derechos que en su favor reconoce la Constitución; II.- A que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional (Juez) les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; III.- A contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por el personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como de asistencia jurídica a través de un asesor jurídico (coadyuvante); IV.- A ser informado cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, por el Ministerio Público, y en su caso, por el Juez o Tribunal; V.- A ser tratado sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; VI.- A que se le proporcione asistencia migratoria, cuando tenga otra nacionalidad; VII.- Y un derecho sumamente importante es que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos que estime pertinentes en los términos que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales; VIII.- Igualmente, dentro de los derechos más importantes de la víctima u ofendido se encuentra a que se le provea protección cuando exista riesgo para su vida y su integridad personal, así como a solicitar las medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Algunos derechos interesantes previstos en la nueva legislación es que la víctima u ofendido puede solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentra, para ser interrogado o participar en el acto para el cual fue citado, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia a la oficina de gobierno; así como también destaca en la reciente legislación que el ofendido puede impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de la investigación del delito.   El autor fue presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A. C., y candidato a Doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional Correo: [email protected]

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