Sara Villegas Mascot, abogada de los miembros de la llamada policía auxiliar, aseguró que este cuerpo de seguridad aún existe y su continuidad depende de la decisión de los jueces de distrito que actualmente llevan los procesos de amparo. Sostuvo que son 700 quienes han buscado la vía legal, para comprobar que la Policía Auxiliar tiene los elementos para seguir trabajando. Villegas mencionó a ZETA que los jueces de los Juzgados Primero, Segundo y Cuarto en materia de amparo, han concedido la suspensión para que la policía auxiliar continúe realizando sus actividades como lo hacía antes de que el gobierno municipal creara los servicios de vigilancia auxiliar. Lo anterior porque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha insistido en la desaparición de la policía auxiliar y en que sus elementos caen en el delito de usurpación de funciones cuando realizan trabajos de seguridad con uniformes e insignias de la corporación. “La suspensión está para que se les permite seguir trabajando en las condiciones que lo han hecho hasta hoy. Para que no se les quiten las casetas, continúen con sus uniformes y sigan realizando los rondines de vigilancia nocturna en la ciudad y en puntos fijos”, explicó la litigante. Aunque están pendientes las decisiones de los jueces, Villegas asevera que las autoridades municipales no tienen facultades para deshacer un cuerpo de seguridad. Por lo anterior, ha pedido a los jueces que soliciten tanto a Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública, Patricia Wilkes, director de Policía y Tránsito, y a Antonio Oviedo, director de Servicios de Vigilancia Auxiliar, que demuestren si sus nombramientos permiten la eliminación de la policía auxiliar. Además, agregó que los elementos a los que representa legalmente pertenecen a una “paraestatal”, y cuando se le preguntó el fundamento legal de su afirmación, explicó que es un punto que se tiene que resolver en los juzgados, pues en ninguna ley o reglamento se afirma lo contrario. Sara Villegas Mascot, también ha denunciado por el delito de coalición de servidores públicos a Antonio Oviedo Martínez y a quien resulte responsable ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), denuncia que guarda el expediente 5345/05/2014.
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