A finales de octubre de 1995 el XV Ayuntamiento de Tijuana emitió una declaratoria que obligaba a las empresas gaseras, particularmente la denominada Z Gas, a reubicar el almacenamiento del combustible a una Zona Especial de Desarrollo controlado a la que se denominó Valle Redondo. La medida, producto de airadas protestas de la población circundante a la planta, tenía como fin proveer un control urbano adecuado para el establecimiento de desarrollos habitaciones, establecimientos públicos y privados de concurrencia sostenida como hospitales, centros comerciales y desarrollo multifamiliares, algo hasta entonces ignorado. Cumplir con ese propósito obligaba a la Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V. a mover sus depósitos de acopio de la 5 y 10, uno de los puntos de mayor concurrencia humana de Tijuana, y utilizar sus instalaciones asentadas en el cruce de los bulevares Lázaro Cárdenas y Federico Benítez en la Delegación La Mesa, solo como centro de distribución. Para Valle Redondo se delimitó una zona de seguridad alrededor del predio de la gasera. Un radio de influencia inmediata de1.7 kilómetros se dejaría como espacio de amortiguamiento. Es decir en casi dos kilómetros a la redonda de los depósitos de gas, no podrían instalarse áreas habitacionales, industriales, educacionales, de salud y recreación, entre otros. Cualquier uso urbano o de infraestructura de servicios quedó condicionado a construirse más allá de los 1.7 kilómetros. Los criterios normativos de la declaratoria también restringieron el ejercicio de derecho de propiedad en la zona alrededor de la planta. La reubicación de los depósitos de Z Gas nunca se llevó a cabo del todo, sus instalaciones en La Mesa continuaron almacenando grandes cantidades de gas licuado, además de cilindros de distribución para uso doméstico. Ninguna autoridad municipal hizo valer la declaratoria. Nuevos ordenamientos federales emitidos en 2006 en materia de energía terminaron por frenar el intento municipal de mover la planta, incluso han puesto fin al procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de condiciones de seguridad en instalaciones de Gas LP de la empresa Z Gas de Tijuana. Aunque su distancia es menor de los 100 metros reglamentarios que se requieren de amortiguamiento con construcciones destinadas a habitación, las nuevas disposiciones de tipo federal le permiten a la empresa continuar operando legalmente en medio de casas habitación, escuelas, hospitales, centros comerciales y esparcimiento. El gobierno de Tijuana no solo se quedó cruzado de brazos, sino que terminó por sepultar la declaratoria en 2010, al aprobar el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo en el que se estableció una distancia de solo 350 metros entre las instalaciones de gas y zonas habitacionales. Incluido el caso de Valle Redondo. Y aunque la empresa Z Gas tampoco cumple con la nueva normatividad municipal, garantiza un adecuado mantenimiento y seguridad de sus instalaciones cumpliendo solo con ciertos requisitos y revisiones anuales, que es a lo que la obligan las disposiciones federales. 
Así se hace valer su derecho de antigüedad, ya que la planta se ubicó primero en ese lugar, antes que la mancha urbana; un 11 de agosto de 1964 inició operaciones luego de recibir una concesión inicial por 30 años. Hoy, 50 años después, y pese a los cambios en el desarrollo urbano de Tijuana, su operación es similar a sus inicios. El municipio podría apelar a la autonomía que le concede el 115 Constitucional, pero opta por dejar al tiempo la solución de la controversia que genera el funcionamiento de la planta en uno de los sectores de mayor densidad poblacional. “A título personal considero que la gasera tendrá en un momento dado que retirarse de ahí, no sé cuándo, tendrán que darse algunas condiciones para finalmente alejarse de esa zona que se va a densificar más”, expuso Roberto Sánchez Martínez, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. De Valle Redondo, la idea de convertirlo en un lugar especial de desarrollo controlado quedó en el olvido, el reglamento municipal que rige los usos de suelo no concede un espacio mayor de los 350 metros de distancia para alejar las gaseras de las casas habitación, lo que lo convierte en un punto como cualquier otro de la ciudad, al cual la mancha urbana ya alcanzó, iniciando su acordonamiento con el fraccionamiento Margarita, nuevo asentamiento de más de 2 mil 200 viviendas. Resurge controversia Un punto de acuerdo emitido y aprobado en diciembre de 2013, permitió crear una subcomisión mixta integrada por diputados federales, con el fin de verificar las condiciones que guardan en la actualidad las instalaciones de la empresa Z Gas. 
El dictamen avalado por el Congreso de la Unión acordó emitir un exhorto “a las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal del estado de Baja California, a informar respecto al status legal de compañía Z Gas, en La Mesa, Tijuana, y respecto al nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la población asentada en sus alrededores”. El punto de acuerdo fue presentado por la diputada María del Carmen López Segura, quien de inicio requirió una reubicación de la planta, pero le fue rechazada la propuesta. La legisladora anota que la planta ubicada en la 5 y 10 tiene instalados 8 tanques fijos tipo salchicha de 33 toneladas cada uno, que suman 264 toneladas de combustible y otros tanques de menor tonelaje, lo que representa un peligro inminente al estar rodeado el terreno por más de 2 mil 500 casas-habitación y una serie de centros de salud, educativo y esparcimiento. López Segura anota que los tres órdenes de gobierno tienen atribuciones para frenar la operación de la planta como centro de depósito, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables. “El asunto involucra a la autoridad municipal por ser la encargada de conceder las autorizaciones y licencias de uso de suelo, al estado en cuyo cargo recae la definición de los planes y programas de desarrollo urbano para la entidad”, expone. En el ámbito federal, continuó, tienen responsabilidad la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en virtud de las facultades que en materia de regulación y otorgamiento de permisos y autorizaciones les confieren la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y lo dispuesto en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y las normas oficiales mexicanas aplicables. Los argumentos de la diputada fueron refutados por la empresa Z Gas a través de su representante legal, Efrén Rodríguez Reyes. Con la aprobación de la Subsecretaría de Hidrocarburos, desde 2006 la gasera puede no cumplir reglamentaciones y normas federales a cambio de presentar cada dos años la actualización de su estudio de riesgo ambiental Nivel 2, un dictamen de Unidad de Verificación y el seguimiento puntual del Programa de Verificación de Accidentes. De ese año a la fecha, la empresa solo ha cumplido con estos requisitos, lo que sitúa las operaciones que realiza en el área donde se ubica actualmente, dentro de la legalidad. Del punto de acuerdo emitido por la diputada Carmen López Segura la Cámara de Diputados concluyó solicitar al gobierno de Baja California y de Tijuana, así como a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía le hiciera llegar un informe respecto al status legal de la empresa. También se acordó solicitar a las autoridades competentes, en particular a las dependencias a cargo de Protección Civil del estado y municipio, informar si la población asentada en los alrededores de la gasera se encuentra expuesta a algún riesgo relacionado con las operaciones de la empresa. De ser así se les solicitaría informar las acciones que se estén llevando a cabo para proteger a la población. Hasta el momento los organismos de protección civil, estatal y municipal, no han sido requeridos, así lo comentaron a ZETA sus directores. En tanto, a razón de insistir, a la diputada López Segura la Comisión Reguladora de Energía le hizo llegar el resultado de una inspección de campo el cual, para la legisladora federal, se encuentra amañado. “Se afirma que la planta no representa riesgo y cumple con todos los requisitos de acuerdo a una evaluación de la que no se indica cuándo y quiénes la hicieron, por lo que exijo más información para corroborar si son personas calificadas las que llevaron a cabo la inspección”, manifestó. Minimizar riesgo inminente 
La actividad de Z Gas está regulada y vigilada y las cantidades de gas que maneja en La Mesa son mínimas, “no representan un riesgo”, aseguró Roberto Sánchez, Secretario de Desarrollo Urbano. La revisión es constante para que no sobrepasen los niveles de manejo de gas, sostuvo. Su opinión contrasta con la recomendación de Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en el Estado, quien indica sintetizar al máximo las operaciones de la planta de Z Gas ubicada en Lázaro Cárdenas y Federico Benítez. Para el funcionario estatal es inminente la amenaza de riesgo químico industrial, principalmente para el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que se ubica a un costado de la planta. “La actividad de la gasera es necesaria para el consumo de la población, pero lo más recomendable es que esa área solo se utilice para la distribución de gas solamente, no como almacenamiento, eso se debe mover a Valle Redondo”, sostuvo. Aclaró que del riesgo que en la actualidad representa la planta tienen la culpa las autoridades encargadas del ordenamiento territorial y que determinan los usos de suelo. Primero, porque permitieron instalar un hospital cuando ya la planta estaba, así como condominios y desarrollos habitacionales. Segundo, porque se sigue autorizando a la compañía de gas el continuar operando ahí, “la empresa tiene el visto bueno de la dirección General de Gas y el Municipio, sin considerar la amenaza que representa para todo lo que concurre a su alrededor, particularmente para la clínica del IMSS”, subrayó. Antonio Rosquillas explicó que Protección Civil no puede intervenir, ni emitir una recomendación al respecto, si antes no le es solicitada por alguna autoridad.
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