Por la probable comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos que ocasionaron daños al erario público municipal por cerca de 900 millones de pesos, la Sindicatura Municipal de Mexicali –que encabeza el perredista Humberto Zúñiga– interpuso el jueves 28 de agosto de 2014, una demanda de carácter penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra el ex alcalde Francisco Pérez Tejada y su equipo cercano de colaboradores. 
Dentro del recurso legal solicitan un embargo precautorio –como medida cautelar– a los bienes no solo del ex alcalde, también de Tobías Duarte y Paulo César Hernández (ambos ex secretarios del Ayuntamiento), Jorge Martín del Campo (ex tesorero) y Francisco Fimbres Gallegos (ex tesorero y actual Síndico Social). 
El tema tiene que ver con el desvío de las cuotas de los trabajadores municipales a Issstecali, mismas que fueron descontadas a los empleados pero no entregadas a la institución en un lapso de casi dos años. Durante ese tiempo tampoco entregaron la parte correspondiente a la cuota patronal. Se trata de la segunda demanda sobre este tema contra Pérez Tejada, la primera fue interpuesta por Victoria Bentley –entonces empleada municipal, hoy líder de la burocracia– en mayo del 2013, por una suma que entonces fluctuaba en los 500 millones de pesos. En abril de este año la actual oficial Mayor del Ayuntamiento interpuso una demanda penal contra Pérez Tejada y sus funcionarios al detectar una serie de anomalías en contratos y ventas de terrenos municipales. Ahora a las demandas se suma la Sindicatura Municipal. Pérez Tejada fungió como alcalde en Mexicali –postulado por el PRI en coalición– de diciembre del 2010 a diciembre del 2013, sucedió en el cargo al panista Rodolfo Valdez y en entrevista con ZETA en junio pasado el ex alcalde detalló su versión de los hechos. Dijo que cuando él llego a la alcaldía su antecesor tenía varios meses sin cubrir esas cuotas, se puso al corriente, pero le llegó la crisis y enfatizó en que no se pudo pagar porque no tenían dinero y no contaron con el apoyo del gobierno estatal para aliviarlo. Del federal obtuvieron 80 millones de pesos que les sirvió para hacer un convenio por el adeudo entonces de 600 millones de pesos. “Con el convenio nosotros la libramos legalmente”, expuso el ex alcalde, quien de paso explicó a ZETA que el dinero se lo gastaron “en nómina, gasolina, sueldos, todo lo que es la operación del Ayuntamiento”. 
En la demanda penal interpuesta este jueves contra los ex funcionarios se incluye la solicitud de procedencia –en el caso del actual Síndico Social Javier Fimbres– para que el Ministerio Público solicite al Congreso del Estado que inicie el procedimiento de Declaración de Procedencia y que sea el Poder Legislativo el que determine sí se puede proceder penalmente contra el inculpado. 
Técnicamente la demanda fue interpuesta por el XXI Ayuntamiento de Mexicali contra Francisco Pérez Tejada, presidente municipal en el periodo de diciembre del 2010 a diciembre del 2013, y los entonc es tesorero, Francisco Fimbres, Secretario del Ayuntamiento, Tobías Duarte Corral, tesorero suplente, Jorge Martín del Campo, y Secretario suplente, Paulo César Hernández; ya que tanto Tobías Duarte como Fimbres renunciaron en febrero del 2013 buscando ser candidatos por el Partido Revolucionario Institucional, el primero a diputado local –lo que no logró– y el segundo a Síndico Social, puesto que ocupa en la actualidad. El tema de la demanda se circunscribe exclusivamente a la utilización de dinero descontado a los trabajadores como parte de sus cuotas para el pago de la seguridad social ante Issstecali, pero además por monto de cuotas correspondiente a la parte patronal y que tampoco fue entregado al organismo. Los lapsos van desde agosto del 2011 hasta marzo del 2012 y de julio del 2012 a noviembre del 2013. “No se sabe exactamente en qué se utilizaron esos recursos, no se sabe qué destino tuvieron”, expuso a ZETA un funcionario municipal. De acuerdo a la relatoría de hechos, el 29 de abril del 2013 la empleada municipal Victoria Bentley (entonces precandidata a la Secretaría General del Sindicato de Burócratas en Mexicali) interpuso ante Contraloría Municipal –que depende de Sindicatura– una queja derivada de la falta del pago a Issstecali de sus cuotas al organismo, la cual quedó asentada DC/RES/2013, la que tuvo como respuesta el inicio de una auditoría que como datos arrojó que no se habían cubierto las cuotas mencionadas. Entre los datos se añade que en marzo del 2012 el Ayuntamiento –el frente Pérez Tejada– hizo un Convenio de Reconsideración de Adeudo y Dación de Pago con Issstecali por una suma que entonces llegaba a 213 millones de pesos, entre adeudo principal y recargos. Ahí se comprometían al pago directo de 42 millones, más 590 millones de pago con terrenos y un pago en mensualidades de 8 millones de pesos. Pero el Ayuntamiento no cumplió su parte, por lo que en noviembre del 2013 –un día antes de que concluyera la admiración del XX Ayuntamiento– se firmó un segundo convenio, ya con un adeudo acumulado de 519 millones de pesos, con un pago inicial de 80 millones y 36 mensualidades de 12 millones cada una. Aparte se convino el adeudo por concepto de descuentos por préstamos otorgados por Issstecali –que tampoco había entregado– por 86 millones de pesos pagando dos millones y los 84 restantes en 18 mensualidades. Al día siguiente de la firma de esos documentos, Pérez Tejada dejó el cargo. “No podía dormir, el día que firmé el convenio con la venia del señor Gobernador ante el Secretario de Finanzas, todo quedó firmadito; ese día yo agarré copia y me lo llevé a mi casa, se lo di a mi abogado y con eso nos vamos a defender…”, dijo a ZETA el ex alcalde hace dos meses. El delito de abuso de autoridad implica una pena de 2 a 8 años de prisión, el de peculado de 8 a 14 años y por Coalición de Funcionarios Públicos van de 1 a 4 años de cárcel. En la demanda se solicita el embargo precautorio a los funcionarios mencionados para garantizar la reparación del daño que suma –según los cálculos de los demandantes– en cerca de 900 millones de pesos. Posicionamiento En atención a la denuncia presentada el jueves 28 de agosto de 2014 por el Síndico Procurador del XXI Ayuntamiento de Mexicali, C. Humberto Zúñiga, en contra de un servidor en mi carácter de ex alcalde del XX Ayuntamiento y varios de mis ex colaboradores, es importante precisar que: “Estoy y sigo estando a disposición de las autoridades competentes para aclarar y atender cualquier citatorio. Hasta el momento, este servidor no ha recibido oficialmente requerimiento alguno ni de parte de la Sindicatura Municipal, ni de la autoridad competente. Que soy respetuoso del Estado de derecho, y como ciudadano responsable tengan los mexicalenses la certeza que de que cualquier requerimiento se atenderá en tiempo y forma. Aunque en su oportunidad estaremos ofreciendo la información correspondiente, por respeto a los mexicalenses considero necesario dejar en claro que los recursos públicos se utilizaron de manera adecuada, y eso lo habremos de demostrar ante las instancias pertinentes, ante quienes estamos obligados a presentar las pruebas o medios de convicción. Sabemos y entendemos que estas situaciones son parte de la vida diaria de un municipio y estamos convencidos que la autoridad en cuestión valorará nuestros dichos y pruebas, y se resolverán las dudas de este asunto, que pareciera más un espectáculo político que un asunto judicial. Confiamos en los órganos de impartición de Justicia en nuestro Estado y nuestro país, y esperamos que esta denuncia no transite a la esfera política, como parece ser la intención de quienes hoy emitieron tal posicionamiento en nuestra contra. Atentamente Francisco Pérez Tejada Padilla
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