La mañana del lunes 22 de septiembre, policías municipales y locatarios de la zona turística de La Bufadora estuvieron a punto de iniciar un violento enfrentamiento, en lo que fue un intento fallido por parte del gobierno municipal para hacer cumplir la orden del Juez Séptimo de Distrito con sede en Ensenada, quien ha requerido a la fuerza pública para que cerca de 1.5 hectáreas de terrenos ubicados en este emblemático lugar de Baja California, sean entregados a representantes del Ejido Coronel Esteban Cantú. Durante las primeras horas de la mañana, 500 personas, entre locatarios y grupos de apoyo “afines” al movimiento de resistencia denominado “La Bufadora en Lucha”, cerraron el único acceso a la zona turística y comercial, colocando vehículos y una barricada de piedras, con troncos y tela empapados en gasolina, armados con machetes, palos, varillas y gritando consignas en contra de la autoridad por lo que consideran una medida injusta en un conflicto legal plagado de irregularidades. La tensión llegó a su máximo nivel poco después de las diez de la mañana, cuando el director de Policía, Enrique Villarreal Montemayor, y Óscar Hernán de la Peña Ojeda, titular de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, hablaron con el vocero del movimiento, Darvy Batallar Gómez, para indicarles que serían desalojados por la fuerza, a lo que él advirtió que no cederían el espacio. Plantado al frente, Batallar fue el primero de los locatarios en ser empujado por elementos municipales, quienes se abrieron paso entre la barricada de automóviles para acercarse al punto marcado por los locatarios como la principal línea de defensa. A menos de cuatro metros de distancia, y armados con palos y machetes, policías y locatarios se mantuvieron a la espera de órdenes de sus respectivos líderes. Y cuando parecía que la pugna era inminente, el director de Asuntos Jurídicos avisó a los locatarios que se retirarían, pero volverían después. Luego vinieron gritos de victoria entre el grupo de La Bufadora, quienes alzaron los brazos mientras los policías caminaban en reversa y se alejaban del sitio. Segundos después, Enrique Villarreal Montemayor explicó que las condiciones eran muy riesgosas y no estaban dispuestos a tener un enfrentamiento violento con los locatarios. Semanas atrás, las declaraciones del secretario general del Ayuntamiento de Ensenada, Jesús Jaime González Agúndez, eran que tanto él como el alcalde, Gilberto Antonio Hirata Chico, preferían ser destituidos de su cargo antes de iniciar un desalojo violento. Sin embargo, lo que se observó el lunes 22 de septiembre fueron policías con escudos anti-motines, protegidos con cascos, guantes, portando toletes y armas de fuego, listos para los golpes. — ¿Cambiaron la fecha para el desalojo?, preguntó ZETA al titular de la Policía Municipal de Ensenada. “No hay fecha”. — ¿Por qué se retiran? “Ustedes están viendo, todos están filmando. Estamos tratando de hacer todo dentro del marco de derecho, únicamente”. — ¿Qué pasará en este momento? “Tendremos que esperar el acuerdo del juez, únicamente, no hay más que decir”, agregó el funcionario, quien iba fuertemente escoltado. Por otro lado, Óscar Hernán de la Peña indicó que la seguridad había sido un factor a considerar en la retirada de los policías municipales. — ¿Qué rol le tocaba jugar a Usted dentro de todo esto?, se le preguntó al funcionario. “Ejecutar la orden del juez. Yo soy el director jurídico y a mí me correspondió heredar el problema estrictamente legal. Intentamos hacerlo (el desalojo), era evidente, de avanzar más, se iba a derramar sangre, y había personas que consideramos inocentes, pero que están dispuestas a todo”. — ¿Quién recomendó que se retiraran? “Fue decisión de común acuerdo entre las personas que organizamos el protocolo de esta diligencia, se va a valorar, obviamente lo vamos a atender con el juez, y en su momento informaremos oportunamente”. De acuerdo al director de Asuntos Jurídicos, el XXI Ayuntamiento de Ensenada mostrará al juez, pruebas de lo ocurrido el lunes, donde intentaron ejecutar la sentencia, pero no les fue posible. Será el juez quien les indicará, dicen, cómo proceder. “Ya él verá si hay necesidad de invitar a algunas corporaciones de otro orden de gobierno, no sé, lo veremos en su momento”, dijo De la Peña. No obstante, la postura de resistencia y oposición al desalojo se mantendrá por parte de los locatarios. “La gente hace valer sus derechos, tienen posesión por muchos años, que es lo que argumenta, y creo que todos tenemos derecho a defender lo que consideramos es nuestro. Respetamos la postura de ellos, y pues obviamente están muy molestos con el proceder nuestro, pero lamentablemente es una orden de un juez federal y no es opción”, agregó el funcionario municipal. Según los locatarios, la administración “hiratista” no ha sabido abordar el conflicto adecuadamente, y en vez de buscar vías de diálogo, políticas o legales, ha optado por el uso de la violencia. Segundos antes de la llegada de los policías, el representante de “La Bufadora en Lucha”, Darvy Batallar Gómez, mencionó que el uso de la fuerza pública ponía en evidencia que el ayuntamiento ha carecido de una estrategia clara, firme y contundente para resolver el conflicto. “Me parece que sus operadores políticos no han sido lo suficientemente eficaces para encontrar puntos de conciliación y de negociación. De igual manera, el área jurídica no ha tenido mucha experiencia en abordar desde la perspectiva jurídica el conflicto. En este momento lo que nosotros queremos, es que se reconstruya un puente de diálogo, de conciliación y de negociación”, refirió Batallar. 
Mientras esto ocurría, el mismo lunes 22, el senador por Baja California, Marco Antonio Blásquez, mostraba a través de su cuenta de Facebook, fotografías de oficios que envió ese día tanto a la Secretaría de Gobernación, como a la Presidencia de la República (dirigidos a Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto), solicitando su intervención en el caso del conflicto de La Bufadora, por verse afectado el sustento de cientos de personas que durante décadas han trabajado en el sitio. Blásquez, quien días atrás había anunciado su respaldo al movimiento de resistencia de locatarios de La Bufadora, a través de integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Ensenada, refirió lo siguiente: “Luego del intento de desalojo de los locatarios de La Bufadora, creo que el municipio de Ensenada debe declararse incompetente ante el Juez Séptimo de Distrito, y que éste, si tanta es la ‘urgencia’ de despojar a 150 trabajadores de su fuente de empleo, solicite en otra esfera de gobierno la fuerza pública de desalojo. Por mi cuenta demandaré mañana ante el Pleno del Senado la intervención del Presidente de la República y del Srio. de Gobernación”. En efecto, el gobierno municipal, a través de un comunicado, declaró haber sido superado en número por los locatarios, quienes recibieron apoyo adicional de MORENA, que les ayudó con aproximadamente 150 personas para resistirse a los policías y evitar el desalojo. Versiones que ZETA no pudo confirmar, daban cuenta de que los asistentes adicionales a la manifestación recibieron 100 pesos por asistir, y/o 200 pesos por involucrarse en la gresca. El director de la Policía Municipal aseguró haber llevado 200 elementos para el desalojo, después, en un comunicado de prensa emitido por del XXI Ayuntamiento, la cifra subió a 250 elementos que asistieron a La Bufadora para cumplir con la orden del juez. Por su parte, Darvy Batallar estimó en 500 las personas que estaban en el grupo de resistencia autodenominado “La Bufadora en Lucha”, el gobierno municipal señaló que eran 800, y que por ello Seguridad Pública no pudo llevar a cabo el desahucio. “La Policía Municipal se declaró imposibilitada”, confirmó el Ayuntamiento. A decir por Enrique Villarreal, “las amenazas y actitudes de provocación” que recibieron por parte de los locatarios, ponían en riesgo la seguridad de mujeres y niños que estaban dentro del grupo de “atrincherados”, y decidieron retirar a las fuerzas municipales para evitar pérdidas humanas o lesiones. Asimismo, el titular de la corporación estimó que para llevar a cabo ese tipo de diligencias, requieren de aproximadamente mil 500 elementos policiacos. Por lo que necesitarán del apoyo del Gobierno Federal, ya que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no cuenta con el número de agentes para realizar el desalojo. “En el tema de La Bufadora, estamos trabajando en ello, aquí lo que queremos es el diálogo, como lo dije desde un principio, y buscando todas las formas legales. Actuamos nosotros con responsabilidad, cumpliendo la Ley, y sobre todo, preservando el derecho y la justicia, y en esa parte está el proceso”, declararía el miércoles 24 de septiembre el alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata, durante una atención a medios locales. Cuestionado respecto a si el ayuntamiento está fuera de todo el proceso tras el fallido intento de desalojo, respondió: “No podemos decir que está afuera, estamos al pendiente, estamos atentos, y el día de mañana (jueves 25 de septiembre) nos citó el juez para que le presentáramos el acta circunstanciada que levantamos inmediatamente, y que ahí tenemos todas las evidencias del caso”. Lo anterior implicaría que el gobierno municipal se declare imposibilitado para realizar el desalojo, por lo que deberán intervenir elementos de seguridad de otros niveles de gobierno. 
— El senador Marco Antonio Blásquez envió una carta al Presidente de la República y al secretario de Gobernación en torno a este caso, ¿ya ha tenido comunicación con él? “Yo he estado todos los días, casi todos los días en comunicación con el senador Blásquez, desde antes, durante y todavía el día de ayer, estamos en comunicación”, indicó Hirata. En una parte de la carta dirigida al Presidente Peña Nieto, Blásquez especifica: “Más de doscientas familias me han manifestado que están a punto de ser desalojadas de los locales comerciales que ocupan en el corredor turístico de la zona conocida como La Bufadora (…) El Fideicomiso público que se constituyó sobre dicho corredor se abstuvo inexplicablemente de informar al órgano judicial que los locatarios entraron en posesión de los espacios turísticos aun antes de que se constituyera el Ejido Coronel Esteban Cantú, parte quejosa del amparo (…) Me permito solicitar que, de ser posible y si para ello no hay inconveniente, la Presidencia de la República intervenga para buscar una solución que permita a los locatarios continuar con sus actividades productivas, al Ejido la certeza jurídica de sus títulos agrarios, en contraste con la superficie de dotación, y a los habitantes del Municipio de Ensenada, continuar gozando de la derrama económica que representa la zona turística de La Bufadora”. Mientras tanto, los locatarios mantendrán guardias día y noche hasta que el conflicto llegue a una solución, pues temen un desalojo en cualquier momento.
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