La justicia laboral universitaria


 
Lunes, 1 Septiembre, 2014 03:00 PM

Los teóricos laboralistas señalan que los Tribunales del Trabajo son formalmente administrativos y materialmente jurisdiccionales porque resuelven las controversias obrero-patronales, sin embargo aún persiste el reclamo de que los conflictos de trabajo deberían resolverlos un juez de lo laboral, en virtud de que el Poder Judicial, al menos en el Estado solo tiene jueces que conocen de asuntos penales, civiles, mercantiles, pero no conflictos del trabajo. Por otra parte la fracción XX del apartado A del artículo 123 Constitucional es contundente en su señalamiento de que los conflictos entre el capital y el trabajo deben resolverse por una Junta de Conciliación y Arbitraje integrada por representantes obreros y patronales y uno del gobierno. En el trabajo anterior sobre la calidad de la justicia en Baja California, me referí al Poder Judicial del Estado, siendo pertinente agregar al respecto, que la estructura normativa de dicho poder establece la obligatoriedad de llegar a los cargos de jueces mediante concursos, lo cual no acontece en los Tribunales del Trabajo en los que los presidentes de las juntas llegan a dichos puestos por designación. Una diferencia notoria entre la justicia que emite el poder judicial y la que se emite en materia de trabajo, es que la primera la dicta una sola persona que es el juez (Primera Instancia) y en materia laboral quien teóricamente dicta los laudos (sentencia) es un cuerpo colegiado, aunque en la práctica sea el Presidente de la Junta el que resuelva y los representantes obrero-patronales solo firmen; esta realidad motiva a que se insista en que sean jueces de lo Laboral los que resuelvan los conflictos obrero-patronal. En materia de justicia laboral universitaria, en Baja California solamente existe un Tribunal que resuelve los conflictos entre  la UABC  y sus empleados, que es la Junta Especial No. Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, B.C. Dicha Junta está integrada actualmente por Elizabeth Ruiz Hernández como representante del gobierno en sustitución de Rocina Zepeda Chairez quien se encuentra incapacitada; Ricardo Dagnino Moreno como representante patronal, quien actualmente es el Secretario General de la UABC; y Juan Guillermo Espinoza Aguilar como representante de los trabajadores, quien es representante del Sindicato de Profesores Superación Universitaria de la UABC. El procedimiento de trabajo tiene como objetivo principal dictar un laudo que debe basarse en los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. Dichos preceptos obligan a los juzgadores a ser exhaustivos en el estudio, responsables e imparciales, claros y congruentes, a verdad sabida, buena fe guardada, apreciación de los hechos en conciencia, expresar los motivos y fundamentos, las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y la doctrina. Es importante que tengan presente los juzgadores del trabajo el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional que les impone que las resoluciones que deban dictar, deben hacerlo de manera pronta, completa e imparcial. La Junta de conflictos Universitarios conoce el expediente 769/2012-5 relativo a la demanda presentada por Daniel Solorio en contra de la UABC, el cual  ha sufrido varias violaciones a los principios constitucionales y a los previstos por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo de sencillez, de concentración y de economía, principios que si se hubieran respetado, el juicio hubiera concluido el mismo año de 2012. Dicho expediente indica que se encuentra pendiente de resolución un incidente de nulidad de actuaciones, incidente que tal vez ni siquiera debió admitirse porque no se refiere a notificaciones defectuosas, y en ese sentido existe criterio emitido por la Suprema Corte (contradicción de tesis 67/2004 S.S.) de que son improcedentes cualquier otra nulidad que no se refiera a notificaciones. El juicio de Daniel Solorio ha sufrido retraso sustancial, con violación al principio de concentración previsto en el artículo 685, 873, 875 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012 en que fue reformada, y que por disposición del artículo Décimo Primero Transitorio del decreto, dicho juicio debe apegarse a las normas de la Ley vigentes antes de la reforma. Los integrantes de la Junta Especial No. Cinco, ante el juicio de Solorio, están en la oportunidad de dignificar la función jurisdiccional laboral, demostrar que su imparcialidad está más allá del temor de perder el trabajo, la oportunidad de demostrar que sus principios no tienen precio, que son capaces de impartir una auténtica justicia laboral.   El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana,  B.C. Correo: lic_g_davila@hotmail.com

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