El tema parece tabú entre los magistrados del Poder Judicial de Baja California. De hecho, quienes conforman el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, temen hablar del relevo en la Presidencia de ese órgano colegiado que en los últimos siete años ha presidido la licenciada María Esther Rentería. “Al que saque la cabeza, le pegan”, refiere uno de los magistrados, en franca ironía de la equidad y justicia que juran proveer. Y es que el lunes 3 de noviembre de este año, acabará el septenio de la presidenta del Tribunal. Los 17 magistrados deberán designar -con al menos nueve votos- al nuevo presidente del organismo, que a la vez fungirá como presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura por los próximos tres años. En entrevista, los pocos que se atreven aseguran que no hay efervescencia al interior, que están ocupados en su trabajo, que no hay línea ni mano negra. Que ese día y en sesión decidirán su voto. Hasta el momento ningún magistrado ha dicho abiertamente que aspira a la Presidencia. Pero soterradamente ya hay fricciones. Los magistrados toman posiciones -se dice que por un lado van los de las salas civiles y por otro los penales-, inclusive se especula que la actual procuradora de Justicia de Baja California, Perla del Socorro Ibarra, podría suspender su licencia para regresar al Poder Judicial y buscar ocupar la silla de presidente con la venia del gobernador, Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Además, quien resulte electo presidente del Tribunal Superior de Justicia, encabezará un trienio donde resaltan temas pendientes como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Zona Costa, la instauración de los Juicios Orales Mercantiles, los procesos por narcomenudeo y la vigencia del Código Federal Único de Procedimientos Penales. Destaca lo expuesto por el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda: debería establecerse una serie de lineamientos para que el proceso de renovación fuese más abierto y, que quien buscase la Presidencia del Tribunal, no solo lo exponga públicamente, sino que además presente una propuesta. No es fácil: Jiménez Carrillo 
“Claro que es importante, representa un Poder, pero dentro de eso existen también, en la Ley Orgánica, obligaciones para quien se elija presidente para con el pleno; una de ellas es informar de las actividades que realizan”, comenta de entrada el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, adscrito a la Cuarta Sala Penal. “En mi experiencia de casi 19 años que he estado aquí, no hay efervescencia, casi siempre en el último momento se platica, se ve quien quiere echarse ese paquete”, asegura. En cuanto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal -que ahora le tocará a la Zona Costa-, Jiménez Carrillo sostiene: “No se trata de construir nuevos edificios, aunque es evidente que los que tenemos para tradicionales ya no funcionan para eso, porque el mecanismo es completamente diferente, (esto) si se pretende lograr la oralidad como baluarte”. En el caso del funcionamiento del NSJP en Mexicali, opina que hay carencias, pero a la vez, existe una expansión de este nuevo sistema que implica que se siga preparando a todos los participantes: “No solo se trata de un tema cultural, sino además, las instituciones que convergen, entenderlo y apoyarlo, y cada quien debe hacerlo desde su trinchera”. Según Jiménez, en la implementación del Nuevo Sistema en Tecate, Rosarito, Ensenada y Tijuana, hay mucho trabajo por hacer: “Sí es un paquete difícil, creo que hay que meterle mucha actitud para la toma de decisiones y una gestión exhaustiva, recursos para poder capacitar a todo el personal. Tijuana es un gran reto…solo con inteligencia, creatividad y buenas decisiones, se puede lograr”. Entre otros puntos clave, menciona la constitucionalidad local -en los casos de segunda instancia-, lo que significa una redimensión del Poder Judicial. Acerca de la sucesión, el magistrado comenta que “por discrecionalidad no se trata, no platicamos los magistrados de ese tema, tradicionalmente ha sido hasta que se acerca la fecha, y a veces hasta el mismo día (que lo abordamos). No es fácil ocupar esa representación, implica muchas cosas, hasta familiares. Te da satisfacción, pero te limita, quien asuma debe hacerlo con plena conciencia de que hay grandes retos y que va a haber mucho trabajo”, concluye Marco Antonio Jiménez Carrillo. Pronta, completa, imparcial: Cebreros 
Para el magistrado José Luis Cebreros -adscrito a la Primera Sala Civil-, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal es muy importante, sobre todo ahora que sigue la Zona Costa. “En la medida en que vayan llegando los recursos, hay que actualizar al medio a todos los involucrados en la cuestión de la carrera judicial; es un sistema nuevo, no estamos muy adentrados en cuanto a la exposición oral. El problema que también, existe es en cuanto a la actualización de los abogados”. En cuanto al funcionamiento de este sistema en Mexicali, acepta que falta por asentarse: “Tenemos asuntos en materia penal, lo que nos ha permitido la Procuraduría en cuanto a las consignaciones que va haciendo, pero en algún momento se va a abrir y van a ser múltiples las consignaciones, hay que enfrentar todo eso”. Sobre el reto que significa ampliar la implementación a la Zona Costa, sobre todo a Tijuana, Cebreros evalúa: “Por la población que tiene, un cierto número es flotante, no deja de ser grande. El procedimiento que llaman tradicional, ahorita lo está soportando en cierta medida, pero cuando entre el Nuevo Sistema allá (va a ser más difícil), pues aquí en Mexicali ya tenemos cuatro años y no podemos decir que ya estamos al cien. Tijuana es algo grande”. Aparte, hace mención de otros temas fuertes, como los Juicios Orales Mercantiles -en vigor desde 2013- ,dado que la Ley exige la presencia del juez en las audiencias, “aunque hasta el momento no se ha sentido mucho esa exigencia, como en materia penal”, y no existe la infraestructura que marca ese nuevo concepto. Otro rubro pendiente tiene que ver con el narcomenudeo y la concurrencia que se ha dado a los estados. “Sabemos que lo grueso del narcotráfico es el narcomenudeo, son pocos los asuntos de juicios y consignaciones, los grandes del narcotráfico, lo que hay en abundancia es el narcomenudeo; es lo que estamos implementando todos los días”, expone el magistrado. En ese contexto se le pregunta sobre el perfil necesario para quien encabece el Poder Judicial en los próximos tres años, a lo que responde “Hay que estar consciente de lo que es propiamente la autonomía, la independencia del Poder Judicial, tenemos que estar conscientes de que el Poder Judicial no es una institución que recaude, que tenga fondos propios, lo poquito que tenemos en el Fondo (Auxiliar) no es un soporte”. Para finalizar, José Luis Cebreros enfatiza que, como marca la Ley, debe velar porque la justicia sea pronta, completa y parcial: “En cierta medida el presidente (del Tribunal) tiene las funciones de Policía dentro del Poder Judicial, pero más que eso, es la persona que dirige las discusiones del pleno en cuanto a las grandes decisiones. Debe tener un perfil al que se le podría llamar de imperio, en el sentido de ordenar cómo desarrollar las decisiones, la toma de decisiones”. Nuevo Sistema, al fracaso: Gómez Arias 
Por su parte, el magistrado Raúl Gómez Arias -adscrito a la Segunda Sala Civil- menciona temas como el narcomenudeo y los juicios orales, caracterizándolos como una imposición que se hizo a nivel federal, lo que obliga a los estados a contar con Juzgados especiales en esas materias. ”Ahorita lo que corresponde al narcomenudeo, pues están conociendo en los Juzgados ordinarios, eso les ha incrementado el trabajo aproximadamente en un 30 por ciento”, refiere. Gómez Arias –quien presidió el Poder Judicial en el año 2000- afirma que el narcomenudeo, siempre y cuando se trate de personas enfermas y sin que el detenido esté acompañado por otro delito, debe ser un asunto que se atienda en las barandillas, ante los jueces municipales, sin tener que consignar ante el Ministerio Publico, mucho menos a los Juzgados. “Los Juzgados comunes que desde hace un año están conociendo el tema del narcomenudeo, están saturados”, indica. Califica como delicado el pinto de la ampliación del Nuevo Sistema hacia la Zona Costa, especialmente a Tijuana. “La fecha límite que dieron para implementarlo en toda la República es para 2016, pero el Poder Judicial Federal no lo ha implementado, y ya vamos a entrar en 2015. “En lo particular no estoy de acuerdo con el Nuevo Sistema Penal acusatorio, creo que es una tendencia que tarde o temprano va a fracasar”, advierte, y al solicitarle ampliar este concepto, añade: “Creo que la víctima es la que lleva la mayor parte de desventaja”. En su opinión, la Zona Costa ocupa -no solo en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, sino en rubros como el civil o mercantil- la mayor cantidad de asuntos en Tijuana, además de que no ve que los recursos que se necesitan para la implementación estén fluyendo. Acerca de la sucesión, el magistrado aclara que nadie se ha acercado a él para pedirle su voto. “No siento que haya ninguna efervescencia”, dice en relación a que aún faltan dos meses para el relevo”, por lo que considera que no se tratará de un proceso atropellado. En cuanto al puesto de magistrado presidente, Raúl Gómez Arias admite que se trata de un paquete difícil, que implica mucho trabajo y responsabilidad. Tarea difícil: Cataño 
El magistrado Carlos Cataño González -adscrito a la Quinta Sala Penal y parte de los tres más nóveles en el puesto-, opina que el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, implica tener conocimiento en todos los campos, desde lo administrativo a lo jurisdiccional. “Quien llegase a ocupar la presidencia, es una tarea difícil, es obvio que tiene que ser apoyado o apoyada por el resto de quienes conformamos el Poder Judicial”, asevera. Las recientes reformas a la Constitución en el rubro de los derechos fundamentales, han dado margen a que los criterios de la Corte y los Colegiados amplíen conceptos que antes no tenían tanto auge como ahora. Entre los temas pendientes, Cataño señala como ejemplo el ampliar a los demás municipios el NSJP, los Juicios Orales Mercantiles, o el Código de Procedimientos Único para toda la República, lo cual no será tarea fácil. “Tendrán que buscarse los procedimientos, los mecanismos para lograr concientizar, primero al interior del Poder Judicial, para logra eficiencia. Hay una diferencia entre el sistema tradicional con respecto al sistema nuevo”, explica el magistrado, para después reconocer que en Mexicali sí se ha complicado su implementación. “Hay escepticismo en cuanto al Nuevo Sistema, creo que no es el punto el generar dudas al respecto. Yo no creo que sea el sistema el que esté fallando, creo que quienes fallamos, somos los operadores; si queremos estar a la par, necesitamos capacitación, profesionalizarnos”, reconoce. “Desafortunadamente, hacia afuera hemos dejado un mal sabor de boca. El tema de la investigación, si Procuraduría ejerce la acción penal y deja libre a una persona, la sociedad no va a quedar conforme; pero si falla el Poder Judicial ante una buena investigación de Procuraduría, será exactamente lo mismo”, cita a manera de ejemplo, y amplía: “Estamos a la vanguardia en cuanto a la aplicación del Nuevo Sistema, pero como operadores tenemos que hacer mucho más, dar un 200 por ciento de lo que nos exige”. Del proceso de renovación, infiere Carlos Cataño, hay que esperar los momentos: “Lejos de estar pensando por quien voy a votar, creo que nadie de los que estamos aquí estamos con esa idea, eso es como preocuparte por esa situación y dejar tu propio trabajo. Debemos dejar que las cosas corran, y en el momento de la designación, se liberará la posibilidad de determinar a quien dirija los destinos del Tribunal en los próximos tres años”. Fecha de estallamiento: Pérez Castañeda 
Jorge Ignacio Pérez Castañeda -magistrado del Tribunal para Adolescentes- ha acuñado un concepto para el tiempo límite en cuanto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad: fecha de estallamiento. Desde su punto de vista, esa fecha -junio de 2016- conlleva un sinfín de actividades, de acciones concretas donde la capacitación resulta fundamental. Pero además hay otros rubros, como la necesaria infraestructura, ya que para las audiencias públicas, el número de salas debes ser suficiente. En Mexicali funcionan diez salas en la parte urbana y otras tres en el Valle. Pérez cita el caso de Tijuana, donde el Partido Judicial tiene mayor dimensión. “Si imaginamos el caso de Tijuana, llegamos a la conclusión de que se requiere más de lo que tenemos en Mexicali, y eso implica que se empiece a trabajar cuanto antes, para ver dónde van a estar ubicadas. La experiencia en Mexicali fue que tardó poco más de un año, creo que para el caso de Tijuana tendrían que estar trabajando desde ya. “También está el tema de los equipamientos, el equipo de video, personal capacitado para manejar el sistema. Requiere una capacitación especialmente intensa en las policías, los defensores” lo que implica que desde ya se empiece a trabajar en todos esos rubros. Sobre los Juicios Orales Mercantiles, asegura, se trata de una reforma que no ha sido bien implementada, al implicar la obligada presencia del juez, la parte actora y la demandada, para llevar los juicios de manera oral, lo que no se ha concretado. Pero advierte: “Desconozco si eso esté generando impunidad en cuanto a que los asuntos que deban tramitarse bajo esta forma, oral mercantil, sencillamente no se estén realizando, porque no hay estructura ni hay medios, lo que implica que algún acreedor va a quedar sin ser resarcido de lo que se le adeuda”. De acuerdo con el magistrado, es importante obtener los recursos, aparte, debe haber creatividad para administrar lo que ya se tiene y ejercer esas reformas. También menciona la necesidad de utilizar herramientas más modernas -como la informática- para el manejo informativo y de diagnóstico que sirva para hacer más eficientes los recursos. En ese sentido, aventura la posibilidad del uso de la era digital en temas como los procesos civiles, donde se puede empezar con la notificación electrónica, igual los acuerdos. Se trata de utilizar un expediente electrónico -con todos los candados, por supuesto- que permita al abogado moderno dar seguimiento a sus casos a través de internet. Del tema del relevo, el magistrado del área de Adolescentes expone que el Poder Judicial lleva sus propios tiempos, totalmente diferentes a los de los otros poderes: “Estoy seguro que en lo subsecuente el tema irá tomando mas forma, más intensidad”. Pérez Castañeda considera muy particular el proceso de relevo en la Presidencia del Poder Judicial -sin tanto tinte político como en los otros poderes-, sin campañas, ni planillas. Cuestionado respecto a que nadie presenta un plan de trabajo o se abre, José Ignacio Pérez Castañeda revira: “Es algo que tenemos pendiente regular, hay un plan de desarrollo judicial, pero no está regulado. Creo que es una tarea pendiente de nosotros el impulsar la generación de una serie de lineamientos para quienes aspiren a la Presidencia del Poder Judicial, por ejemplo, la presentación de un plan de trabajo que tenga los suficientes elementos para ser concretado. Eso sería parte de la transparencia y, a final de cuentas, el principal interesado es la sociedad. “No estaría mal que a quienes nos debemos, conocieran qué pretende quien busca representar a uno de los tres poderes del Estado”. El magistrado finaliza con la idea de que, quien sea electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, debe significar “un factor de armonía y unión entre todos los integrantes del pleno”.
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