Por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ciudadanos podrán ampararse contra los cobros excesivos o cortes irregulares del servicio de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), medida que, de acuerdo al Frente Cívico Mexicalense, podrían utilizar cientos de mexicalenses. El organismo reporta cerca de 200 casos de cobros exagerados a la semana, mientras que durante temporada de verano, se documentan hasta 5 mil quejas en la capital del Estado. “Vamos a instalar mesas de recolección de firmas en cada una de las oficinas de pago de la CFE en Mexicali”, adelantó el dirigente del grupo, Sergio Tamai. Ésta es la primera respuesta local a la decisión de la Suprema, ya que el 27 de agosto de 2014, la Segunda Sala del organismo modificó diversos criterios que eximían a la paraestatal eléctrica de ser susceptible de amparos. “Significa que se reabre la oportunidad defensiva contra los actos de la Comisión consistentes en los cobros”, explicó el abogado y experto constitucionalista Daniel Solorio Ramírez. De acuerdo al abogado mexicalense, la premisa para que se pueda solicitar un amparo es que el acto que le afecte al ciudadano provenga de una autoridad, palabra que ha estado sujeta a diversas acepciones dentro de los abogados mexicanos. En el caso de la CFE, durante años estuvo al margen de juicios de amparo debido a que los criterios de la Corte mantenían que no se trataba de una autoridad bajo el argumento de que era un organismo público descentralizado –se supone no es el Estado mismo– con patrimonio e intereses propios. Pero ese criterio cambió –explica Solorio– y estuvo vigente durante casi seis años, la aceptación para que los ciudadanos pudiesen ampararse contra la paraestatal. Pero luego de un lapso de cinco años la misma SCJN modificó de nuevo sus propios criterios, regresando al concepto antiguo. Hoy, con la Nueva Ley de Amparo se reestablece la posibilidad de ampararse debido a las reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos de 2011. A esto se le suma que en abril de 2013 fue modificada la Ley de Amparo y se abrió la pauta para la procedencia de estos amparos. Menciona un artículo de la nueva Ley, el V fracción II, en su último párrafo, “los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable –para efectos de amparo– cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”. De esta forma, la instancia judicial ha definido que ese mismo contrato es entre una autoridad –la CFE– y un particular, por eso se abre la posibilidad del amparo ciudadano. Sin embargo, Solorio explica que con estos preceptos se establece la viabilidad del amparo, pero aun así debe probarse que se trata de un cobro indebido, de la existencia de una ilegalidad. “Es una puerta legal que se abre, muy importante, pero hay que ver la aplicación”, sostiene por su parte Sergio Tamai. El líder dijo que el Frente Cívico está en contacto con con organismos ciudadanos de otras partes de la República –como Chiapas, Mazatlán y el DF– para coordinar la promoción de los amparos.
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