Por falta de certificación, el 14 de abril de 2014, el Juez Primero de Distrito de Baja California Sur, Javier Loyola Zosa, ordenó la restitución del empleo a seis de 15 agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos En el Estado de Baja California Sur, casi 2 mil quinientos policías presentaron desde 2011 y hasta la fecha, exámenes de evaluación y control de confianza como parte de una estrategia nacional para evaluar a todo el personal de procuración de justicia y seguridad pública del Estado y de los municipios. El responsable de efectuar las pruebas es el Centro de Control y Confianza, adscrito a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) conocido como “C3”, el cual durante todo este tiempo, aplicó cinco exámenes por elemento: 1. Socioeconómico. 2. Psicológico. 3. Psicométrico. 4. Poligráfico. 5. Toxicológico. 
Aunque la subsecretaria estatal de Seguridad Pública, Martha Cecilia Garzón López, dijo desconocer el número de agentes sometidos a los exámenes, según datos recabados por ZETA, 2 mil 301 policías han sido evaluados, distribuidos de la siguiente manera: * 270 de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. * Mil 059 de los municipios. * 413 de la Dirección de Prevención y Reinserción Social. * 385 de la Procuraduría General de Justicia del Estado. * 56 de la Policía Estatal Acreditable. * 14 del Centro de Comunicaciones, Cómputo y Control. * 59 del Centro de Control y Confianza. * 45 de la llamada Licencia Oficial Colectiva. Según la nueva titular de la SESP, “el 75 por ciento de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia han sido evaluados, cuyo proceso terminará hasta octubre próximo”. Salvo el caso de 24 policías municipales de Los Cabos, dados de baja el 19 de diciembre de 2013, ningún agente más ha sido despedido hasta ahora, por supuestamente haber reprobado el Examen de Evaluación y Control de Confianza. Y es que, de acuerdo con la propia subsecretaria estatal de Seguridad Pública, Martha Garzón, aún no hay resultados porque “apenas estamos integrando los expedientes de los agentes y sus pruebas”, que en una segunda etapa, “conocerán los resultados y diremos si aprobaron o no los exámenes”. — ¿Qué pasa si un elemento reprueba el examen de Evaluación y Control de Confianza?, preguntó ZETA. “Bueno, si alguien reprueba, entonces se inicia un procedimiento, el cual se pasa a la Comisión de Honor y Justicia de cada corporación, y ahí es donde se toman las decisiones en cuanto a la salida de los agentes reprobados”. Pero más allá de la justificación en la entrega de resultados, y según datos recabados por este Semanario, el evidente retraso del resultado de los exámenes, se debe a que el Centro de Control y Confianza del Estado de Baja California Sur es uno de los ocho de la lista que carecen de validez o prácticamente no están acreditados, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La última vez que el Centro Nacional de Acreditación y Certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública expidió y entregó la llamada placa que acredita que “los procesos de Evaluación y Control de Confianza están debidamente estructurados y aplican la certificación en apego a los lineamientos, criterios y normatividad, basada en el modelo nacional”, data de octubre de 2012. En aquella ocasión, los estados de Chihuahua, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca, recibieron la validez en el marco de la XII Reunión de Titulares de los Centros de Evaluación y de Control de Confianza. Sin embargo, el Estado de Baja California Sur -junto con Durango, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo- no pudo acreditarse y todavía estaba en el proceso de lograr la alineación conforme al modelo nacional. Es decir, el organismo responsable de “certificar” a los policías, carece de “certificado” para poder “certificar”, y por lo tanto, según el Artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las instituciones de Seguridad Pública o instituciones privadas, solo tendrán validez si el emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Evaluación, en cuanto a sus procesos y personal, durante la vigencia que establezca el jefe del Ejecutivo federal”. El revés Y es precisamente por la falta de certificación que el Centro Estatal de Control y Confianza, junto con el Ayuntamiento de Los Cabos, recibió su primer revés el 14 de abril de 2014, cuando el Juez Primero de Distrito de Baja California Sur, Javier Loyola Zosa, ordenó la restitución del empleo a favor de seis de 15 agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, quienes promovieron un juicio de amparo tras haber sido dados de baja. En el juicio federal, bajo el número de expediente 1037/2013, con fecha 17 de diciembre de 2013, los policías se quejaron de haber sido despedidos injustificadamente, exponiendo una serie de irregularidades, entre éstas, la expedición de “certificados inválidos”, ya que -según el escrito- “la institución responsable de su elaboración, carece de certificación”, conforme al Artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los agentes despedidos se identificaron como Vicente de Jesús Morales, José Antonio Arreola Higuera, Juan Carlos Quiroz Gómez, Verónico García Miranda, Yovan Meza Murillo, Miguel Cárdenas Mendoza, Genaro Cervantes Orantes; Jorge Alfredo García de la Peña, Luis Antonio Pacheco Campos, Luis Alberto Espíritu Mora, Cristhoper Zamora Pensamiento, Perfecto Barrios Manríquez, Martín Barajas Valencia, Mario Yuri Batidas Sandoval y Eliaguin Reynosa Pérez. Por lo anterior, tras el análisis y revisión del caso, el Juez Primero de Distrito, Javier Loyola Zosa, instruyó al alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, “dejar sin efecto la destitución y separación de los policías -seis en total-, así como todo el expediente instaurado en contra de ellos, además, por haber violado en su perjuicio sus garantías individuales y derechos humanos previstos en la Constitución General de la República”. El juzgador ordenó que los agentes fueran reinstalados en sus cargos y pagarles los salarios que dejaron de percibir desde el 13 de diciembre de 2013 a la fecha, y darles todas las garantías a los siguientes oficiales: * Juan Carlos Quiroz Gómez, comandante. * Mario Yuri Bastidas Sandoval y Raúl Barrios reyes, subcomandantes. * Martín Barajas Valencia, Verónico Miranda García y Vicente de Jesús Morales, policías segundos, respectivamente. Como parte de las pruebas, en el expediente los quejosos entregaron el certificado expedido y firmado por el director del Centro Estatal de Control y Confianza, Manuel David Magdón Flores, quien remite al alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, “el resultado integral de las evaluaciones”, cuya información “sirve como herramienta que le permitirá orientar en la toma de decisiones, fortaleciendo los niveles de confidencialidad, seguridad y competencia que demanda el cumplimiento de las funciones, las cuales van encomendadas a identificar los tipos de riesgos que pueden vulnerar el cumplimiento de los objetivos, la imagen y la seguridad de la propia corporación”. En el expediente quedó asentado que los policías relataron que el 13 de diciembre de 2013 fueron avisados de la suspensión de sus funciones, por lo tanto, fueron citados con un oficio sin fecha, firmado por Ernesto Corrales, secretario técnico de la Comisión de Servicio de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos. En la sesión, celebrada los días 18 y 19 de diciembre de 2013, estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Servicio de Carrera Policial: * Julio César Castro Pérez, Juan Fernández Sánchez Navarro y Ana María Wilson, regidores, como parte del Cabildo. * Guillermo Marrón Rosas, comisionado de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos. * Junnisse Héctor Reyes Lira y Ernesto Corrales, director y secretario técnico de Servicio de Carrera Policial, respectivamente. * José Felipe Ceseña Ceseña, titular de recursos humanos. * Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, contralor municipal. * Alejandro Sánchez Acosta, director de Visitaduría Interna. * Alfonso Meza por parte de “los mandos”, y por parte de “los policías”, Francisco Flores Mendivil. Durante la reunión, los integrantes de la Comisión de Carrera Policial sacaron 24 expedientes de nueve hojas cada uno. De acuerdo al archivo en poder de ZETA, resolvieron “el procedimiento de separación del servicio profesional de carrera” de cada uno de los agentes presentes, al no aprobar “los procesos de Evaluación de Control y Confianza, conforme a lo dispuesto por el Artículo 271 fracción B, inciso VI”. Después de un breve desahogo de pruebas y sin darles mayor tiempo de presentar alegatos más lo que traían en sus manos en ese momento, los integrantes de la Comisión fueron sacando acuerdos unánimes de separar de sus cargos a cada uno de los policías, a quienes les recomendaron -según el expediente- “agarrar la lana que estaba ofreciendo a cambio de la baja, y así sus expedientes personales, no quedarían manchados ni dejarían antecedente de dicho proceso en caso de alguna referencia laboral”. Como era de esperarse, 15 de los 24 agentes no aceptaron la propuesta ni la liquidación, entonces procedieron a promover un juicio de amparo que, finalmente, seis de los 15 ganaron, y ordenaron su restitución; salvo que el Ayuntamiento de Los Cabos, bajo algunas argucias, promovió un juicio de revisión, aún en proceso. El riesgo 
Desde el punto de vista de un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, el caso es “muy grave”, porque el hecho de que el Centro Estatal de Control y Confianza carece de “certificado” y no tiene fuerza moral, confiabilidad y eficacia, prácticamente abrirá la puerta a que muchos agentes que en el actual proceso de evaluación salgan “reprobados”, puedan ampararse y regresar a sus fuentes de trabajo. El miembro del grupo interinstitucional explicó que “es increíble” que en todo el proceso “nadie se haya dado cuenta de que los certificados son inválidos”, y cualquier abogado “puede tumbar algún despido de agentes, con la mano en la cintura”. — ¿Qué tan grave es que el C3 no este certificado?, cuestionó ZETA. “Muy grave, porque todos los certificados que expida, ninguno vale, porque no está trabajando con base a los criterios y lineamientos nacionales. Vamos, pues, no está cumpliendo y obviamente no es confiable la información que actualmente está procesando, y va a terminar de perjudicar a todos los ayuntamientos, porque si ellos, a su vez, no pueden correr a los malos elementos; porque los certificados del Centro Estatal de Control y Confianza no tienen validez, entonces los cuerpos policiacos no van a poder acceder a los subsidios federales, porque no van estar operando conforme a los lineamientos, y eso va a ser un círculo vicioso”. El experto en seguridad pública expuso que el propio personal del C3 debe estar debidamente certificado, así como el propio Centro Estatal de Control y de Confianza. — ¿Bajo qué criterios está certificado?, porque vemos que el Centro que emite y expide los certificados, no está avalado… “Bueno, ése es el problema”, concluyó el consultado.
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