La Secretaría de Gobernación a través del Programa Nacional de Prevención al Delito (Pronaped), destinó para Baja California alrededor de 100 millones de pesos, de los cuales serán 60 millones para Tijuana, y el resto para Mexicali. Éstos, con el objetivo de atender a los migrantes de la región. El alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, explicó que el XXI Ayuntamiento, busca apoyar a la población deportada, duplicando o triplicando la cifra de 2013 destinada para las repatriaciones, que fue de 1.5 millones de pesos. Hizo hincapié en que la finalidad de su Gobierno sería “que lleguen y en pocas horas podamos subirlos a un avión y regresarlos a sus ciudades de origen”, sin embargo, aseguró que primero se debe coordinar con el Instituto Nacional de Migración, y las instancias que dominan el tema. Asimismo, invitó a la ciudadanía a no criminalizar a este grupo, aunque reconoció que dentro de los migrantes existen quienes cuentan con antecedentes delincuenciales en Estados Unidos. El alcalde explicó la necesidad de llevar a cabo un programa de salud pública, más que en el tema de seguridad, con respecto a los repatriados, pues en la canalización vive una cantidad considerable de toxicómanos. Aseguró existe un lazo de trabajo con el Gobierno del Estado, y convenios con centros de rehabilitación de la ciudad, donde se buscara poco a poco, acercarlos a éstos. “Sabemos que la terapéutica para atender la farmacodependencia, no es cien por ciento efectiva, hay un 50 por ciento de resistencia, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Es un círculo vicioso, porque estos enfermos tienen que delinquir para poder comprar su droga”, concluyó.
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