La Procuraduría General de la República busca reducir los grandes márgenes de error que históricamente ha tenido en el manejo y disposición final de los bienes inmuebles asegurados a miembros de la delincuencia organizada y recientemente demandó la declaratoria de dominio de extinción sobre tres casas habitación de miembros del Cártel Arellano Félix (CAF). En ese contexto, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar en el Distrito Federal admitió la demanda de extinción de dominio promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Rayde Rosalío López Uriarte “El Muletas” y sus coacusados. Aunque el auto admisorio se dictó el 3 de septiembre de 2013, se publicó en la sección de avisos judiciales del Diario Oficial de la Federación apenas los primeros días de febrero. Celestina Ordaz Barranco, la juez especializada en la materia, con competencia y jurisdicción en toda la República, comunicó a través de un edicto el inicio del juicio de dominio de extinción 4/2013 en contra de “El Muletas” y tres personas más identificadas como David Alejandro Rangel Casas, Manuel Torres Solís y Antonia Samaduroff Pabloff. En la acción promovida por los agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR se demanda la declaratoria de extinción de dominio de los siguientes bienes inmuebles: 
1. Lote 61, manzana 49, colonia Zona Río Tijuana, Tercera Etapa, Tijuana, Baja California, identificado también como inmueble ubicado en Avenida Río Mississippi 61, sección 6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa, Tijuana, Baja California. 2.Lote 1, manzana 32, Zona Urbana, ex Ejido Matamoros, identificado también como finca ubicada en la calle 7, 47, Poblado Ejido Matamoros, Tijuana, Baja California. 3.Calle Misión San Miguel, sin número, fraccionamiento Misión del Mar, Rosarito, Baja California, identificado también como Circuito Misión San Juan, lotes 46 y 47, manzana 132, Misión del Mar I y/o Circuito Misión San Juan Capistrano, manzana 132, lotes 46 y 47, fraccionamiento Misión del Mar, Rosarito, Baja California. De acuerdo con la Ley Federal de Extinción de Dominio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, los demandados cuentan con un término de 30 días, a partir del día siguiente a la publicación de los edictos, para dar contestación a la demanda. En caso de que no haya contestación el juicio se seguirá en rebeldía. El demandado Rayde Rosalío López Uriarte que se cambia el nombre por los de Raydel López Uriarte, Uriel López Uriarte, Raúl Rangel Cazares y Luis Alfonso Velarde Solís, alias “El Muletas”, fue capturado en La Paz, Baja California Sur, el 8 de febrero de 2010, señalado como uno de los principales operadores del Cártel Arellano Félix y sucesor de Teodoro García Simental “El Teo”, detenido un mes antes en la misma entidad. Actualmente “El Muletas” se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, a disposición de jueces de distrito de diversas partes de la República por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de armas de fuego de uso reservado a las fuerzas armadas y lavado de dinero. Durante los meses de octubre y noviembre de 2013, Raydel López Uriarte promovió dos juicios de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Hermosillo en contra de autoridades del penal de máxima seguridad por presunta incomunicación y posible orden de traslado a otro centro penitenciario. Se le concedió la suspensión provisional del acto reclamado y los juicios de garantías están en vías de resolverse en fechas próximas. Prestanombres de “El Chapo” El caso de Antonio Mendoza Cruz “El Tony” es único. Se trata del sujeto que manejaba el carro Buick verde blindado en el que arribó Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” al aeropuerto internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993 cuando fueron asesinados el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y seis personas más. Mendoza Cruz, ex subteniente del Ejército Mexicano, pudo salvar el pellejo del capo y juntos huyeron a Guatemala, donde fueron detenidos a principios de junio de ese mismo año. Producto de las investigaciones del homicidio del arzobispo de Guadalajara, la Procuraduría General de la República aseguró decenas de inmuebles propiedad de los hermanos Arellano Félix y de “El Chapo” Guzmán, protagonistas de la balacera del aeropuerto cuando los primeros presuntamente pretendían matar al hombre que ahora es considerado el mayor capo de México.
Entre las residencias aseguradas destacó una ubicada sobre la avenida Moctezuma, en el fraccionamiento Jardines del Sol, en Zapopan. Una casa preciosa con doble numeración en la fachada. Espacioso jardín al frente y lugar para estacionar hasta seis vehículos. Un desnivel al ingresar a la sala y dos plantas. El propietario ante el Registro Público de la Propiedad: Antonio Mendoza Cruz. Los narcotraficantes fueron remitidos al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y meses más tarde sus bienes fueron rematados por la Procuraduría General de la República en convocatoria abierta a la sociedad. La residencia mencionada con valor en esa fecha de mil 597 millones de antiguos pesos (millón y medio después de que se retiraron tres ceros a la moneda nacional) fue vendida en febrero de 1994 a una inmobiliaria. “El Tony” pudo librar las acusaciones de homicidio calificado y asociación delictuosa y en poco tiempo egresó de prisión. Se volvió a saber de Antonio Mendoza Cruz hasta el 21 de marzo de 1999 cuando policías de Zapopan atendieron un reporte de un sujeto que portaba arma de fuego en el fraccionamiento Patria Universidad. Al arribo de los uniformados, el ex militar descendió de una camioneta Explorer e ingresó a un restaurante, trepando a la azotea. Fue localizado oculto entre dos tinacos con agua. “El Tony” portaba un arma calibre nueve milímetros y en su camioneta había mil 783 cartuchos de diferentes calibres, dos fusiles AK-47, un rifle AR-15, una subametralladora Uzi, pistolas calibres nueve milímetros y 45, así como un chaleco antibalas y un “pellizco” de cocaína. El detenido ofreció dólares a cambio de su libertad e invitó a los oficiales a su domicilio, donde había 67 mil dólares en efectivo y en la cochera tres automotores de modelo reciente. El ex chofer del “Chapo” fue inicialmente condenado a 21 años 30 días de prisión por el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal de Jalisco por su plena responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de cocaína, cohecho, acopio de armas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y almacenamiento de cartuchos. En la apelación, la sentencia fue modificada a tan solo siete años 11 meses 15 días de prisión, al absolvérsele de los delitos de acopio de armas y almacenamiento de cartuchos. Después mediante un amparo pudo obtener nuevamente su libertad a principios del año 2000. El 17 de mayo de 2001, abogados de Antonio Mendoza promovieron un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Jalisco para que le devolvieran el inmueble asegurado en 1993 y vendido en 1994. El juicio se prolongó hasta junio de 2006 cuando le fue otorgada la protección de la justicia federal y en enero de 2007 un tribunal colegiado confirmó el fallo. Después, la inmobiliaria que adquirió la residencia también interpuso recursos para no ser desapoderada de la finca que incluso ya había vendido a un tercero años atrás. Hasta que en 2011, dada la imposibilidad de devolver el inmueble al quejoso se decretó el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. El valor de la casa habitación a esa fecha se había incrementado a nueve millones 348 mil 263 pesos con 94 centavos de acuerdo a los peritajes ofertados por los abogados de Mendoza. La Procuraduría General de la República intentó revertir el fallo y reducir el monto del valor del inmueble, pero todo resultó inútil. Tuvieron que pagar a “El Primo” la cantidad señalada. Sin importar que Antonio Mendoza Cruz había sido detenido de nuevo el 3 de julio de 2009 junto con otros presuntos miembros del Cártel de Sinaloa y estaba acusado de delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en la hipótesis de venta de cocaína y pseudoefedrina, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del Ejército. Mientras “El Tony” (o “El Primo Tony”, como le identificó la PGR a partir de 2009) estaba preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 en Puente Grande, su equipo legal se encargó de recibir el pago ante el personal del juzgado de amparo como testigo. “Rey de las metanfetaminas” Otro personaje del narcotráfico que está a la espera de que le sean devueltas sus propiedades es Adán Amezcua Contreras, líder del otrora llamado Cártel de Colima o de los hermanos Amezcua, jaliscienses originarios de Ciudad Guzmán.
En sentencia de revisión principal, el 23 de enero de 2014, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal confirmaron el amparo concedido por un juez federal a Adán para que el Ministerio Público adscrito a la SEIDO de una respuesta con los fundamentos y razonamientos jurídicos adecuados al quejoso. Amezcua Contreras solicitó hace aproximadamente un año a la fiscalía federal levante el aseguramiento precautorio de diversos inmuebles señalados en la averiguación previa 856/MPFEADS/98 (integrada a la 289/MPFEADS/2001), entre ellos una propiedad de 120 metros cuadrados en Colima. La respuesta de la PGR fue en el sentido de que el solicitante se presente en sus oficinas. El problema fue la notificación, que se dejó pegada en la puerta de un domicilio señalado por el quejoso. Igual sucede con la hermana de Adán, Patricia, quien por las mismas fechas presentó escritos ante el Ministerio Público Federal solicitando el levantamiento de la medida precautoria que pesa desde 1998 sobre cinco cuentas bancarias de Bancomer y una de Banorte, así como inmuebles en Colima y Guadalajara. Solo que a la mujer le fue negado el amparo en el Juzgado Tercero de Distrito especializado en la materia en la Ciudad de México. Pero ya interpuso el recurso de revisión. En estos últimos casos y en el de Antonio Mendoza Cruz todavía no existía la Ley Federal de Extinción de Dominio (LFED), expedida en mayo de 2009 y reformada en julio de 2011. La figura de la extinción de dominio tiene como objeto la privación, en forma definitiva, de los bienes de criminales vinculados con los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Se enfrentan criminales en el Valle de Mexicali Reacomodo de cárteles Entre el 2 y el 5 de febrero de 2014 se suscitaron varios enfrentamientos de bandas rivales, los hechos se presentaron en distintos puntos del oriente del Valle de Mexicali, según las versiones policíacas habría iniciado en el ejido Janitzio continuando hasta el ejido Pachuca en donde quedó un muerto. Durante el enfrentamiento entre los grupos también se presentaron detonaciones en los ejidos Chiapas I y II, zona en donde “Los Garibay” tienen fuerte presencia y dominio de la zona, misma que han peleado con diversas células del Cártel de Sinaloa. El hombre asesinado en el ejido Pachuca fue Norman Domínguez Elizondo de 42 años de edad era un viejo conocido de la justicia, apenas unas semanas atrás había conseguido su libertad del Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado, Sonora. Residente de Mexicali, Domínguez había sido acusado en mayo del 2013 de robar 17 mil pesos en una tienda departamental –Coppel–, por lo que fue detenido y sometido a proceso, sin embargo luego de pagar una fianza logró evadir a la justicia, nuevamente en diciembre fue acusado por daños intencionales hacia un vehículo en las mismas instalaciones de la policía municipal sanluisina, al correr sus datos se dieron cuenta que contaba con orden de reaprehensión por lo que fue nuevamente detenido para ser liberado en enero de 2014. En el ataque donde fue asesinado Domínguez, las autoridades decomisaron un vehículo con reporte de robo que vincula a los responsables con un doble homicidio en Tecate ocurrido el 20 de enero de 2014 en el fraccionamiento La Joya. La procuradora de Justicia señaló que aún se está trabajando para conocer cuáles y cuántos grupos delictivos participaron en el enfrentamiento. Tanto la PGJE como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal investigan si se encuentra vinculado al ataque que sufrió el Jefe de Turno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gerardo Torres Hernández en al poblado de Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali. Según la declaración de un testigo, al menos 2 personas bajaron de un vehículo Honda de modelo reciente atacando la vivienda del policía municipal con rifles de alto poder modelo AK-47 en decenas de ocasiones provocando daños tanto a la casa como a un vehículo estacionado en el lugar. En el incidente no se presentaron heridos y el agente no dio mayores datos sobre los posibles agresores. Torres Hernández fue identificado públicamente, porque en el pasado XX Ayuntamiento, cuando fue asignado como subcomandante interino, circuló un video subido a Facebook en donde se ve al policía uniformado contando un fajo de dinero. En aquella ocasión el director de la policía municipal señaló que ese material “era viejo”. La violencia continuó la noche del miércoles 5 de febrero cuando la casa de una mujer -hermana de un agente municipal- fue también rafagueada, no hubo heridos, esta vez en el poblado Guadalupe Victoria también conocido como Kilómetro 43. Los tres incidentes llevan al poniente del Valle de Mexicali, en una de las zonas de mayor control por parte de las células sobrevivientes de “Los Garibay”. Atacan a ex agente El 1 de febrero fue baleado el ex agente de la policía ministerial Jonás Eduardo Castellanos Rojas en la delegación de González Ortega al poniente de la ciudad, el ex agente fue atacado a las afueras de un lavado de autos, pero no era la primera ocasión, ya había sufrido otro atentado. Castellanos Rojas causó baja de la ministerial luego de ser detenido por el Ejército en las inmediaciones de la colonia Xochicali en 2011, según las autoridades, el agente fue detenido en posesión de 6 paquetes de marihuana con un total de 6 kilos 400 gramos y en su momento se le vinculó un grupo de elementos corruptos que existe al interior de la Procuraduría desde finales de los noventas y es identificado como “Chiquimafia”. En junio del 2013 su esposa Alejandra Castro Bejarano fue detenida por agentes de la policía Estatal Preventiva en la colonia Villas del Rey con 176 gramos de la droga denominada Ice y 62 gramos de heroína.
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