No lo conozco personalmente, pero se de personas como él. Cansados de la impunidad, de la falta de acción por parte de los gobiernos –cualquier denominación como tanto les gusta: los tres órdenes-, y testigos del temor ciudadano, se les acaba la esperanza en el prójimo y toman acciones propias. Así se han creado muchos líderes y activistas sociales en el México impune de los últimos sexenios. Algunos terminan sirviendo al Estado que tanto criticaron y del que sólo recibieron desgracias y malas noticias. Otros mantienen sus luchas con la única arma que poseen, su voz. Su reclamo y denuncia, que también en ocasiones y por obra y estrategia –aquí sí- de los gobiernos, se va minimizando hasta casi no escucharse. Pero ninguno de estos hombres, de estas mujeres, que toman liderazgo social ante la inexistencia de una sensibilidad oficial que lleve a proteger a los ciudadanos de bien, y castigar a los criminales, había llegado a tomar las armas. Dicen que es muy alto para el promedio de estatura en México, que siempre porta su bata corta de médico y que el movimiento de Grupos de Autodefensa, lo inició con armas legales para la caza y el deporte que él y su club de amigos ya poseía. Se cansó de ver tanta niña envilecida. Le dio coraje ver el éxodo en su tierra tomada literalmente por los narcotraficantes. Y ante la inactividad del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, del gobierno estatal de Fausto Vallejo, y de los muchos presidentes municipales en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde le declaró la guerra a los caballeros templarios. Muchos le han denostado al tiempo que otros grupos de dudosa procedencia y más sofisticado armamento han imitado su insurrecta actitud. Tomar las armas y defender al pueblo, ante la pasividad de quienes están obligados a ello, díganse Policías Federales Ministeriales, Agentes Federales, Policías Ministeriales o Judiciales, Estatales Preventivos o Municipales, Soldados o Marinos. Un año después de haber tomado posesión, y unos diez años después que el fenómeno criminal se apoderó de Michoacán, Enrique Peña Nieto a través de su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tomó la misma decisión que Felipe Calderón en 2007: que el Gobierno Federal se haga cargo de la seguridad en Michoacán. El panista de hecho, lo hizo en otros Estados y en varias ciudades. No se olvida cuando en el mismo año y siendo aún Jorge Hank Rhon, Presidente Municipal de Tijuana, elementos del Ejército Mexicano desarmaron a la totalidad de la Policía Municipal de esta fronteriza ciudad. Los niveles de inseguridad eran tan terribles como lo son ahora en Michoacán, y la sociedad no había tomado las armas, lo suyo entonces fue la denuncia, las marchas por la paz. Enrique Peña Nieto ha negado de manera sistemática en su gobierno una guerra contra el narcotráfico o el crimen organizado. De entrada lo hizo –es de suponerse- para marcar un distanciamiento de las políticas de Felipe Calderón en materia de seguridad. Peña le ha apostado su capital a la retórica, al discurso del México en paz, de hecho en los momentos más álgidos de inseguridad y violencia en diversos estados del País, y con más de 20 mil ejecutados en el primer año de su sexenio, ha dicho que México está tranquilo. Durante un año, considerando que los Grupos de Autodefensa en Michoacán ubican febrero de 2013 como el inicio de su lucha ciudadana, el gobierno de Enrique Peña Nieto permitió lo que por Ley está prohibido. Que mexicanos civiles anduvieran armados. Permitió que ciudadanos sin banda, sin reglamento ni facultad, tomaran la responsabilidad que solo al Estado Mexicano está conferida: proteger y servir a la ciudadana con el uso de la fuerza pública. Pero mientas el Presidente y su gabinete estaban más interesados en cabildear en países de primer mundo, con dirigentes de partido y con las Cámaras que integran el Poder Legislativo, las reformas que aseguran aunque no se vea por ningún lado, que sacarán a México del marasmo económico y de desarrollo social y urbano en el que se encuentra, los criminales organizados del pacífico crecieron, se dividieron, se enfrentaron y se reprodujeron, ante la sola contención de una ciudadanía que particularmente en Michoacán, decidió uno de dos caminos: el éxodo o la guerra. Los Caballeros Templarios, principal y más vistoso azote de la sociedad michoacana el Estado los dejó crecer. Se escindieron de la Familia Michoacana y controlan el paso de la droga que llega por el pacífico. Enriquecidos, ensoberbecidos, fueron el poder real en aquella entidad. Cobraban piso, castigaban, linchaban, protegían, ejercían todas las facultades del gobierno. Hasta que una parte de la sociedad se hartó, y células criminales venidas de Jalisco y a su vez escindidas de cárteles como el de Sinaloa, de los Beltrán, de los Corona, del Milenio y los que aparezcan, quisieron entrar al territorio que era fértil para los Templarios. Hoy día y particularmente en las últimas semanas, Michoacán es un caos de inseguridad y violencia. Es todos contra todos. Y, catorce meses después de tomar posesión, Michoacán se convirtió en una prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y la solución, la urgente e importante intervención del Gobierno Federal en esa zona, es la misma de Felipe Calderón Hinojosa. La misma de 2007. Solo falta que el Presidente priista también detenga a alcaldes, policías, militares y funcionarios para que el Michoacanazo parte II esté completo. Por lo pronto, la Federación ha tomado el poder en Apatzingán, Nueva Italia y Uruapan, donde han desarmado a los Policías Municipales, y por el momento –ya después averiguarán- los acuartelaron. Es increíble que muchos años después y un gobierno de otro partido, la estrategia siga siendo la misma. No se puede decir que es tarde ya, nunca lo será para quien desee mantener el estado de derecho y hacer uso de la facultad que le fue conferida para salvaguardad la seguridad, la tranquilidad y el buen desarrollo de los mexicanos. Pero atacar a los grupos ciudadanos que se armaron cuando su gobierno les dio la espalda, y confirió impunidad a los criminales, no es un buen primer paso. Ciertamente los ciudadanos deberán deponer las armas, pero también es una realidad que no tienen condiciones de seguridad para hacerlo. Hace unas horas precisamente en un autodesarme obligado, un militar –de acuerdo a la confesión del propio Osorio Chong- mató a un civil. Antes que el Gobierno Federal cayera en la cuenta de lo que sucede en Michoacán, los Grupos de Autodefensa, al menos los originados ante la frustración social, y no por subvención del propio crimen organizado, ya habían puesto un cerco en decenas de comunidades contra los criminales, principalmente los de los Caballeros Templarios. Los enfrentamientos subieron de tono hasta captar la atención del Gobierno Federal. Fueron necesarias quemas, balazos, ejecuciones, pérdida de vidas y éxodo de ciudadanos temerosos, para que Peña voltease a ver y actuara en consecuencia. Insisto, con la misma estrategia de Felipe Calderón que no sacó a Michoacán de la inseguridad pero que sí la sumió en los tentáculos del narcotráfico. Los grupos de autodefensa quieren y no dejar las armas, vulnerados en su seguridad tanto por los criminales como los policías, están dejando testimonios en videos y audios de lo que sucede en Michoacán, las escenas son de guerra. Tanquetas del Ejército llegan, batallones de militares, comandos federales, todo el Poder de la Federación entrando a tierra de nadie. A hacer la guerra. A presuntamente quitarle la estafeta a la sociedad que desatendida, ignorada y abandonada, tomó las armas y alzó la voz contra quienes desde el negocio ilícito de la droga han ido comprando impunidad a federación, estado y municipio. Pero los autodefensas, muchos, no lo creen así. Quieren, como diría el propio Mireles en un video donde se le ve lesionado por el accidente aéreo que sufrió hace unos días –antes de la entrada del gobierno federal a su tierra- que les entreguen las siete cabezas del crimen organizado visibles que amedrentan a la sociedad, además que se reestablezca la seguridad en el estado, que se acaben las ejecuciones, los secuestros, las extorsiones. Entonces, dejarán las armas que hubieron de tomar para defender su vida. La respuesta de la Federación encabezada por Enrique Peña Nieto, fue la misma que la tomada por la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa: atiborrar Michoacán con Federales, Soldados y Marinos, Ministeriales Federales y Agentes. Nada de programas sociales, de infraestructura, educativos, de desarrollo económico, nada de estrategia integral. Pura fuerza bruta, y encima con sospechas de corrupción. Tampoco han dicho tras quien van, no se han comprometido a detener a Servando Gómez “La Tuta”, a sus lugartenientes o a los representantes de los otros cárteles que mantienen en aquel estado, una sangrienta guerra, que poco a poco, va siendo la Guerra de Peña, como en su momento fue la Guerra de Calderón.
Publicidad
