Servicios públicos al doble

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Reportajez BCS Viernes, 2 agosto, 2013 05:11 PM

De eliminar el subsidio a la energía eléctrica y al agua, como propone la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) presentada en junio de 2013 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para incentivar el consumo eficiente y generar acciones a favor del medio ambiente, los bajacalifornianos verán un incremento promedio del 60 por ciento en su recibo de luz emitido por la Comisión Federal de Electricidad. En tanto que, de no haber una subvención al servicio de agua potable, el acceso al vital líquido será más controlado, según dio a conocer el Organismo de Cuenca Península de Baja California, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Hay que mencionar que la estrategia del Gobierno de la República establece como uno de sus pilares “ajustar gradualmente las tarifas de uso doméstico de electricidad y agua a los precios reales de mercado, con la aplicación de medidas compensatorias para grupos vulnerables”. En números, esto se ejemplifica así: un residente de cualquier municipio bajacaliforniano que consume 368  kilowatts hora en un bimestre, actualmente paga 548 pesos con el porcentaje de subsidio, pero sin dicho apoyo, el monto a cubrir sería de mil 501 pesos. De acuerdo al Instituto de Investigaciones Sociales, dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), existen diversos estudios (1990, 1997, 2004) relacionados con el impacto social del pago de la luz en la región, donde se considera que el 50% del gasto familiar es destinado a cubrir las facturas que emite la CFE en temporada de calor. Por su parte, el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la CFE, reconoce que “el precio promedio de energía eléctrica al consumidor se elevó 3.4 por ciento en términos reales, al pasar de 1.335 pesos kilowatt-hora en 2010, a 1.428 en 2011. Mientras que la relación del precio-costo aumentó de 0.72 a 0.76 pesos, debido a un crecimiento estimado de 8 por ciento en las ventas energéticas…”. El texto menciona que los subsidios otorgados a los consumidores finales de la Comisión Federal de Electricidad vía tarifas de electricidad, fueron de 100 mil 355 millones de pesos, 5% menos en términos reales, en comparación con 2010. Dicha reducción se determinó por el aumento de las relaciones precio-costo en todos los sectores de consumo. De acuerdo al diputado federal David Pérez Tejada-Padilla, la eliminación de los subsidios a la tarifa eléctrica y al agua se cristalizará en 2014, teniendo como eje la aprobación en primera instancia de la reforma energética y posteriormente, la reforma hacendaria, aunque el legislador reconoce que el Congreso tendrá poco tiempo para analizar las propuestas en el segundo periodo ordinario de sesiones. “Lo anterior se anticipa un cúmulo de reformas aprobadas al vapor que en poco ayudarán a solucionar los principales problemas que enfrenta el país”, coincidió en advertir un economista consultado por ZETA.   Más fiscalización   “El asunto de eliminar esos apoyos (subsidios) viene desde la política que se está dictando en el exterior. Organismos a los que México está afiliado, como la OCDE, hablan de tres aspectos que la nación debe considerar. Permiso de que empresas privadas exploten los yacimientos petrolíferos en el país, un Presupuesto de Egresos con menos dinero proveniente del petróleo (de un total de 3.9 billones de pesos, 1.9 billones corresponde a ingresos por petróleo), y eliminar subsidios”, expresó Marco Antonio Blásquez, senador por Baja California. Ante tal escenario, la próxima reforma hacendaria será muy agresiva, pues al retirar los subsidios, tendrán que generarse más impuestos. De acuerdo al entrevistado, dentro de las acciones que contempla el Gobierno de la República está aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 3 puntos en el Centro de la República, mientras que en la frontera, el incremento podría ser de 2%. A la vez, el Impuesto sobre la Renta subiría 5 puntos. Blásquez acotó que la Cámara de Diputados hace el análisis del Presupuesto de Egresos y orienta el recurso, pero “sí veo un desorden en el asunto, porque no dicen cómo van a transportar los recursos, o a quién le van a derivar la responsabilidad para que cubra los recursos de los subsidios”. Por su parte, el diputado David Pérez Tejada-Padilla, quien forma parte de la Comisión de Hacienda, abundó: “Los tiempos de la agenda legislativa son: la semana que entra analizaremos la reforma financiera (para incentivar el crédito), a principios de septiembre esperamos analizar la reforma energética, ahí embonaría la estrategia de cambio climático. Si logramos cambiar mecanismos o candados de empresas paraestatales como PEMEX, CFE, vamos a darle una orientación y visión a esas entidades, de hacerlas más eficientes. Que tengan mayor apertura en cuanto a licitaciones e ir eliminando subsidios, y que ese dinero sea destinado a infraestructura y apoyos de tipo social, así como mejoramiento de viviendas”. En cuanto a la reforma hacendaria, externó que debe autorizarse en octubre, de lo contrario, los tiempos se les vendrán encima, al acercarse la disposición del tema presupuestal. “Para mí, la reforma hacendaria es la más importante para que el Presidente cumpla sus compromisos. En caso que no salga, sería algo catastrófico porque tendríamos que aprobar un presupuesto inercial, darle un copy-paste al de 2013. Seguiríamos operando con lo mismo, dependiendo del petróleo”, afirmó Pérez Tejada. Dentro de la propuesta se analizarían temas como el IVA generalizado, la eliminación del ISR y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como del Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), que afecta a la región en demasía. “Aunque habrá que ceder en otros temas, está la propuesta de gravar alimentos y medicinas. En los alimentos, para que no golpee a personas de bajos recursos, no gravar la canasta básica. El país no puede dar más, se tiene que buscar un sistema en el cual amplíes la base tributaria, que no haya gente en la informalidad, echar mano de otras áreas”, sentenció.   La propuesta   Desglosada en 62 páginas, la Estrategia Nacional de Cambio Climático establece que será el instrumento que regirá la política nacional en mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático y pasar a una economía sustentable competitiva y baja en emisiones de carbono. En el documento se describen ejes estratégico y líneas de acción a seguir. Contempla tres acciones que a su vez se engarzan con cinco metas, las cuales descansan en los seis pilares de la Política Nacional de Cambio Climático. Entre otras cosas, el plan peñista menciona el tema de la adaptación a los efectos del cambio climático, así como el desarrollo bajo de emisiones y mitigación de las mismas. Mientras que el apartado final establece la revisión, evaluación y adecuación de las acciones para proteger el entorno natural. “La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, revisará la ENCC por lo menos cada diez años en materia de mitigación y cada seis años en materia de adaptación. En estas revisiones deberán explicarse las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los escenarios, las proyecciones, los objetivos y las metas correspondientes”.   CFE sin indicaciones   De acuerdo al vocero de la Comisión Federal de Electricidad en Mexicali, Gustavo Alfonso González, hasta el momento la dependencia no tiene instrucción directa respecto a la aplicación de la controversial estrategia, pero están en espera de la línea que habrá de trazar el Gobierno de la República en torno al tema. “No tenemos absolutamente ninguna indicación, hasta el momento siguen las mismas condiciones, el subsidio que se otorga en Mexicali con la tarifa F1 sigue aplicándose, pues hay que recordar que en dicha temporada, las temperaturas son mayores a los 30 grados Centígrados”.   En el corte al 30 de junio del presente año, la dependencia da cuenta que el total de usuarios en el estado es de un millón 137 mil 99 clientes; de esa cifra, un millón 22 mil 543 corresponden al servicio doméstico. El resto incluye servicios comerciales e industriales.   CONAGUA optimizará recurso   En torno a la posible eliminación de subsidios y sus afectaciones al suministro del líquido vital,  el delegado del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, Eduardo Ledesma Romo, expresó a ZETA: “Qué nos han dicho hasta ahorita: si no hay subsidio, necesitamos optimizar y modernizar nuestros sistemas de medición. Esto quiere decir que no vamos a poderle entregar el agua tan fácilmente a los usuarios, tendremos que generar metodologías que midan de manera más precisa el agua y que se cuide. “Todavía no es oficial, es el aviso que tenemos, pero puede haber una notificación en el sentido de que apretemos en el manejo de trasferencias y utilización del agua a los usuarios, en la forma de entrega. Es lo que puede haber”. El funcionario federal agregó que Baja California no recibe subsidio federal, pues el 90% del agua en la región proviene de escurrimientos o de forma subterránea, siendo la Comisión Internacional de Límites de Agua la encargada de hacer las negociaciones con la autoridad.    “Lo que tenemos son cuotas establecidas. Del agua que entra del Río Colorado en la Presa Morelos, un 66 por ciento es para uso agrícola, 15 por ciento industrial, y el resto se va al Acueducto Morelos que transporta el agua a Tijuana. La regulación en el estado es totalmente diferente, depende de un programa de necesidades que presentamos ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), para que a su vez la negocie con su contraparte; eso nos lo proporciona la Comisión Estatal de Agua”, finalizó Ledesma.   Programa populista   Respecto a esta posible polémica que se avecina en México, el economista Francisco González Bermúdez aseveró que le parece importante subrayar que la llamada economía ecológica requiere una planificación que no existió en los últimos dos sexenios, donde hubo esfuerzos mal canalizados. “Muchos de estos  programas fracasan por ese prontismo en la solución de problemas, por los compromisos políticos o por la inercia cultural de las cosas. La solución la tenemos frente nosotros, pero no aterrizamos los programas, puesto que vivimos la inercia de concesionar todo, y con ello se diluye lo que cada hogar puede hacer en cuanto al ahorro de dinero. Todo apunta al beneficio de unos cuantos y al problema cultural del manejo de residuos y generación de ganancias. “Ideas van y vienen por todos lados -planteó el académico-, sin que en la región se tome en cuenta la energía solar, por ejemplo, que no es usada en cada casa con celdas eléctricas que generen electricidad. Lo mismo sucede con la energía eólica que debe ser impulsada en La Rumorosa, a efecto de generar luz a los habitantes de los municipios de Tecate, Tijuana y Mexicali.  “Si el programa (de Peña Nieto) habla de quitar los subsidios o dar a grupos vulnerables, ya sea por la pobreza o por la situación climática en que se encuentra, no veo en el programa elementos concretos de solución. Se da la imagen de cambio, pero no es cierto”. González Bermúdez ejemplificó el caso de Mexicali, que de eliminar el subsidio la población de la ciudad capital, automáticamente se convertirá en presa de fórmulas populistas que convienen a ciertos sectores políticos. El problema seguirá a la espera de una solución de fondo. “Por otro lado, crear subsidios en muchos casos ha servido como medida populista para la generación de votos y elevación de candidatos a puestos de elección popular. Esto se ha dado en el país y en nuestra región,  y este programa parece que sigue ese rumbo, al contemplar un modelo caduco de generación de energía basado, insisto, en los beneficios. “Cuando generemos nuestra propia electricidad en los hogares, no será importante este asunto, y mucho menos cuando podamos ser autosuficientes en muchas cosas de manera natural”, concluyó el economista.    Rechazan la eliminación de subsidio a energía eléctrica “De eliminarse los subsidios a la energía eléctrica afectaría a todo el país, pero más a nosotros”, refiere Sergio Tamai, dirigente del Frente Cívico Mexicalense, quien calcula que la medida federal significará de golpe un aumento del 62 por ciento, y la obligada respuesta tendrían que ser las movilizaciones sociales contra esa pretensión. A nivel nacional, la tarifa eléctrica se paga solo al 38% del costo. Según datos del propio Tamai, aportados por la paraestatal, monto al cual, en Mexicali, se suma el subsidio de verano para la tarifa doméstica, calculado para este año en 375 millones de pesos, mismos que son contribución de los tres niveles de gobierno. Por su parte, Juan Manuel Valenzuela opina que retirar el subsidio a las tarifas eléctricas significa acabar con la ciudad. “De hecho si se acaba el subsidio, yo me tendría que ir de Mexicali”, afirma el empresario y líder social. ”No podría soportar el gasto, tendría que cerrar mis negocios y emigrar”. A la par, el líder del Movimiento Civil por la Paz y la Seguridad considera que la lucha primordial tendrá que ser contra el retiro del subsidio, pero además, en demanda de que se revisen las tarifas eléctricas. “La respuesta de la ciudadanía tendría que ser la movilización”, opina por su parte Manuel Félix, ingeniero eléctrico y especialista en el tema, quien considera que las políticas subsidiarias son necesarias en todo el mundo, sobre todo en las áreas más sensibles, como es el caso de Mexicali por las altas temperaturas que aquí se registran. Esto en respuesta al reciente anuncio del  Presidente Enrique Peña Nieto de la intención de eliminar los subsidios a la electricidad y el agua en todo el territorio nacional. De acuerdo a Sergio Tamai,  desde la Comisión Federal de Electricidad han sido enfáticos en cuanto a que las tarifas eléctricas están subsidiadas hasta en un 62%. Tamai dice estar en contra de las cifras que maneja la paraestatal eléctrica: “Ellos lo que hacen es meterlas en un esquema nacional donde hay corrupción, donde no hay transparencia, y ahora hasta estamos comprando la electricidad muy cara a las plantas eléctricas privadas”. Además, señala que los ciudadanos se sienten sin salida, como “estar en un sándwich” entre la corrupción del sector eléctrico, y por otro lado, la compra a las transnacionales por el sector privado. “Mientras no haya una transparencia, nosotros rechazamos los costos que ellos dicen”, expone el dirigente. En el caso de Baja California, asegura que la región no es parte del sistema eléctrico nacional, ya que hay un circuito binacional donde la vía principal va de la planta Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, hacia la ciudad de San Diego, California, y regresa hacia Rosarito. También hay dos plantas privadas en La Rosita, ubicadas justo en la salida de Mexicali hacia Tijuana. “Nosotros tenemos otros costos”, dice el líder social para enfatizar que ante esta posible imposición del Gobierno de la República, ya se han organizado dos manifestaciones en la garita internacional. “Peña Nieto dice que va a considerar a los grupos vulnerables, pero deja todo flotando, no hay una directriz de lo que va a pasar”, refiere Tamai, en cuya opinión, son tantos los golpes -la gasolina, el gas, la inseguridad- que la gente no sabe ya qué hacer. El ingeniero Manuel Félix afirma que desde hace diez años se aplicó una serie de medidas, como la creación de la tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo), con la cual se pretendió eliminar parte de los subsidios; a la vez de que las autoridades implementaron un aumento mensual. De igual manera, se creó la tarifa 1F para zonas cálidas como Mexicali. “Eliminar los subsidios sería un golpe terrible para la economía de Mexicali”, insiste el ingeniero electricista. (Sergio Haro)   Acción Nacional y su reforma   57 cuartillas fueron necesarias para que el PAN contextualizara, argumentara y propusiera al Senado de la República el proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, el cual fue presentado el miércoles 31 de julio. Dentro de las cambios que establece el documento, el artículo 25 precisa que la ley “alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución”. En tanto que el Artículo 27 establece que la explotación, “uso o aprovechamiento sustentable de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”. Y finalmente el Artículo 28 considera que el Estado, sujetándose a las legislaciones, podrá concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, con las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes establecerán las modalidades y formas que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y el uso social de los bienes, evitando concentraciones que contraríen el interés público. Así pues, la reforma busca terminar con los monopolios de combustible por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ambas paraestatales habrán de competir con consorcios extranjeros que cuenten con tecnología y capital suficiente para invertir en el sector. Pero esto es apenas el filón de disputas que habrá de tener el partido con sus contrapartes, pues el PAN ha dado a conocer de manera pública que no presentarán una reforma fiscal, pese a estar convencidos que se requiere analizar de manera conjunta las reformas energética y hacendaria, que también está por exponerse y discutirse.

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