Verificentros en ruinas


 
Reportajez BCS Viernes, 21 Junio, 2013 07:15 PM

El Centro de Verificación Vehicular Ambiental, ubicado sobre el libramiento de la Vía Rápida Poniente hacia el bulevar Simón Bolívar en Tijuana, luce vacío. Lo único que yace en ese terreno es el equipo de verificación y las oficinas administrativas sin mueblería, ni equipo de cómputo tienen ya. De hecho, por las cadenas oxidadas que hay en los portones la impresión que da este verificentro es de abandono. Por fuera, la tierra y la basura pegan en la banqueta y en el cerco, pero, en las paredes se ve el logo del Gobierno del Estado con tonos azules y verdes que contrastan con el blanco de fondo. Y de no ser porque los empleados rondan por el lugar y sus puertas están abiertas, la situación de los centros en la avenida Pío Pico de la zona Centro, en El Soler y el bulevar Insurgentes sería la misma. Los únicos automóviles que se ven en el lugar pertenecen a los trabajadores, quienes comentan que diariamente llegan aproximadamente de 7 a 10 carros para la inspección, “cuando las primeras veces atendíamos a 250”. El empleado recuerda la primera campaña de “socialización” iniciada por el gobierno del estado a principios del 2012, cuando la prueba era gratuita y se aseguraba que para el mes de julio tener la documentación respectiva sería un requisito para la revalidación de placas. Desde septiembre del año pasado las pruebas anti-smog comenzaron a cobrarse: 259 pesos (4 salarios mínimos) para autos anteriores al modelo 2008 y 324 (5 salarios mínimos) para modelos del 2009 al año en curso. Sin embargo, aun cuando el trámite ya es un requisito para circular, las autoridades todavía no lo aplican. Tomando en cuenta un promedio de 300 carros verificados al mes –según el promedio diario comentado por los empleados– cada centro se lleva 91 mil 950 pesos cada 30 días, lo que fortalece la tesis de una política recaudatoria, pues a pesar que la unidad no apruebe el examen, se entrega un holograma. Esto aunque la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en Baja California establece como requisitos la aprobación de la verificación para dar de alta un automóvil, circular, revalidar y canjear  placas, pero en Recaudación de Rentas todavía no se pide. Será hasta julio de este año cuando se efectúe la obligatoriedad y hasta el 2014 cuando se tome como requisito. Un impulsor de programas ambientales y crítico de este proyecto estatal sostiene que el programa se ha visto truncado por los procesos electorales del 2012 y 2013, toda vez que el gobierno decreta prórrogas a fin de sortear repercusiones políticas, pues desde julio del año pasado debió ser un requisito para conducir un automóvil. Explica también que el programa inició como la política central en materia de protección ambiental sin ser acompañada de incentivos para el ciudadano, de campañas de concientización para invitar a la gente a participar, y de una gestión política con otras dependencias.  “Te estamos platicando que no podemos dar más información, ¿sí me entiendes?” Cuando se le abordó para tratar el tema de los verificentros el doctor Efraín Nieblas Ortiz, secretario de Protección al Ambiente, de plano rechazó la entrevista con ZETA. A través del departamento de comunicación social del Gobierno del Estado se intentó contactar al funcionario desde el lunes 17 de junio con la finalidad de obtener información sobre los avances del proyecto. Para el martes 18, personal del departamento respondió con una negativa, el motivo: “La veda electoral y el pacto por México”. Sin embargo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California no tipifica las entrevistas a medios de comunicación como un delito electoral, es decir, no se prohíbe de acuerdo a su artículo 286, que reza que solo deberá de suspenderse “la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental” en tiempos de campaña. El mismo martes este reportero se comunicó a la oficina del subsecretario de Protección al Ambiente, el biólogo Rufino Radilla Camacho atendió la llamada, pero concluyó con la misma excusa, acaso admitiendo no saber cuántos vehículos han visitado los centros de verificación, tampoco si las 16 concesionarias funcionan actualmente. —Platicar con los medios de comunicación en tiempos de campaña no es delito, aclara el reportero. “Yo entiendo esa situación, en lo particular para nosotros ahorita, como es un tema que se ha politizado, la verdad es que estamos en una situación medio delicada y, la verdad, no es tiempo, después de esto pudiéramos platicar”. — ¿Nadie en la secretaría me podría hablar de eso? “Lo que pasa es que si te comunicas con otra persona es que la instrucción es la misma, y no podemos por lo pronto acercarnos al tema, pero con mucho gusto pasando el periodo, con mucho gusto podemos platicar”. —No se está protegiendo el gobierno del estado del peso político que podrían traer decisiones con estos Verificentros, que han tenido falta de organización y coordinación, se insistió. “Pues ha habido mucha polémica sobre ese tema, pero también por otro lado, pues hay situaciones reales de necesidades que tiene la gente de que se proteja su salud, también yo creo que son cosas que pudiéramos hablar más adelantito”. — ¿Qué gana la Secretaría de Protección al Ambiente, y cómo se está mejorando el ambiente? Se cobra la verificación, pero no tienen ningún peso en cuanto a la revalidación de placas o algún impuesto que se cobre por reprobarlos. “Yo creo que aquí lo que son todas las situaciones de las ganancias, tiene que ver con la conservación de la salud, los temas esos se deben ver desde una situación global, entonces, pero ahorita no podemos platicar del tema más a fondo”. — ¿Se cobra la verificación, pero se repruebe o se apruebe no pasa nada y tampoco se necesita para revalidar placas no? “Si, estás en lo correcto”. —Entonces, ¿la recaudación es para las empresas que tienen las concesiones de los verificentros y nada más? “No sé, la verdad, como te comentaba es una situación que pudiéramos ver, eso y la otra que tiene que ver con calidad del aire, y que tiene que ver con un proceso que no es nada más lo inmediato, si no es un proceso a largo plazo. Entonces la situación de los diagnósticos es como cuando uno va al médico, ¿no?, si el diagnóstico para un automóvil es que la condición no está adecuada para su operación por la cuestión de la contaminación, pues hay situaciones de seguimiento, ¿no?”. — ¿Los 16 centros están operando en este momento? “No tengo esa información”. —Pero ¿cómo se ha mejorado el ambiente desde que iniciaron los centros de verificación? “Te estamos platicando que no podemos dar más información, ¿si me entiendes?”. El costo político de la verificación Para José Carmelo Zavala, director general Centro de Innovación y Gestión Ambiental y consejero presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) región noroeste, el programa de verificación vehicular no se ha vinculado con la revalidación de placas para sortear el costo político de otro impuesto en plenas campañas electorales. “Finanzas ya no puede implementar eso ahorita, hasta después de las elecciones para no pagar el costo político. El congreso dice que paguen los 260 pesos de la verificación y aunque no pasen”. Me parece que es una manera muy cruda, de decir que la recaudación no tiene  nada que ver con la calidad del aire, porque entonces no importa, que no pases. Vamos, haría otra lectura más, nomás con que salven el negocio los vereficentros, no le hace que la calidad del aire sea mala”, explica. Refiere que el Gobierno del Estado cometió un error al centrar su política ambiental en este programa, toda vez que existen programas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que intentan promover políticas públicas en el tópico. “Lo que se nos mezcló es que los ProAires, que son los programas para la mejora de calidad del aire que intentan ser columna vertebral de concertación de políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, de inversión, etcétera, esos programas de calidad del aire son los que son articuladores de las políticas de combustibles, de vegetación, etcétera, y el gobierno estatal, equivocadamente creo yo, se centró en la verificación vehicular como si fuera la columna vertebral de la mejora de la calidad del aire”. Argumenta además que para que el programa de la SPA rinda sus primeros resultados, es necesaria la verificación del transporte público, que representa un 20 por ciento del parque vehicular y el 80 en contaminación del aire. “Si el transporte público no se mete a la verificación vehicular, el programa no impacta nada a la calidad del aire”, acota. A la anterior propuesta, suma la participación de las flotillas pertenecientes a empresas en el estado y a agencias de autos para venderlos con la verificación aprobada. También empezar con los vehículos más nuevos para que los propietarios de modelos más añejos se vayan preparando. Manuel Aguilar Bojórquez, secretario de Planeación y Finanzas del estado, refiere que las prórrogas del Programa de Verificación Vehicular Ambiental no se deben a cuestiones de carácter político-electoral, dice que se trata de “justicia para el ciudadano”. “El año pasado cuando se da a conocer el decreto de Protección al Ambiente de la aplicación de los vereficentros ya iniciado el ejercicio, entonces se amplió el plazo para que se aplicara a partir del 2013, sin embargo cuando se pública el calendario ya las personas de enero y febrero habían vencido el plazo para poderlo llevar a cabo, entonces no puede haber una obligación cuando ya hay personas que fueron afectadas o que ya se les cumplió su plazo”. — ¿No tienen nada que ver los procesos electorales? “No, la verdad, que el proceso de socialización que se hizo en el 2012 fue insuficiente, tenían que estar operando los 16 vereficentros, estaban operando 8, había compromiso de que antes de que terminara el año se establecieran los otros 4 y no se cumplieron, entonces había demasiadas filas o demasiada demanda de la ciudadanía solicitando la verificación y no había las instalaciones suficientes”. Sin resultados En ediciones anteriores de este semanario (1977 y 1998) se ha dado cuenta de, primero, la entrega de concesiones para el manejo de los Centros de Verificación Vehicular a personajes de la clase política local y nacional; segundo, la falta de equipo y organización  para llevar a cabo la operación que según dicen las autoridades, su único fin es reducir los gases contaminantes en Baja California. En teoría, los Centros de Verificación Vehicular se concibieron en la entidad como un programa destinado a contrarrestar la polución del estado, lo cual formaría parte de una política ambiental coordinada por la Secretaría de Protección al Ambiente. A más de un año de haber iniciado la primera etapa de socialización, no se sabe qué beneficios han traído estas revisiones, por ejemplo, a dos de los municipios más contaminados del país, o si las 16 concesionarias operan con regularidad. En primer lugar por la cerrazón de las autoridades y en segundo, porque la inspección de contaminantes en los automóviles  es requisito para circular, pero no se aplica por la actualización de prórrogas. El arranque se acompañó con datos proporcionados por la Secretaría de Protección al Ambiente: Tijuana y Mexicali en los primeros lugares a nivel nacional en emisión de monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (NO2). El primer municipio con 76 toneladas de CO y 22 mil emisiones de NO2 anualmente y la capital con 78 toneladas y 25 mil emisiones, respectivamente. Según información proporcionada por la Asociación de Verificentros de Baja California, han sido revisados 190 mil autos en Baja California, es decir, el 15 por ciento de un padrón de un millón 200 mil. José Luis Rodríguez, presidente de la Asociación de Verificentros de Baja California fue contactado vía correo electrónico. Respondió que las empresas concesionarias hacen “un gran esfuerzo para mantener la operación y cumplir con los lineamientos de la concesión”. Explica que se prevé que al momento en que se aplique el programa, “Prevemos que la mejora será en un 25 por ciento el primer año y con un crecimiento proporcional en los siguientes años”.        

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