Los 8 de Sinaloa

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Noticias del día Viernes, 5 abril, 2013 11:22 PM

En Baja California existen ocho miembros del cártel de Sinaloa que controlan el crimen organizado, pero ninguna Procuraduría los persigue. Ni en la General de la República ni en la General del Estado, hay consignaciones a nombre de los –por ahora– presuntos criminales. La federación encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto y el Procurador Jesús Murillo Karam en materia de seguridad, evaden y abandonan el tema del combate a los delitos de alto impacto, mientras las fuerzas del orden locales temen actuar sin apoyo de la federación en medio de una coordinación fingida. Descoordinación que sirve en bandeja de plata el estado de Baja California a los criminales, a grado que se suscita un cónclave delictivo donde Ismael “El Mayo” Zambada pretende tomar las riendas y decidir el destino de la actividad ilícita en la entidad. El reporte fidedigno, corroborado por las áreas de inteligencia de las corporaciones integradas al Consejo de Seguridad del estado norteño, indica que durante el primer trimestre del año 2013, la única noticia de intento por controlar a los delincuentes la dio otro criminal desde Sinaloa. Su jefe y proveedor de droga, Ismael “El Mayo” Zambada, quien en mancuerna criminal con Joaquín “El Chapo” Guzmán, controlan el cártel de Sinaloa, mandó a llamar a los cabecillas de células de narcotraficantes que operan en territorio bajacaliforniano, los citó en el estado vecino. Aunque no todos tienen el mismo nivel dentro del organigrama delictivo, acudieron los ocho: De Tijuana y Tecate, Alfonso Arzate García “El Aquiles”, René Arzate García “La Rana” y un tercer hombre que sería hermano de éstos, recientemente identificado por la autoridad. También José Antonio Soto Gastélum “El Tigre” y Francisco Javier Mendoza Uriarte “El Chapito” Como encargados delictivos de Mexicali citaron a Luis Fernando Castro Villa y/o Cenobio Flores Pacho “El Checo”, y a Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”; y de Ensenada y Rosarito, a “El Primo” y/o “El Pariente” que conforme a datos oficiales es un hombre emparentado con Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”. La razón de la reunión fueron los múltiples conflictos internos traducidos en homicidios entre grupos de la misma célula, que están despertando el interés y los operativos de las policías locales que están resultando en capturas y decomisos. En el argot criminal, “están calentando la plaza”.   Las ejecuciones entre “narcomenudistas” Del 1 de enero al 3 de abril de 2013 se cometieron 135 asesinatos, la mayoría relacionados con pleitos de narcomenudeo. Cifra que es mayor al registro de homicidios en el primer trimestre de 2012. En ese contexto, presumen las autoridades, se originó el cónclave criminal donde Ismael Zambada les habría ordenado acabar con los homicidios, instrucción que evidentemente no ha sido atendida porque las ejecuciones continúan. Tan solo entre del 21 de marzo al 3 de abril se sumaron otros 20 asesinatos ocurridos entre Tijuana y Rosarito, con todo y balaceras, cuerpos encobijados, torturados, incinerados y semienterrados, los últimos cinco cadáveres fueron localizados en Tijuana los primeros tres días del presente mes. Tres han sido las razones identificadas por las fuerzas del orden bajacalifornianas para este enfrentamiento: 1.- La droga que está llegando a Baja California no solo procede del cártel de Sinaloa, están comprando directamente droga a cárteles en América del sur y hay un grupo  de Guadalajara que también los está proveyendo. 2.- Los matones enfrentados son segundos a bordo, “El Atlante” y Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas” –en el caso de este último también salió de Baja California dejando a cargo a su cuñado–, estos hombres con sus grupos de sicarios se han empoderado, no fueron requeridos en la reunión y no están respondiendo a las instrucciones de sus superiores criminales, porque actualmente no existe en la entidad nadie por encima de ellos.   3.- Ninguno de “Los Ocho de Sinaloa” están en territorio de Baja California. Controlan el trasiego y la venta local a través de terceros, básicamente a través de sus hermanos desconocidos ante la opinión pública como los Arzate y  “El Macho Prieto” y “El Chapito” Uriarte, o sus primos como los familiares de Guajardo Hernández “El Güicho”. La mayoría salió del estado cuando su imagen y nombres se hicieron públicos, sin embargo ninguno tenía o tiene orden de aprehensión. Corresponde en ese escenario, a la autoridad federal a partir de la Procuraduría General de la República, la investigación, persecución y detención de los criminales que aun allende las fronteras de Baja California, delinquen en esta región de México. De hecho solo se han realizado operativos para capturar a dos de ellos. A Cenobio Flores Pacho y José Antonio Soto Gastélum, quienes apoyados en la corrupción y colusión de algunos miembros del ejército y la policía ministerial, municipal y estatal cachanilla, habían convertido a Mexicali en su zona de confort. “El Checo” con casa de seguridad en el fraccionamiento Vista Hermosa y “El Tigre” con casa de seguridad en el fraccionamiento San Pedro. Compartiendo vecindad, el primero con familias viejas adineradas y el segundo con los descendientes jóvenes de estas estirpes. Y al final fue la corrupción y el vivir en medio de personas poderosas lo que les facilitó la huida. Autoridades solicitaron ingresar a las zonas conforme a protocolo, se tramitaron los accesos, les fueron concedidos y los criminales recibieron el “pitazo” que les permitió huir –por las bardas traseras– minutos antes que las policías arribaran. Los policías vieron a los hijos, hablaron con las esposas, pero de los criminales nada. Todavía más, la información de la Plataforma México indica que fue un engaño, la orden de aprehensión que la Procuraduría General de Justicia del Estado encabezada por el licenciando Rommel Moreno anunció tener –la primera semana de marzo de 2013– en contra de Alfonso Arzate, consignada ante el juzgado 7º Penal por los asesinatos de Gilberto Vargas González, José Rosario Carrillo Núñez y Baltasar Meza, cometido el 1 de abril de 2011 con arma de fuego. Oficialmente no aparece, como tampoco existe la petición de una segunda orden de aprehensión contra Luis Mendoza “El Güero Chompas”, identificado públicamente como el responsable principal de los homicidios ocurrido en Tijuana durante lo que va del 2013,  quien de acuerdo a información anticipada proporcionada extraoficialmente desde el Tribunal de Justicia, será amparado por los juzgadores locales quienes negarán a la PGJE  la apelación que presentó porque una secretaria de acuerdos liberó a Mendoza el 3 de septiembre de 2013 por “falta de elementos”. “Sabemos que son responsables que han sido mencionados en múltiples declaraciones y expedientes en poder de las procuradurías, incluso se han dado detalles de sus organigramas criminales. Pero en este momento podríamos tenerlos enfrente y debemos dejarlos ir, porque no hay ninguna orden en su contra” reiteran elementos de las fuerzas operativas. Actualmente, “Los ocho de Sinaloa”, se mueven en diferentes estados principalmente Sinaloa, Sonora y Guadalajara: “Lo más cerca que llegan algunos es a San Luis Río Colorado”. Los traslados de estos criminales están monitoreados, pero no existe ni confianza ni coordinación con los gobiernos de otros estados, ni con el gobierno federal, responsable de perseguir a estos narcotraficantes, para compartir información y que puedan ser capturados en otras entidades federativas. Para recuperar un mínimo de paz y control, las autoridades locales integradas la Consejo Estatal de Seguridad consideran claves tres capturas. 1.-José Antonio Soto, por considerarlo el líder principal en las operaciones de trasiego y lavado de dinero. 2.- Alfonso Arzate “El Aquiles” por la droga que trasiega en Tijuana, así como por la cantidad de grupos que le sirven en el mencionado municipio. 3.- Y Luis Mendoza “El Güero Chompas”, quien recientemente solicitó un amparo a la justicia federal para evitar ser detenido y quien sigue siendo considerado el autor material e intelectual de la mayoría de las ejecuciones a narcomenudistas ocurridas este año. Este último cabecilla de un grupo que estiman integra a por lo menos 40 miembros dispuestos y con la instrucción de asesinar a los vendedores de droga al menudeo que les queden a deber o permitan que las policías les decomisen los enervantes. “Los traficantes menores locales recibieron la advertencia, droga entregada se paga, con dinero o con la vida”, explicó un policía, “…algunos de los detenidos nos han dicho que  les dieron la orden de defender la mercancía a balazos, y que por eso hemos asegurado armas incluso en las tienditas”.   El abandono de la federación Sin embargo, a pesar de los delitos federales cometidos por cada uno de estos sujetos mencionados, ni la PGR ni el gobernó federal, sea en las reuniones nacionales o por zona, han manifestado intenciones de ejecutar, participar o por lo menos cooperar en sus capturas. Nada parecido a aquel trabajo conjunto que sí se dio –por ejemplo– en septiembre de 2011 cuando la labor de inteligencia de Baja California permitió a la Procuraduría General de la República recapturar en Zapopan a quien fuera cabecilla del crimen organizado local Héctor Guajardo “El Güicho”. Pero hoy no existe interés ni en la federación ni en los otros estados para solicitar información, cooperación o compartir datos. El gobierno federal simplemente abandonó a los estados, pero solo los bajacalifornianos perdieron, porque Baja California era la única entidad medianamente blindada, donde los tres órdenes de gobierno estaban trabajando, compartiendo información –no toda– y apoyándose mutuamente, por lo menos reforzando los operativos con elementos. Resultó que a los militares se les incrementó el sueldo y los presupuestos sólo para que ahora se queden en los cuarteles. En cuanto a la estrategia federal de seguridad, a cinco meses de iniciado el gobierno, se sabe prácticamente nada, los funcionarios estatales y municipales han recibido la misma información que la prensa: el reporte tardío, casi obligado e injustificado de que se retiraron varios retenes en las carreteras de todo el país;  y la presentación de un Plan Nacional de Seguridad que solo se diferenció del previo del ex presidente Felipe Calderón por el anunció de que se creará –no se sabe cuándo– una  Gendarmería y se dividirá el país en cinco zonas para regionalizar acciones. Baja California está integrada en el grupo que incluye Sinaloa, Baja california Sur, Chihuahua, Sonora y de requerirlo, en la reuniones pueden invitar a otro estado como ha sucedió con Durango, ya tuvieron el primer acercamiento donde no han ido más allá de simples informes de lo que cada quien está haciendo. La federación ha evitado tratar cualquier tema relacionado con delincuencia organizada o crímenes de alto impacto, no ha pedido ni trabajo, coordinación o información a los estados, ni ha explicado cómo los va a combatir. De hecho se ha limitado a anunciar dos líneas de acción: Uno. La inversión en materia de Previsión y Participación Ciudadana, que en Baja California fue menor a la de año pasado donde los resultados en el estado le permitieron recibir fondos adicionales. Este 2013 serán: 58 millones de pesos para generar programas de atención en 60 colonias de Tijuana: y 40 millones de pesos para trabajar en 47 colonias. Y dos. Convertir a las policías federales en policías de cercanía, para apoyar a los estados solo en el combate de los delitos comunes. Pero no han dejado claro de qué manera van a participar ellos en el combate al narcotráfico y narcomenudeo, tampoco han mostrado voluntad. En Baja California ya se tuvieron dos ejemplos de las deficiencias de este nuevo modelo de “coordinación”.  Primero,  los militares y su armamento están siendo utilizados para apoyar operativos de combate al robo en recicladoras y casas de empeño en lugar de combatir los delitos de alto impacto. Y después, en el tema del retiro de retenes reclamado por  las entidades de gobierno y grupos empresariales, simplemente han optado por respuestas  vagas y evasivas. El Gobernador solicitó la reinstalación de estos puestos de control desde enero de 2013, se lo pidió al presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, al Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda y le contestación hace más de dos meses fue que lo revisarían, y titular del ejecutivo local, Osuna Millán sigue esperando. La semana pasada, el Secretario Daniel de la Rosa también pidió el regreso de los controles militares carreteros en la reunión de seguridad al General Gilberto Hernández, y le respondieron que no era una decisión local, pero que presentaran la petición por escrito y la enviarían a México. Finalmente, el gobierno de Peña Nieto no solo descobijó a la sociedad bajacaliforniana retirando retenes, instruyendo a sus generales para que no aceptaran funcionar como mandos únicos, a no coparticipar activamente en el combate al crimen organizado y limitarse a los apoyos en tareas de combate a delitos del orden común. Además de no cumplir con su obligación de brindar apoyar a las entidades federativas y combatir la inseguridad, también decidió iniciar una estrategia para cooptar a los estados y les notificó que serán citados en este mes de abril a una reunión nacional donde serán informados de la nueva estrategia de comunicación en materia de seguridad, donde ya se adelantó la instrucción será no proporcionar información, como si la sociedad no tuviera derechos a saber que están haciendo sus autoridades y si los programas implementados están siendo efectivos. PGJE lo acusa de homicidio y asociación delictuosa “El As” niega actividad criminal El 25 de marzo de 2013, Marco Antonio Félix Quintero, alias “Vicente Aispuro”, “El As” o “El Peque”, fue liberado en Tabasco tras cumplir una sentencia acortada por delitos contra la salud y fue trasladado a Baja California para responder por dos cargos de asesinato y delitos cometidos contra funcionarios públicos. De acuerdo a los expedientes en poder de la Procuraduría del Estado, el 24 de agosto de 2002, Félix Quintero, en compañía de dos socios criminales, se desempeñaban como sicarios y escoltas de Javier Arellano, uno de los cabecillas del Cártel Arellano Félix. La madrugada de ese domingo, los policías estatales preventivos Enrique Rivas Martínez y Carlos Enrique Martínez Espíndola, visualizaron el convoy que se trasladaba en la Zona Río a exceso de velocidad y les marcaron el alto. Para impedir al captura de “El Tigrillo” decidieron emboscarlos, uno de los carros se detuvo, cuando los agentes se bajaron a intervenirlos, otros delincuentes llegaron en auto y les descargaron ráfagas de arma larga y se dieron tiempo de darles el tiro de gracia. Tres días después, el 27 de agosto de 2002, Félix Quintero y sus cómplices fueron detenidos por la Policía Municipal en el Bulevar Agua Caliente, a la altura del hotel Country Club, en posesión de armas de alto poder y con identificaciones falsas de Policía Federal. Al ser declarados en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “La Palma”, en el Estado de México, reconocieron haber asesinado a los policías y sus ligas criminales con Javier Arellano y otros líderes del CAF. El 3 de septiembre de 2002, el Ministerio  Público Federal ejercitó acción penal en contra de “El As” y Winston Ruiz Saucedo “El Malboro”, José Carlos Moraga Díaz “El 19”, y Miguel Ángel García Sevilla “El Pariente” o “Pequeño” o “Pelón”, detenidos en Tijuana y acusados en la causa penal 105/2002 por el Juez Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Les imputaron “delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud, en las modalidades de transportación con fines de tráfico, extracción del país del narcótico denominado marihuana, y colaboración al fomento para posibilitar el tráfico del estupefaciente denominado marihuana”, además de “ portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, uso indebido de credenciales de uso exclusivo de corporaciones policiales, y usurpación de funciones públicas”. Fueron condenados a 17 años de prisión, y el 2 de octubre de 2004, la Procuraduría  General de la República anunció que el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito confirmó la sentencia que había sido apelada. Sin embargo, obtuvo beneficios de Ley y fue liberado de esos primeros cargos a los 11 años, el 25 de marzo pasado, y la PGJE de Baja California decidió ejercer acción penal por los asesinatos de los policías y por el homicidio del joven deportista Óscar Alejandro Serrano González, cuyo cuerpo sin vida fue localizado la mañana del 25 de julio de 2002 en un lote baldío ubicado sobre la Avenida Saturno de la colonia Planetario. El cadáver estaba encobijado, esposado, con evidencias de haber sido torturado  y estrangulado. Serrano había sido reportado como privado de la libertad  mientras circulaba por la Avenida las Américas nueve horas antes, aproximadamente a las diez de la noche del 24 de julio de 2002. En sus primeras declaraciones, “El As” admitió haber participado en el homicidio del citado muchacho, y manifestó como motivo que “unos días antes, el muchacho había golpeado al 18 -Manuel Chávez Sevilla alias ‘Zeta 18’-, y éste se había quedado resentido y se había propuesto matarlo…”.  Señaló como autor material a “`El 17’, alias ‘Lecio’, ‘La Parca’…”. La misma versión manifestaron en su momento los también sus presuntos cómplices delictivos, Winston Ruiz Saucedo, Miguel Ángel García Sevilla y José Carlos  Moraga Díaz. En los procesos de homicidio que sigue actualmente la Procuraduría bajacaliforniana, Félix Quintero y sus compañeros se negaron a declarar, y decidieron “no ratificar”  lo que habían declarado en 2002. Las narcomantas del “Chapo”   Mientras la “estrategia” del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la delincuencia organizada, es la incomunicación de sus acciones e inacciones, algunos cárteles hacen “oficial” su enemistad con diversos grupos ilícitos a través de mensajes explícitos. Como las supuestas narcomantas que aparecieron el 4 de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas, firmadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde deja clara su guerra contra los cruentos “Zetas” y su alianza con el Cártel del Golfo (CDG): “Damos todo el apoyo al CDG, para limpiar de ‘Zetas’ a Mexico (sic)”, se lee en la manta. En el narcomensaje, Guzmán Loera arremete contra Miguel Ángel Treviño alias “Z-40”, líder de “Los Zetas”, pero también contra autoridades federales y locales: “Comandante Wenceslao Gaznarez, ni el de tu alcalde corrupto Benjamín Galvan te serviran (sic)”. Lo cierto es que a “El Chapo” le apetece la frontera de México con Estados Unidos para el trasiego de droga, al grado de que poco a poco se hace de su control. El 13 de junio de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que el Cártel de Sinaloa ya controlaba Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese mismo día, el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas en los Estados Unidos, de plano difundió que “El Chapo” aumentó su influencia sobre lucrativas rutas de contrabando en México, y en la región Oeste de Texas: “Varios indicadores sugieren que el Cártel de Sinaloa puede ganar esta batalla”. Lo cierto es que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se está quedando sin enemigos, mientras paralelamente, el gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tampoco arremete contra el capo sinaloense. Luego de su poderío en los dos últimos sexenios panistas, de Vicente Fox y Felipe Calderón, el transexenal Cártel de Sinaloa se perfila como hegemónico también en la administración peñista. Detenido se fuga por el retrete La explicación resultó más absurda que la supuesta forma de escapar. Hugo González García fue detenido el 30 de marzo por agentes de la Policía Municipal, cargando consigo dos envoltorios, el primero con cristal, y el segundo con heroína. Sin antecedentes de haber sido consignado por narcomenudeo, el sujeto fue trasladado al Ministerio Público. Fue al día siguiente cuando Hugo hizo gala de sus habilidades como escapista. La explicación ofrecida por el Visitador de la PGJE, Joel Dueñas Hurtado, es que al utilizar “el baño colocado en la celda, haciendo uso de la maña y de la fuerza, logró zafar el retrete y quedó un hueco muy pequeño, parece que por ahí logró salir”. Así, en cuestión de minutos, de acuerdo a investigaciones realizadas por la Procuraduría, el sujeto logró desinstalar el objeto, y aprovechando, que ningún agente se encontraba vigilándolo al momento (“posiblemente no estaban en rondín”, aclararían), el presunto narcomenudista se dio a la fuga. De cierta forma, González García logró escapar por un hueco de cuatro pulgadas, y continuó por la tubería -que en su máximo alcanza 12 pulgadas de ancho-, hasta llegar a los drenajes de la ciudad hasta quedar libre de la justicia. Ahora se le busca por “evasión culposa”, mientras la Visitaduría de la PGJE “investiga alguna responsabilidad de uno de los miembros por negligencia”. El representante de la institución afirmó que “éstos son riesgos latentes a los que nos enfrentamos todos los días, en el manejo de reos, estamos en constante peligro que alguien se nos vaya”, y aclaró: “No se aprovechó del descuido de nadie, pero sí de las circunstancias”. Ahora la PGJE acudirá retrete por retrete a “intentar quitarlo, a ver si es factible que cualquiera de nosotros pueda tambalearlo y evitar que la situación se repita”.  A M P A R O Z   Luis Carlos Sáinz   Busca amparo “El Güero Chompas”. José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, miembro del Cártel de Sinaloa y primo de Raydel López Uriarte “El Muletas”, solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión dictada en su contra por un juez de Tijuana. La demanda de garantías fue presentada ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Baja California, y señala como autoridades responsables a todos los jueces de primera instancia penal en la entidad. El hombre, señalado de participar en homicidios en La Presa y Los Pinos, estima que la orden de captura en su contra se dictó el 6 de marzo de 2013, pero sin más información, promovió el amparo para confirmar o descartar el “pitazo” que le dieron. “El Güero Chompas” ha sido detenido dos veces, y en ambas ha obtenido su libertad. Fue apresado en febrero de 2010 por homicidio y, para diciembre del mismo año, absuelto en el Juzgado Sexto Penal. Se le concedió la suspensión condicional de la pena que purgaba por robo de vehículo. Posteriormente fue detenido el 2 de diciembre de 2011, cuando bajo la falsa identidad de Mariano Rodríguez Peña, abordaba un auto robado junto con otros tres sicarios. En diciembre de 2012 ya estaba libre de nuevo. Aunque de manera inicial le fue concedida la suspensión provisional, después le fue negada la suspensión definitiva. El presunto asesino espera el desarrollo de la audiencia constitucional para que se dicte sentencia en el juicio de amparo.   Vuelve a la carga Vera Palestina. Después que causaron sobreseimiento dos amparos promovidos por José Antonio Javier Vera Palestina, asesino material del periodista y codirector de ZETA, Héctor Félix Miranda, el preso en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, interpuso una nueva demanda para obtener su libertad antes de cumplir con la condena de 25 años de prisión que le fue impuesta por el crimen del periodista. Ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, el ex jefe de seguridad de Jorge Hank Rhon, presentó su escrito en el que señala como acto reclamado “negativa al beneficio de libertad”. El juez admitió la demanda y ya solicitó a las autoridades señaladas como responsables los informes correspondientes, entre ellas al director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Pública, en el Estado de Baja California. El 23 de abril próximo fue señalado como fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Durante más de diez años, se han concedido y sobreseído amparos promovidos por Vera Palestina para obtener su libertad preparatoria antes del primero de mayo de 2015, cuando cumpliría con la pena impuesta por su autoría material en el asesinato del “Gato” Félix, el 20 de abril de 1988.   Confirman amparo a “El Ruedas”. Tras meses en “revisión principal”, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito confirmaron el amparo y protección que el Juez Quinto de Distrito de Tijuana otorgó en agosto pasado a Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas”. La protección constitucional deja sin efecto el auto de formal prisión que el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal de Guadalajara, le dictó por exhorto del Juez Octavo de Distrito en Baja California el 9 de marzo de 2012, por su probable responsabilidad en la comisión de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro en agravio de Esteban Varela Contreras. De acuerdo al Juez de Amparo y a los magistrados del tribunal de alzada, el Ministerio Público de la Federación consignó como secuestro agravado la conducta de los plagiarios de Varela, que en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/25/22-M-IV, solo se menciona como una privación de la libertad ocurrida el 30 de diciembre de 2010 en la colonia Lomas del Matamoros. Tanto el juez que concedió el amparo a Juan Francisco Sillas, como los colegiados que confirmaron el fallo protector, refieren que el representante social federal no aborda el estudio de “la delincuencia organizada en secuestro” en ninguno de los considerandos del pliego de consignación, por lo que estiman que el juez que dictó la formal prisión, se excedió al suplir la deficiente actuación de la Fiscalía federal. El amparo pone en predicamentos al Juez Octavo de Distrito en Tijuana, quien debe dejar sin efectos la formal prisión, fundar y motivar purgando los vicios señalados, y entonces dictar una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, que podría ser: dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, y regresar la indagatoria al Ministerio Público de la Federación para que la perfeccione.   Amparan al falso hijo del “Chapo”.- Debido a que ni el juez de origen ni el magistrado del Tribunal Unitario que resolvió la apelación, efectuaron un estudio exhaustivo de los elementos que integran al cuerpo de cada uno de los delitos que se imputaron al joven que la Secretaría de Marina confundió en 2012 con Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Quinto Tribunal Unitario de Guadalajara le concedió un amparo. El magistrado Humberto Castañeda Martínez otorgó amparo y protección de la justicia a Félix Beltrán León (el falso hijo del “Chapo”) y a su medio hermano, Kevin Daniel Beltrán Ríos, porque en la parte medular de la probable responsabilidad de ambos en la comisión de delitos federales, los impartidores de justicia no analizaron con qué pruebas se demuestran, de manera específica, dichas conductas ilícitas. Así queda sin efectos el auto de formal prisión contra los hermanos Beltrán por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos para armas de fuego de uso reservado a las fuerzas armadas, y posesión de granadas también de uso exclusivo. En una nueva resolución, el Tribunal Unitario deberá fundar y motivar su análisis de los presupuestos, con base a los cuales se emite el término constitucional motivo del recurso. El amparo dejó la puerta abierta para que de nuevo se dicte un auto de formal prisión a los procesados.

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